Las consecuencias económicas de la guerra y la política económica de Pedro Sánchez (y 4)

El contenido de la política arbitrada por el Gobierno de Pedro Sánchez para afrontar las consecuencias de la guerra se cierra con un amplísimo catálogo de modificaciones regulatorias que llenan una buena parte del Real Decreto Ley 6/2022. Son más de una cuarentena de normas –tal como se resume en el cuadro final de este artículo– de muy distinta importancia, por lo que a continuación me referiré a las que considero más relevantes. Concretamente, a las que afectan a la producción de energía eléctrica, la agricultura, el mercado de trabajo y el escudo social.

Empecemos por la energía eléctrica. Es la estrella del plan gubernamental; y en su tratamiento se destilan todos los tópicos que han inspirado la política económica del Gobierno Frankenstein. El objetivo fundamental no es otro que el abaratamiento del suministro eléctrico por una triple vía: la modificación de la metodología de cálculo de la retribución de las energías renovables, la ampliación de la capacidad instalada de producción de estas mismas energías y el cambio en el sistema de cálculo de los precios en las plantas que queman gas natural.

Por lo que concierne al primero de esos elementos, el decreto detalla un cambio en las reglas de cálculo de la retribución de las plantas de renovables que se establecieron en 2020 para basar su pago en los precios pactados dentro de los contratos de futuros anuales. Para justificarlo, el Gobierno sostiene que en 2021 las citadas reglas condujeron a unos ingresos extraordinarios de 3.150 millones de euros para los productores –he aquí mencionados y cuantificados los beneficios llovidos del cielo, según la terminología demagógica de la coalición gubernamental– y que, para 2022, se prevé que lleguen a 3.750 millones. Ello, claro está, porque el precio medio aplicado en su cálculo se ha más que duplicado al pasar de 52,12 € el Mw/hora a 111,90. La norma establece que tal cambio regulatorio se aplicará al trienio 2022-2024. Pero añade que también se revisarán las retribuciones pagadas de más en 2020 y 2021 "por desviaciones en el precio de mercado", para lo que se utilizará el precio medio anual del mercado diario e intradiario. El lector comprenderá que estamos ante una modificación de las reglas del juego en medio de la partida y que, seguramente, ello dará lugar a pleitos entre las empresas afectadas y el Estado. Éste, evidentemente, pretende rebajar la rentabilidad de las inversiones en energías renovables y, de esa manera, el coste medio de la electricidad que se consume en España dentro del mercado regulado.

Paradójicamente, el Gobierno no cree que su acción restrictiva sobre la retribución de las plantas de renovables vaya a desincentivar las inversiones en este segmento de la generación eléctrica. De hecho, su única apuesta en el terreno productivo para afrontar la crisis energética estriba en ampliarlo a medida que se vayan sustituyendo otras fuentes de energía, pues nada se ha previsto para la exploración y explotación de yacimientos autóctonos de gas natural o hidrocarburos –lo que requeriría la reversión de las prohibiciones que se aprobaron en 2021–, o para la extensión del ciclo de vida de las plantas nucleares más allá del año 2035. Más aún, ni siquiera se especifica en el decreto ley nada relativo a una tecnología emergente como es la del hidrógeno verde.

La manera como en la norma que comento se pretende incentivar las inversiones en renovables es simple y llanamente la de rebajar las exigencias de protección ecológica para estas instalaciones por la vía de la agilización de los procedimientos de autorización correspondientes, la declaración de urgencia para ellos por razones de interés público y el aligeramiento de los informes de afección ambiental que requieren. El fundamentalismo ecologista que tantas veces exhibe el Gobierno de Sánchez se revela así como una mera pose de cara a la galería y deja de operar en este tema. Es más, el decreto modifica la Ley de Aguas para permitir por primera vez en España la construcción de plantas fotovoltaicas flotantes en las aguas del dominio público –lagunas y embalses–, a pesar de que en su texto se reconoce que "no existen estudios sistemáticos sobre los posibles impactos [ambientales] causados por dichas instalaciones".

