El IRPF es el impuesto estrella de Hacienda por delante del IVA. Según los últimos PGE del Gobierno, las arcas públicas ingresarán este año más que nunca por esta figura: 100.132 millones de euros, en concreto. Eso sí, si antes de la invasión de Ucrania ya era dudoso el éxito recaudador que prometía el Gobierno con los diferentes tributos, ahora, con la guerra causando estragos en todas las economías del mundo, los números del Ejecutivo de Pedro Sánchez se han vuelto, a todas luces, imposibles de cumplir.
Pero para el "Comité de personas expertas" elegido por María Jesús Montero, que el Estado pueda romper este año la onerosa barrera de los 100.000 millones de recaudación por IRPF no es suficiente.
El objetivo de este grupo de profesores y catedráticos es indicar a Hacienda los impuestos que deberá subir para llevar a cabo la reforma fiscal con la que el Gobierno seguirá asfixiando a los contribuyentes españoles en los próximos años. La excusa es la de "acercar la variable ingresos públicos/PIB de España a la media de la UE", y así se lo ha prometido Sánchez a Bruselas. Casualmente, muchas de estas subidas ya las promulgaban los miembros del Gobierno antes de la creación del grupo de expertos.
Estaba previsto que Hacienda empezara a aplicar las primeras subidas fiscales en 2023, aunque no se descartaba ningún susto a los contribuyentes en 2022. En la presentación del "Libro Blanco" María Jesús Montero descartó que el Gobierno contemple "hacer de inmediato ninguna subida fiscal" ante el incierto panorama económico en el que encuentra España, que no ha sido capaz de recuperarse tras la pandemia y en plena invasión de Rusia a Ucrania. No dio fechas sobre cuándo piensa arrancar su reforma tributaria, pero todo apunta a 2023.
Fulminar exenciones o reducciones en el IRPF
A principios de este mes, estos economistas entregaron a la ministra de Hacienda el "Libro Blanco", un documento de casi 800 páginas en el que defienden subir el IVA, los carburantes, la armonización de los impuestos autonómicos y también incluyeron eliminar exenciones o reducciones en el IRPF. Es decir, subir este impuesto.
"El IRPF es el eje central de la imposición en España. Recauda fundamentalmente de las rentas salariales medias y medias-altas, las situadas entre los 20.000 y los 60.000 euros" recuerda el documento. "El actual es un buen momento para plantear una revisión del IRPF. Para ello, el primer objetivo debería ser el ensanchamiento de la base imponible del IRPF, suprimiendo aquellas exenciones, reducciones, deducciones o regímenes especiales cuyo mantenimiento no esté justificado" añadían. Los beneficios fiscales que quieren eliminar son los siguientes:
Arrendamiento de vivienda
En el IRPF, el Estado favorece fiscalmente el arrendamiento a través de una reducción al arrendador del 60% del rendimiento neto positivo derivado del alquiler de su vivienda. Sin embargo, como ya publicó Libre Mercado, el Gobierno ha escondido en la Ley de Vivienda una subida del IRPF a todos los propietarios que alquilen, ya que ha disminuido esa reducción al 50%.
Pero los "expertos" de Hacienda creen que los dueños de los pisos no deberían reducirse nada en el IRPF por alquilar. "No parecen existir razones sólidas para el mantenimiento de la reducción estatal por arrendamiento de vivienda. Por lo tanto, el Comité recomienda que se valore la posibilidad de eliminar o rebajar sustancialmente la reducción estatal de los rendimientos netos del arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda" señalan los "expertos" de Montero. De acuerdo con la Memoria de beneficios fiscales de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, el importe estimado de este beneficio fiscal asciende a 1.478,2 millones de euros que los expertos quieren devolver a Hacienda.
Tributación conjunta
La supresión de la tributación conjunta del IRPF en España ya levantó una gran polémica a mediados del año pasado, después de que el Gobierno se la prometiera a Bruselas, luego lo calificara de "errata" y después lo volviera a prometer con otras palabras.
Ahora, los expertos de Montero abogan por su desaparición. "En opinión del Comité, estas finalidades de la reducción son extrañas a un impuesto individual, como pretende serlo el IRPF y, por tal motivo, es partidario de estudiar la posible sustitución de la reducción por tributación conjunta por un mínimo (o la modulación de los existentes) que permita adecuar el impuesto a las circunstancias personales y familiares de estas unidades familiares" reza el texto. Según los cálculos de la Airef, su eliminación supondría un hachazo en el IRPF de 2.293 millones de euros que perjudicaría, sobre todo a las familias en las que sólo un miembro trabaja o en las que hay mucha diferencia de salarios, que son las que se acogen a la tributación conjunta.
Más subidas
En el ámbito del IRPF, los "expertos" de Hacienda amenazan al bolsillo de los jubilados y piden "condicionar la exención de las ganancias patrimoniales obtenidas por transmisión de vivienda habitual por personas mayores de 65 años a un determinado nivel de renta y patrimonio del contribuyente".
También defienden suprimir el "tratamiento privilegiado de la exención total de las dietas y asignaciones para gastos de viajes" de los políticos. "Su tratamiento debería equipararse al régimen general de dietas", señalan. Además, hay algunas reducciones que instan a "transformar" o "evaluar":
- "Transformar" parte de la reducción por rendimientos del trabajo en una "deducción reembolsable en la cuota, similar al Earned Income Tax Credit (EITC) aplicado, entre otros países, en los Estados Unidos". Los EITC financian a los hogares de menores ingresos sin que ello desincentive su participación en el mercado laboral porque a mayores ingresos laborales mayor es el importe del crédito fiscal, de tal manera que los hogares tienen incentivos a trabajar más y no menos.
- Proponen al Gobierno "evaluar" la "justificación" de las exenciones en la indemnización por despido, en la relativa a la cobertura del riesgo de interés en préstamos hipotecarios, en la enajenación de la vivienda habitual, cuando el importe obtenido se utiliza para la adquisición de una nueva vivienda habitual o en la exención de los rendimientos de los Planes de Ahorro a Largo Plazo.