El combustible es uno de los productos más gravados de España junto con el tabaco. Tan desorbitado es el peso del Estado en la factura de los carburantes, que casi el 50% del precio que acaba pagando el consumidor al repostar corresponde a impuestos. Ante este despropósito, la voracidad de Hacienda con los conductores es incuestionable. Ahora bien, teniendo en cuenta que nunca en la historia el diésel y la gasolina habían alcanzado niveles tan prohibitivos como los actuales -con precios por encima de los dos euros el litro-, se hace imposible distinguir esta feroz exacción del mayor de los atracos.
Sin vergüenza, el Gobierno se ha negado en redondo a aplicar algún tipo de alivio fiscal a los combustibles. Cualquiera de los intentos de hacer creer a los ciudadanos que bajar los impuestos estaba dentro de los planes de Sánchez no era más que una farsa. Y es que a la izquierda le repele bajar impuestos, no solo porque pierde dinero, sino porque pierde poder.
Sin embargo, la vía escogida por el Ejecutivo para abaratar los precios de la gasolina y el diésel ha sido la de la subvención, una práctica con la que los social-comunistas están plenamente familiarizados. Así, hace justo una semana, entraba en vigor la bonificación de 20 céntimos a las gasolinas, que está financiada en 15 céntimos por el Gobierno y, forzosamente, en un mínimo de 5 céntimos por las petroleras. Otra prueba más de que cualquier excusa es buena para que estos eternos confiscadores disparen a la riqueza empresarial sean cual sean sus medidas.
La subvención a los carburantes estará en vigor los tres próximos meses y el Ejecutivo ha cuantificado su coste para las arcas públicas en 1.423 millones de euros. Esto significa que, cada mes, el Estado gastará 474 millones de euros en sufragar una parte de la factura a los conductores. Para las calamitosas cuentas públicas, podría parecer que esta cantidad no es nada desdeñable, aunque lo cierto es que está muy por debajo del dinero que se embolsa Hacienda cada mes con los impuestos a la gasolina: más del doble.
Con esta vil trampa, el Gobierno pagará holgadamente la subvención a los combustibles con el propio dinero de los conductores, mientras de cara a la galería aparenta socorrerlos. Y todavía le sobrará recaudación para saciar su sed despilfarradora con cualquier otra cacicada. Es un negocio redondo para la propaganda sanchista, que hace pasar al Estado por un generoso rescatador de los más desfavorecidos, cuando lo que ha hecho es esquilmarles de forma salvaje previamente.
Tampoco hay que olvidar que para hacerse con cualquier ayuda pública se necesita una solicitud expresa por parte del beneficiario, así como agentes intermediarios, que en este caso, han sido las asfixiadas gasolineras. Tal ha sido el despropósito con las estaciones de servicio en los últimos días, que ya han anunciado que piensan llevar a Sánchez a los tribunales por obligarles a adelantar un dinero que no tienen en caja. Así, las subvenciones no solo disparan los costes administrativos y bucrocráticos, sino que le otorgan al Estado el dictatorial poder de la concesión.
El Gobierno podría haber rebajado la fiscalidad a los carburantes inmediatamente, de forma más eficaz y sin necesidad de propagar el caos en las gasolineras, pero eso hubiera supuesto renunciar a unos ingresos de 20.000 millones de euros al año y, lo que es peor, dejar de engordar su descomunal red clientelar.