El clima regulatorio en el que se mueve el sector inmobiliario en España sigue marcado por una total falta de respeto hacia la propiedad privada. Hay, eso sí, grandes diferencias autonómicas y, mientras que territorios como Madrid apuestan por políticas de oferta, regiones como Cataluña insisten en regular precios y tolerar la okupación.
Uno de los entornos regulatorios más intervencionistas en todo lo referido a la vivienda es el de Baleares. El gobierno de las islas ha llegado al extremo de expropiar decenas de inmuebles "para sacar pisos del mercado libre especulativo". También se han tomado medidas contra los pisos de alquiler turístico, pese a lo cual los precios de los arriendos han seguido creciendo, puesto que el problema de fondo sigue siendo la falta de oferta.
Pues bien, esta semana hemos conocido que el parlamento balear ha aprobado una moción presentada por el grupo de legisladores de MÉS per Menorca mediante la cual se insta al gobierno de Francina Armengol a "limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros en las islas". Durante el próximo año, un grupo de trabajo estudiará la normativa existente y elevará propuestas concretas de reforma al gobierno autonómico.
Los datos de finales de 2021 acreditan que la compra de vivienda supone el 39% del total de transacciones realizadas en las islas. Como es lógico, este porcentaje es más elevado que en las comunidades menos turísticas, pero no supone una ratio aberrante, puesto que también se registran porcentajes muy similares en otras demarcaciones de la geografía española, caso de Alicante o de Málaga.
De igual modo, se ha anunciado que se creará un "índice propio de referencia de precios de vivienda en alquiler", así como un "registro de viviendas desocupadas de grandes tenedores". En este sentido, parecería que la cámara autonómica quiere avanzar por el mismo camino que Cataluña, donde las restricciones en vigor llegaron precedidas de este tipo de desarrollos.