Y queda el tercer aspecto de esta nueva política energética, que se refiere a la desvinculación del sistema de formación de precios con respecto al coste del gas natural. En este caso, el decreto habilita un mero mandato de dos meses para revisar la retribución de las plantas de ciclo combinado, pues en este asunto el Gobierno no puede ir más lejos de lo que pueda ser autorizado por la Comisión Europea. La negociación con Bruselas está ya establecida, aunque no ha llegado aún a ninguna conclusión, pues en la institución europea existen severas objeciones a la propuesta hispano-portuguesa de establecer un tope al precio del gas que se reconozca a efectos de la formación de los precios eléctricos. Ello entraría en colisión con el sistema marginalista actualmente vigente e incentivaría la aparición de ineficiencias en la producción energética; además, se trata de una intervención que afecta al comercio intracomunitario de energía y presenta severas objeciones desde el punto de vista jurídico. En resumen, el Gobierno de Sánchez se ha metido en un callejón que probablemente carezca de la salida apetecida debido a su obsesión de fundamentar la descarbonización de la economía únicamente en la energía renovable y menospreciar el problema del gas.

En cuanto a la agricultura, el principal cambio regulatorio se deriva de la aplicación de una decisión de la Comisión Europea que permite el pasto de animales o el cultivo en las superficies de barbecho que, en aplicación de la PAC, se consideran de interés ecológico, sin que los agricultores pierdan su derecho a cobrar las ayudas arbitradas para su mantenimiento. Esta medida –que hay que considerar acertada– está plenamente justificada debido a que la guerra ha trastocado el mercado mundial de cereales y oleaginosas –principalmente, el girasol– debido al importante papel que juegan en ese mercado Rusia y Ucrania. Las informaciones periodísticas señalan que la nueva norma posibilitará poner en cultivo unas 600.000 hectáreas, lo que supone un incremento cercano al diez por ciento en cuanto a la superficie agrícola utilizada que España dedica a esos cultivos y una posible sustitución de importaciones del 20 por ciento con respecto al promedio de los últimos años. En definitiva, esta medida mejorará el balance alimentario del país, favoreciendo su nivel de autosuficiencia.

Otro ámbito regulatorio relevante es el que se refiere al mercado de trabajo. Con respecto a él, lo más relevante es la prohibición que se establece del despido por causas objetivas para las empresas que reciban ayudas directas del decreto o que se hayan acogido a ERTE por causas relacionadas con la guerra en Ucrania y se beneficien del apoyo público. Esta limitación ha sido severamente criticada por la CEOE, pues en definitiva aboca a las empresas afectadas, en el caso de que necesiten reducir sus plantillas, a acogerse a la figura del despido improcedente y, por tanto, a asumir el coste más elevado que establece la legislación laboral en esta materia. Dado que no es descartable que la crisis ponga en dificultades a una parte de las mencionadas empresas, esta norma puede abocarlas a la quiebra.

También en el ámbito laboral hay que reseñar la norma que posibilita la prolongación de los contratos temporales hasta doce meses que tengan suscritos los tripulantes ucranianos enrolados en buques mercantes de bandera española. Lo destaco no tanto por la incidencia que pueda tener –que en todo caso será menor– como porque establece una excepción al tratamiento de este tema en la última reforma laboral, de manera que se discrimina negativamente a los marineros de origen ucraniano con respecto a la generalidad de los trabajadores españoles. Esto sorprende en un Gobierno que se reclama de izquierda, y parece poco razonable.

Finalmente, dentro del escudo social, cabe destacar la limitación durante un trimestre de la revisión de precios para los alquileres de viviendas propiedad de grandes tenedores, de manera que no podrán elevarse por encima de la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad –que en el último período publicado por el INE se cifra en el 2,02%–. Los demás arrendamientos se fían a los acuerdos que pacten los propietarios con sus inquilinos, aunque en el caso de que no se produzcan operará la misma limitación que se acaba de reseñar. A este respecto conviene puntualizar que sólo un cinco por ciento de los 2,4 millones de viviendas en alquiler que hay en España pertenecen a grandes propietarios, lo que –más allá de su exiguo plazo– estrecha el ámbito de incidencia de esta norma. Además hay que señalar que la intervención sobre los alquileres tiene un efecto restrictivo sobre la oferta, lo que en la situación actual del país es especialmente negativo, pues durante el último año el stock de pisos en arrendamiento se ha reducido en un tercio. Ello reclama otra política del Gobierno, basada en el fomento de la construcción de nuevas viviendas con destino a este mercado. Pero tal propósito queda fuera de los planteamientos de la política económica de Pedro Sánchez.

Medidas reguladoras del Plan de Respuesta a la Guerra

Fuente: Real Decreto-ley 6/2022

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