El Senado de Florida ha aprobado este miércoles retirar a Walt Disney el régimen fiscal especial con el que desde hace décadas controla unas 25.000 acres (más de 10.100 hectáreas) en el condado de Orlando, en el que se encuentra el parque temático y las instalaciones de la compañía.
La propuesta ha salido adelante con 23 votos a favor y 16 en contra después de que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, pidiese al Congreso estatal una ley para desmantelar este estatus especial, entregado en 1967 a Disney y que ha permitido a la empresa ahorrarse cientos de millones de dólares en impuestos.
Este ataque directo al bolsillo de Disney es el último episodio del pulso que mantiene la empresa con el gobernador DeSantis a raíz de que la compañía manifestase públicamente su oposición a la ley conocida como ‘Don’t say gay’ (No digas gay) y que pretende sacar de las aulas de hasta segundo grado los temas sobre orientación sexual y de género.
Disney, el mayor empleador privado de Florida con 60.000 trabajadores en nómina, lleva décadas operando en Florida como un organismo autogobernado con un régimen fiscal diferenciado. Ahora, se pretende eliminar el Reedy Creek Improvement District, un distrito especial entre los condados de Osceola y Orange, en el centro del estado, donde desde 1967 el gigante del entretenimiento prácticamente se autogobierna y dispone incluso de su propia policía y cuerpo de bomberos.
"Creo que lo que ha sucedido es que hay muchos de estos privilegios especiales que no son justificables, pero como Disney tuvo tanta influencia, pudieron recibir un trato especial a lo largo de los años", ha señalado DeSantis.
Disney contra ‘Don’t say gay’
La decisión se ha interpretado como un jaque en el pulso que mantienes los republicanos (concretamente el gobernador DeSantis) y Disney tras las críticas que la empresa sobre la promulgación de la polémica ley conocida como ‘Don't Say Gay’ ("No digas gay"). La norma que prohíbe a los maestros de hasta segundo grado hablar en las aulas de Florida sobre orientación sexual e identidad de género.
En un primer momento, el CEO Bob Chapek aseguró que Disney se mantendría neutral. Sin embargo, las presiones de la izquierda, huelgas de trabajadores incluidas, le obligaron a recular para posicionarse en contra, lo que ha provocado un "ambiente de terror" entre los trabajadores que no comulgan con las posiciones políticas expresadas por la directiva.
Además, poco antes de la promulgación de la ley en marzo, Disney canceló sus generosos donativos políticos en Florida, lo que afecta a los fondos del propio gobernador. También anunció que incrementaría sus donaciones a favor de los grupos que combatan medidas similares en otros estados.
Después de golpear el bolsillo de DeSantis, Disney publicó otro comunicado en el que afirmaba que la ley "nuca debió ser aprobada" y declaró que el objetivo de la empresa es que "sea derogada por la legislatura o anulada en los tribunales". Al mismo tiempo se disculpaban con sus empleados por haber mantenido silencio y optar por hacer campaña en contra de la ley "detrás de las cortinas".
El gobernador DeSantis calificó aquel comunicado de Disney como "deshonesto" y afirmó que Chapek había "cruzado la línea". La respuesta de los republicanos ha ido directa contra los privilegios de Disney. "Si Disney quiere adoptar la agenda woke, parece adecuado que el Condado de Orange los regule", ha afirmado el representante del estado de Florida, Spencer Roach.