Aun cuando es cierto que el Gobierno ha tardado muchísimo en reaccionar ante la crisis energética y el descomunal incremento de la inflación, lo peor del arteramente llamado Plan de Choque de Respuesta a la Guerra no es que llegue tarde, sino que resulte contraproducente para los objetivos que dice perseguir. Para empezar, es una tomadura de pelo tratar de culpar a la guerra en Ucrania de la inflación y del incremento del precio de la energía, que ya se habían disparado mucho antes de la invasión rusa. Los precios de la energía ya se habían salido de madre hace más de un año, y la inflación interanual antes del inicio de la invasión había alcanzado el 7,6%.
En cuanto a las medidas adoptadas, ya se ha criticado aquí que el Ejecutivo no haya planteado una reducción fiscal –especialmente en los carburantes– ni una reducción del gasto político, sino que se dedique a subvencionar a cargo de los contribuyentes, presentes y futuros, a los sectores afectados con un conjunto de dádivas que tendrán un coste de 6.000 millones de euros en el próximo trimestre, y que no harán sino engrosar nuestro abultado endeudamiento, que ya supera el 100% del PIB, en un momento en que el Banco Central Europeo ha anunciado que reducirá drásticamente la compra de deuda pública, precisamente para combatir la inflación.
Si desde el punto de vista fiscal y presupuestario el plan de choque social-comunista no va a hacer otra cosa que cebar la inflación que dice combatir, no menos nocivo es el bochornoso paquete de medidas regulatorias que contempla, por ejemplo, la prohibición del despido por causas objetivas relacionadas con las consecuencias económicas de la guerra, la prohibición de incrementar los arrendamientos de los inmuebles por encima del 2% o la limitación por decreto del precio de la electricidad, medida esta última que todavía no se ha concretado.
A este respecto, no le falta razón al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, al denunciar la incompatibilidad de este intervencionismo con la economía de mercado. Y, ciertamente, este atentado a la seguridad jurídica, a la libertad empresarial, al derecho de propiedad y a la libertad contractual es más propio de un régimen chavista que de una democracia liberal.
La ampliación de los ERTE, que no deja de ser una forma de socializar –es decir, de endosar al contribuyente– las pérdidas que puede ocasionar la guerra a determinadas empresas, podrá ser un alivio para estas, pero en modo alguno una alternativa válida a los despidos que los empresarios deben ejecutar –"no por gusto", como ha señalado Garamendi– para sobrevivir.
En cuanto a la limitación del incremento de los alquileres al 2%, después de que 2021 se haya cerrado con un incremento del IPC del 6,5%, constituye una medida populista de más que dudosa constitucionalidad que, además, no resuelve el problema de la crisis sino que solo tapa demagógica y temporalmente sus efectos.
Otro tanto se podría decir de la limitación del precio de la electricidad, no por un incremento de su producción, por una mayor liberalización y competitividad de los mercados o por una reducción de los impuestos que brutalmente gravan sus precios. Se trata, por el contrario, de una medida demagógica y coactiva que endosa al contribuyente una pasajera e insostenible reducción de la factura de la luz pero que en modo alguno ataja las causas de dicho encarecimiento.
Si Sánchez no puede prohibir la guerra en Ucrania, tampoco puede prohibir la escasez energética, la inflación o la necesidad de despidos por causas objetivas que, muy a su pesar, tienen no pocas de empresas. Lo que es evidente es que el Gobierno social-comunista no baraja una sola medida de austeridad y reducción del gasto público improductivo y despilfarrador. Y es que, bajo el socialismo, con independencia de que haya o no guerra, es siempre la sociedad civil, nunca el Estado o la clase política, la que se tiene que apretar el cinturón.