El Gobierno sigue empeñado en que cunda la ensoñación de que todo en España estaba bien hasta que Putin invadió Ucrania y que la inflación del 7,6% correspondiente a febrero era un problema sin importancia. También parece que olvidó aquellos meses de septiembre y octubre cuando la energía se disparaba, merced a la tensión alcista de los precios del gas por los cuellos de botella en las cadenas de suministro de esta materia prima.
Según Moncloa, toda la culpa de lo que ocurre es de la guerra. Y como tal, lo que hace un mes era una recuperación robusta y vigorosa que se traducía en fuertes reproches a la oposición cada vez que ponía en duda la recuperación, ahora es una terrible crisis económica derivada del conflicto. Distinguidos miembros del Gobierno nos lo han recordado esta misma semana, desde Yolanda Díaz a Nadia Calviño, pasando por la responsable de Transición Energética, Teresa Ribera.
Sea como fuere, lo que no se puede ocultar es que cada día resulta más difícil pagar los recibos de la luz o del gas. Tenemos a Borrell pidiéndonos en Europa que no pongamos la calefacción –como si calentarse fuera un capricho de snobs- para fastidiar a Putin, mientras los transportistas –ahogados por los precios del gasoil- se meten en una huelga indefinida. La industria amenaza con parar por incurrir en pérdidas sólo con darle al botón de encendido de sus cadenas de producción. Y eso en España, donde, además, ha subido el salario mínimo interprofesional y los impuestos.
"Desacoplar los precios del gas"
Pero ante esta situación el Gobierno parece haber encontrado el as en la manga que andaba buscando para ofrecer algún tipo de solución. A las estrambóticas propuestas de cambiar el coche por la bicicleta para evitar el alza de los precios de los carburantes, el Gobierno está decidido a añadir la intervención de los precios del gas o de la electricidad para que en abril paguemos algo menos por nuestra factura de la luz.
Pedro Sánchez, Nadia Calviño y Teresa Ribera llevan varios días hablando de "la apuesta española" en la UE para "desacoplar" los precios del gas de la factura eléctrica. Tanto es así que el Gobierno ha anunciado un road show por toda Europa para tratar de aglutinar en torno a "la apuesta española" la postura de otros países, como si fuera necesario su visto bueno. Es una actitud habitual que ya tomaron cuando se les reclamaba bajar el IVA a las mascarillas y se escudaban en que Europa no dejaba hacerlo cuando en realidad sí que dejaba. Lo mismo hicieron cuando a finales del pasado verano comenzaron a subir los precios de la factura de la luz.
¿En qué consiste la propuesta del Gobierno?
El Gobierno repite una y otra vez la misma idea: "Desacoplar el precio del gas de la factura eléctrica". Y punto. Libre Mercado se ha puesto en contacto con los ministerios de Economía y de Transición Ecológica preguntando por el proyecto, la letra pequeña, la memoria económica, o el galimatías técnico y legal propuesto para llevar a cabo ese "desacople", del que habla el ejecutivo, pero de momento no hay nada más.
Desde Transición ecológica nos remiten a este artículo en el que Ribera habla de distintas opciones para lograr ese desacople y que pasan básicamente por topar los precios del gas o de la electricidad.
Diferentes fuentes del sector consultadas por este periódico se llevan las manos a la cabeza: "Necesitamos una propuesta concreta, que sepamos cómo piensa el Gobierno intervenir el mercado", señala una de estas fuentes: "No saben cómo lo van a hacer. Es increíble, están proponiendo una idea, sin ningún tipo de propuesta seria detrás", nos dice otra de estas fuentes.
Básicamente, según cuentan estos especialistas a Libre Mercado las únicas vías para conseguir ese "desacople" serían:
- Poner un precio máximo del gas sin importar su precio real. Es decir, que cuando se acuda a la subasta eléctrica el precio de casación del gas tenga un máximo establecido independientemente del que alcance en el mercado. Esto crearía de manera inmediata un déficit de tarifa, lo que implica que lo que no se pague ahora por el gas habrá que pagarlo más adelante "en cómodos plazos y con intereses". Nos recuerdan que sería algo similar a lo que sucedió cuando se subvencionó el desarrollo de las energías renovables en la época de Zapatero y se acumuló un déficit de tarifa de más de 70.000 millones de euros y que todavía pagamos en las facturas de la luz.
- Topar el precio de la electricidad. Otra opción es topar el precio de la electricidad directamente, lo que generaría también de manera automática un déficit de tarifa. Habría que ver si el Gobierno decide cubrir ese gap de precio entre lo que cuesta generar energía eléctrica y el precio que se paga por ello vía presupuesto (impuestos) o vía déficit de tarifa (sobrecoste en facturas futuras).
