Ya está aquí. España deja de ser península para convertirse en "isla energética" con Portugal y merced a la "genialidad" de nuestro Ejecutivo y su vicepresidenta Teresa Ribera. Ribera, que predica el cierre de nucleares y combustibles fósiles para evitar el cambio climático y obligarnos a los españoles a soportar un mix energético caro y sin base de suministro, ha decidido subvencionar la quema de un combustible fósil, el gas natural. Fuentes del sector energético consideran que se trata de un sinsentido obligar a los consumidores a tener que pagar la multa o impuesto por emitir CO2 (derechos de emisión) y al mismo tiempo, tener que subvencionar en el pago de la factura la quema de ese mismo combustible. Costes ambos que se añaden a los peajes de acceso, las redes de distribución y los impuestos indirectos con los que se grava la factura.
Interconexión con Francia
El galimatías técnico que todavía está por resolver pasa por dos cuellos de botella de complicada explicación: el primero y más importante, la interconexión con Francia. En resumen, gracias a Sánchez, los españoles estaríamos subvencionando la luz a los franceses cada vez que enviemos electricidad al país vecino, ya que lo obtendrán más barato. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que no tendrán la luz subvencionada y nos dicen que las comercializadoras galas tendrán que satisfacer la diferencia. Pero aún no está definido cómo tendrá que hacerse. Habrá que esperar a la letra pequeña que se publique en el BOE la semana que viene.
¿Quién va a pagar?
El otro cuello de botella es evidente: entonces ¿quién va a pagar la fiesta? Topar el precio del gas, sea a 30 euros como quería el Gobierno o a 50 como finalmente ha obligado la UE, implica que las centrales de gas tendrán que ofertar su energía a ese precio independientemente del dinero que les cueste producir el megavatio. Si ahora tienen que producir a un precio más cercano a los 100 euros, tendrán que ofertarlo a 50, lo que significa que alguien tiene que pagar los 50 de diferencia, ya que no se va a obligar a las ciclos combinados a producir a pérdidas.
Ambas cuestiones tendrán que resolverse todavía y está previsto que la fórmula empleada quede plasmada en el Real Decreto que se prevé aprobar el próximo martes día 3 de mayo en el consejo de ministros. Pero de momento, lo que sabemos según fuentes del sector, es que serán los clientes que tienen sus contratos en el mercado libre quienes tendrán que asumir este sobrecoste.
De momento, lo que se sabe es que ese déficit de tarifa, esa diferencia entre el precio que oferta el gas y el que tiene que pagar para producir electricidad tendrá que ser satisfecho por las comercializadoras que podrán repercutir el coste en la factura. Esto significa que seremos los consumidores, los clientes, quienes pagaremos esa diferencia. Por lo que sabemos de momento, está previsto que las comercializadoras puedan repercutir este coste entre los clientes del mercado libre, en tanto en cuanto, de lo que se trata es de favorecer a los clientes de la tarifa regulada, que es a quienes afectará directamente la intervención sobre los precios del gas en una reducción notable del precio de su factura.
Así las cosas, en cuanto el mecanismo se ponga en marcha, se prevé que los clientes acogidos a la tarifa PVPC verán cómo su factura se reduce de forma clara. La duda es cuándo empezarán a notar el efecto contrario los clientes acogidos al mercado libre, merced a ese incremento de peajes para pagar la subvención al gas.
¿Y cuánto nos va a tocar pagar? De momento es muy difícil saberlo. Los primeros análisis de los que disponemos y que ha elaborado el banco Santander, teniendo en cuenta la producción de los ciclos combinados durante el último año, 127.000 megavatios hora, y teniendo en cuenta un precio del gas de 90 euros, tendríamos que abonar en déficit de tarifa en un año 5.000 millones de euros.
En la actualidad y según fuentes del sector, hay aproximadamente 16 millones de contratos en el mercado libre, incluyendo pymes y consumidores domésticos y algo más de 9 millones de consumidores domésticos acogidos a la tarifa regulada PVPC. De estos, 1 millón está acogida, además, al bono social.
Un cálculo sencillo, el déficit acumulado en este año, si ronda esos 5.000 millones de euros, entre los 16 millones de clientes en el mercado libre, puede suponer un incremento en su factura de 312,5 euros por usuario para el año durante el que está previsto que dure esta medida. Si las comercializadoras obligan a estos clientes a satisfacer la factura a lo largo de un año, supondría una subida mensual de la factura de 26 euros. Si se hace en 2 años, 13 euros, si se hace en 3 años 8 euros y así sucesivamente.