A sus 57 años, María Luisa jamás pensó que, después de pagar religiosamente su hipoteca durante más de 20 años, se vería literalmente durmiendo en la calle. Sin embargo, esa es precisamente la situación a la que le ha abocado su okupa, una inquilina que hace más de dos años dejó de pagar su alquiler y se niega a abandonar la vivienda, la única con la que hoy por hoy cuenta esta madrileña, separada y con un trabajo más que precario.
"Dice que ella es vulnerable, pero al final me ha acabado convirtiendo a mi en vulnerable", lamenta María Luisa, mientras estira el saco de dormir que ha instalado a las puertas de esa casa que tanto esfuerzo le costó comprar en su día en el madrileño barrio de Carabanchel. "Me dejó de pagar a los pocos días de que anunciasen el estado de alarma, alegando que la habían hecho un ERTE. Yo me acababa de separar y el alquiler de este piso era lo único que tenía, porque yo trabajaba de comercial en la calle y, obviamente, también me quedé sin trabajo, sin comida y sin nada -explica desesperada a Libre Mercado-. Desde entonces, duermo en el sofá de unos amigos, pero ya no puedo más".
María Luisa ha vuelto a trabajar como comercial a pie de calle, esta vez vendiendo seguros. "Pero claro, me tengo que pagar mi cuota de autónomos todos los meses y si vendo, cobro y si no, no", aclara. Su inquilina también ha conseguido varios empleos: "Lo sé porque la he seguido y la he visto trabajar en una tienda y en un restaurante, pero cada vez que recurro a la justicia, ella deja de trabajar".
El "escudo social" del Gobierno
En cualquier caso, esta propietaria -al igual que tantos otros- está atada de pies y manos, ya que el Gobierno ha vuelto a prorrogar por enésima vez la suspensión de los desahucios que aprobó a raíz de la pandemia. "Ahora tengo que esperar hasta octubre y eso contando con que se prorrogue una vez más. Debe ser la única norma covid que sigue vigente y es vergonzoso lo que nos están haciendo -denuncia indignada-. Nos utilizan como escudos sociales y yo ya llevo más de 20.000 euros perdidos. Si no tienen pisos para alojar a la gente que lo necesita, que se la lleven a La Moncloa o a Galapagar, pero no pueden utilizar nuestras casas como si fueran del Estado".
María Luisa lamenta, además, que ella no ha recibido "ni un solo euro" de la supuesta indemnización que se contempla para estos casos y que la única alternativa que le han dado los Servicios Sociales es buscarle -a ella, no a su inquilina- un piso compartido: "Parece una broma de mal gusto, pero sí… Me dicen que me ayudan a buscar una habitación que me pueda pagar. ¿Lo normal no sería que se la buscasen a ella? ¡Que la que tiene un piso en propiedad soy yo!".
Podría ser denunciada por acoso
Solo en este "mundo al revés" que describe se entiende que, además, ahora sea ella la que está en el punto de mira de la Justicia. Tras instalar su saco de dormir en la puerta de su casa, la okupa llamó este martes por la noche a la Policía. "Han venido dos lecheras de antidisturbios y dos coches. En total, doce agentes creo que eran. Es increíble que para esto haya tanto despliegue y para otras cosas, ninguno", lamenta María Luisa, a la que le han advertido de que pueden denunciarla por acoso o coacciones.
"Yo no estoy haciendo nada malo, simplemente he venido acompañada de otros compañeros de la Plataforma de Afectados por la Ocupación para hacer visible un problema que tenemos muchísimos propietarios de este país y que le puede pasar a cualquiera", advierte. No en vano, ironiza con lo rápido que cambia la gente de opinión cuando vive el problema en sus propias carnes: "Mira lo que ha pasado con UGT, y ellos dicen que su sede la pagaron el dinero de los obreros, pero yo he pagado mi piso con el sudor de mi frente y es increíble que sea yo la que tiene que dormir en la calle".
Miles de víctimas, al límite
Al igual que a otras víctimas de la okupación, esta situación le ha acabado pasando factura a su salud. "Hay días que tengo que tomar pastillas, porque no puedo más. Estoy todo el día que no sé si tirarme por la ventana, al metro… Me siento humillada, vejada, apaleada y sin derechos -relata con la voz entrecortada-. ¿Para qué sirven los contratos en este país? Porque, al margen de que esta señora no me pague, es que ese contrato venció en agosto de 2020".
Su caso es similar al de tantos otros ciudadanos que han decidido agruparse en la Plataforma de Afectados por la Ocupación y que, hartos de el Gobierno no les haga caso, han decidido iniciar una serie de acciones de protesta para visibilizar una lacra que se está extendiendo a pasos agigantados, ya que, hoy por hoy, la inquiokupación está ganando terreno a la okupación de patada en la puerta.
Este mismo martes, Mar -la propietaria que hace poco más de un mes salió a pedir limosna a la calle- se ha encadenado en la plaza de su pueblo y este miércoles la Plataforma acompañará a Cristina, una madrileña enferma que, como ella misma reconoció a LM, ha llegado a pensar en suicidarse después de tres años sin cobrar ni un solo euro.