- Rediseñar el mercado y volver al marco legal estable. Básicamente consiste en que cada energía oferte sus kilowatios a precio de coste más un margen de beneficio, pero fijado por el Gobierno. "Sería volver al marco legal estable de la época de Franco", nos comentaba uno de los especialistas. Esto supondría volver a intervenir totalmente un mercado liberalizado. "Desliberalizarlo tendría unas consecuencias directas en los actores del mercado que ven rotas sus expectativas legítimas", nos dicen estas fuentes y "es lógico que pidan compensaciones o que lleven al Gobierno a los tribunales con lo que esto supondría".
Impuestos
Lo que parece que no quiere tocar el Ejecutivo son los impuestos. Tan sólo lo hará en una pequeña parte si hacemos caso a lo que ha dicho este miércoles el ministro de Presidencia Félix Bolaños. Pero lo que no se plantea, en absoluto, es una eliminación temporal de todos los impuestos que afectan al precio de la energía que pagamos industria y consumidores particulares. Y eso que, como recuerda uno de estos especialistas, "cuando el precio de la electricidad se multiplica por 4 la recaudación por IVA e impuestos indirectos también se multiplica por 4" y lo que no tiene sentido es que "el Gobierno recaude cuatro veces más con la factura de la luz y el problema sea que las eléctricas tengan que pagar el precio de una intervención". "Además, conviene recordar que el precio de los derechos de emisión de CO2 se han multiplicado por tres", recordaba otro de estos expertos, quien recordaba que ese dinero también llega a las arcas públicas.
La realidad es que desde que el Gobierno decidió bajar el IVA de la luz del 21% al 10% el 21 de junio de 2021, el precio de la luz se ha triplicado. Aquel día el PVPC antes de impuestos era de 149 euros/mwh y la media de lo que llevamos de marzo está en 448 euros/mwh. Esto quiere decir que el Gobierno como mínimo ha triplicado sus ingresos (recordemos que en este mes el precio mayorista de la luz ha superado algunos días los 700 euros y ha llegado a rozar los 1.000 euros en algunos tramos horarios).
"Beneficios caídos del cielo"
Además, este mismo miércoles la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, apuntaba contra los beneficios de las eléctricas como solución a la subida imparable de precios que vive el sector desde el pasado verano. Según Díaz, "las tres grandes eléctricas este año han incrementado sus beneficios un 47% superan los 10.022 millones de euros". Se le olvidó decir "antes de impuestos", ya que las eléctricas ingresan en las arcas públicas más del 60% del valor generado por la compañía.
Valga de ejemplo los datos de Endesa en 2020 que ingresó en Hacienda el 64% del valor generado por la compañía ese año. En total, soportó 1.410 millones de euros en impuestos propios y recaudó para Hacienda 2.074 millones. Iberdrola fue algo similar, unos 3.380 millones de euros, lo que suponía un 43% de sus ingresos de 2020.
Y decir que los beneficios de las eléctricas son "caídos del cielo" sólo habla de lo ajeno que le resulta a Yolanda Díaz el trabajo de una gran compañía en el sector privado. Porque los importes que las arcas públicas ingresan de manera coercitiva de empresas privadas (como las eléctricas) sí que son caídos del cielo.
Es más, recientemente la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que antes presidía Escrivá), ha cifrado en 9.510 millones de euros el extra de recaudación que está consiguiendo el Gobierno en IVA, IRPF e hidrocarburos gracias a al inflación.
¿Eliminar impuestos?
De momento, el Ejecutivo habla de medidas fiscales (rebajas de impuestos) para tratar de abaratar la factura que pagan los consumidores y las empresas, pero no ha concretado cómo sería esa rebaja impositiva.
¿Eliminar todos los impuestos? En absoluto, nadie se ha planteado esta opción en el Ejecutivo. Si se pusiera en marcha esta medida el problema se paliaría de la noche a la mañana, ya que consumidores y usuarios comenzarían a pagar prácticamente la mitad de lo que están pagando por sus consumos de gas, electricidad o carburantes.
En última instancia, esta medida también terminarían pagándola los contribuyentes ya que la merma en la recaudación no se traduciría en el deseable recorte del gasto público, sino en la emisión de nueva deuda pública que no es otra cosa que impuestos futuros. En definitiva, se apruebe la medida que se apruebe, terminará pagándola el de siempre: el sufrido consumidor y contribuyente.