El gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig está en el punto de mira por todo tipo de escándalos. Su hermano, Francis Puig, está siendo investigado por una trama de supuestas irregularidades en la concesión de ayudas públicas para el fomento del valenciano, mientras que su vicepresidenta, Mónica Oltra, podría ser imputada por la gestión del caso de los presuntos abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada.
Precisamente en este contexto tan delicado, la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha presentado su última memoria anual. Se trata de un informe demoledor para la Administración Puig, puesto que pone de manifiesto el opaco manejo que está acometiendo su gobierno con el dinero de todos los valencianos.
Así, en la citada memoria, el organismo auditor ha alertado al Parlamento regional del "mantenimiento prolongado de contrataciones de emergencia" en el que estaría incurriendo el gobierno de Ximo Puig, "generalizando las adjudicaciones directas más allá de lo estrictamente requerido y justificado".
Peor aún: la entidad encargada de combatir este tipo de malas prácticas en el ámbito de la gestión pública señala que el gobierno de Puig estaría "pagando a menudo precios muy superiores a los de mercado, al no existir concurrencia competitiva en las adjudicaciones". Solo en el año 2020, la telaraña de contratos asignados "a dedo" sumaría un total de 938 licitaciones.
De acuerdo con el informe de la Agencia Valenciana Antifraude, las adjudicaciones realizadas mediante este tipo de procedimiento estarían relacionadas con todo tipo de actividades, desde la inserción de campañas de publicidad institucional en medios de comunicación hasta la adquisición de material sanitario motivada por la pandemia del coronavirus.
Aunque no se disponen de datos definitivos para 2021, la memoria advierte de que las contrataciones realizadas de este modo se están "normalizando" y se siguen realizando de forma descontrolada a pesar del decaimiento de la crisis sanitaria. De hecho, el informe detecta que este tipo de adjudicaciones "se incrementaron también en 2021, poniendo en tela de juicio los principios de buena Administración Pública, como la legalidad, la eficacia y la eficiencia".
Para poner en perspectiva estos datos, la Agencia Valenciana Antifraude recalca en su memoria que, entre 2018 y 2019, solo se cerraron 38 contratos de este tipo por parte del gobierno autonómico, con un coste agregado de 7,2 millones de euros. En cambio, solo en 2020 se habrían autorizado 441 millones de euros a través de los 938 contratos menores y adjudicaciones de urgencia.
Por tanto, la frecuencia con la que se recurre a este tipo de procedimientos se ha multiplicado por 50, mientras que el monto económico destinado a estas fórmulas de contratación se ha multiplicado por 134. Cifras muy preocupantes que ahora salen a la luz, a raíz de la publicación de la evaluación de la AVA.