El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la Ley de Residuos y Suelos Contaminantes para una Economía Circular, algo que supondrá añadir más presión y esfuerzo fiscal a los españoles con la creación de dos nuevos impuestos. A partir del 1 de enero de 2023, esta normativa provocará que se apliquen dos nuevos tributos que hasta ahora no existían, aunque el segundo de ellos se trata de una sustitución y armonización de varios impuestos que ya estaban vigentes.
El primer impuesto, más conocido y criticado ampliamente por la industria alimentaria, es el que se impondrá sobre los envases no reutilizables de un solo uso. La finalidad es que los fabricantes paguen más por usar envases de un solo uso y que no se puedan reutilizar. Aunque, en la práctica serán los fabricantes los encargados en pagarlo, es más que probable que este coste extra se añada al producto final repercutiendo en un mayor coste para el consumidor.
En cuanto al tipo impositivo será de 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclable. Quedarán exentos del impuesto, siempre que se acredite el destino efectivo, aquellos productos que se destinan a prestar función en contención, protección, manipulación, distribución y presentación de medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales o preparados para lactantes de uso hospitalario, así como los rollos de plástico para ensilados de uso agrícola y ganadero.
Por su parte, desde la plataforma española EsPlásticos recuerdan que el sector emplea a más de 90.000 personas de forma directa y 255.000 indirectas en toda Europa. Asimismo, recuerdan que el impacto de la nueva regulación podría suponer una pérdida de empleo directo superior al 40% hasta a 2030.
En cuanto al segundo impuesto, del que se ha hablado menos, tiene que ver con los depósitos de residuos en vertederos, su incineración y coincineración. Este será un impuesto de carácter estatal que sustituya a todos los que había aprobados en materia de depósito de residuos. Así, es más una armonización, pero hace que haya comunidades autónomas que se vean más afectadas. Hasta ahora, cada autonomía podía fijar el tipo de este impuesto, pero a partir del 1 de enero de 2023 será el mismo tipo en todo el territorio nacional.