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Valencia amplía su infierno fiscal con una batería de 'impuestos verdes' a familias y empresas

Este atraco contrasta con la postura adoptada por Madrid, único territorio que ha eliminado todos sus impuestos propios.

Este atraco contrasta con la postura adoptada por Madrid, único territorio que ha eliminado todos sus impuestos propios.
Ximo Puig, presidente de la Generalidad Valenciana. | Europa Press

El gobierno de la Comunidad Valenciana, formado por la coalición de PSOE, Podemos y Compromís, aprobó el primero de abril el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. Este se trata de uno de los planes estrella del ejecutivo de Ximo Puig, y uno de los últimos que tendrá oportunidad de implementar antes de las elecciones de 2023.

Según la Generalidad, el objetivo principal de este proyecto pasa por trazar "una hoja de ruta para reducir las emisiones y fijar los instrumentos necesarios para asegurar una transición justa". Así, la nueva normativa busca alcanzar un 40% menos de emisiones para 2030 y declarar la neutralidad climática en 2050.

Entre las medidas aprobadas, que entrarán en vigor a partir del año 2025, se encuentran nuevas regulaciones como obligar a reemplazar las flotas de vehículos con motor de combustión interna por turismos libres de emisiones, algo que aplicará tanto al sector público como a empresa privadas y compañías de alquiler de vehículos.

Más ecologismo, más impuestos

Sin embargo, el pilar principal del proyecto de ley consistirá en una batería de recargas impositivas y nuevos impuestos verdes, que contribuirán a disparar la presión fiscal de la comunidad con el pretexto de la emergencia climática.

En este sentido, entrarán en vigor tres nuevos impuestos autonómicos que afectarán de manera directa a la ciudadanía. El de mayor impacto será el tributo a las emisiones de dióxido de carbono de motos, coches y furgonetas que superen 3,5 toneladas, fijándose una cuota de entre 70 céntimos y 1,40 euros por gramo de CO2/km.

El segundo consistirá en un impuesto sobre las emisiones de las empresas, que se situará en 200 euros por cada kilotonelada de CO2 emitida, si bien las Administraciones públicas quedarán exenta del recargo.

Por último, se establecerá una tasa a los establecimientos comerciales de más de 2.500 metros cuadrados que cuenten con aparcamiento. Para fijar el importe, se tendrá en cuenta el tipo de actividad del centro, la superficie y la localización geográfica.

Esta subida fiscal valenciana contrasta con la postura adoptada por la Comunidad de Madrid, único territorio que ha eliminado todos sus impuestos propios y al que Ximo Puig acostumbra a atacar por gravar con menos impuestos a sus ciudadanos.

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