El Gobierno ha activado toda su maquinaria propagandística con los últimos datos del paro. Maestros de la mentira y la prestidigitación, en los ministerios de Trabajo y Seguridad Social no han dudado en vender los números de abril como un milagro laboral que no puede ser más fraudulento.
Aparentemente, las cifras del cuarto mes del año arrojan algunos resultados positivos, como que la afiliación superó por primera vez los 20 millones de ocupados, que el paro total baja hasta las 3.022.503 personas o que el número de contratos indefinidos bate récords con 698.646 nuevas firmas. Yolanda Díaz, eufórica, llegaba a calificar este último dato de "espectacular" y no dudaba en atribuirse a ella misma los méritos. "Hoy, uno de cada dos contratos es indefinido y esto es cambiar el paradigma en nuestro país (...) hemos demostrado que esta reforma laboral funciona", celebraba la titular de Trabajo.
Sin embargo, no hay más que profundizar en los documentos de su propio ministerio para percatarse de la gran mentira de los 700.000 contratos indefinidos que han aparecido por arte de magia. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la entrada en vigor de la contrarreforma laboral de Díaz ha prohibido el contrato por obra y servicio, lo que ha obligado a los empresarios a recoger a muchos de esos trabajadores bajo la modalidad de fijo-discontinuos. Tal ha sido esta transformación, que abril se saldó con 238.760 nuevos contratos fijos-discontinuos, un 125,24% respecto a marzo y la friolera de un 1272,89% respecto a los datos de un año antes.
Por tanto, casi el 35% del total de los contratos fijos de los que se jacta el Gobierno no son más que fijos-discontinuos, una modalidad bajo la que el empleado va a seguir cobrando lo mismo y trabajando durante el mismo periodo que lo hacía antes. Es decir, la supuesta estabilidad laboral de la que alardea la ministra comunista no existe.
Eso sí, este cambio de denominación supone un beneficio contable muy importante para el Gobierno porque saca de las listas del INEM el grueso de temporales que pasan a contabilizarse como fijos-discontinuos. Poco le importa al Ejecutivo que los fijos-discontinuos cobren el paro igual que lo haría un temporal en los periodos en los que no tienen actividad o que se queden sin trabajo definitivamente en menos de un año. Lo importante es retorcer vilmente la estadística a su favor.
Pero Yolanda Díaz ya es toda una experta en el arte de esconder en las cuentas oficiales a los ciudadanos sin empleo. El ejemplo más sangrante –y reciente– es el de los ERTE, que llegaron a afectar a más de tres millones de personas en plena crisis del coronavirus y que nunca contabilizaron como parados para la ministra. Estaban en su casa sin trabajar y cobrando una prestación pública, pero Yolanda Díaz optó por disfrazarlos de empleados.
Además, otra manipulación torticera con los 700.000 contratos indefinidos de los que se vanagloria el Gobierno es que 175.154 de esas rúbricas son a tiempo parcial, el 25% del total. Entonces, si sumamos los que trabajan menos horas a los 238.760 fijos-discontinuos antes mencionados, el resultado es que el 60% de los nuevos contratos indefinidos firmados son tan precarios como antes. Así, el trilerismo laboral del Gobierno no tiene parangón.
Yolanda Díaz y sus secuaces deberían saber que para acabar con la temporalidad no basta con cambiar la nomenclatura de los contratos –eso no es más que una tomadura de pelo–. Lo necesario es otorgar al mercado de trabajo la suficiente libertad para que contratar temporalmente no sea la única vía de flexibilidad que le queda al empresario. Y solo una rebaja generalizada del coste del despido podría contribuir a acabar con la grave lacra de la temporalidad, justo lo contrario de lo que quiere el Gobierno, que nos ha vuelto a engañar.