Como decía la semana pasada, la situación económica se vuelve, cada vez, más preocupante, con un deterioro paulatino en todos sus indicadores, incluso en el mercado laboral, que está anestesiado por los ERTE, además del retraso que siempre tiene respecto a la evolución económica.
Al igual que en 2007, cuando en diciembre de aquel año comenzó a incrementarse el paro registrado por primera vez en mucho tiempo, ahora también se dan signos negativos que hacen pensar, ante la ausencia total de reformas que agilicen la estructura económica, que podemos estar en el umbral de una ralentización muy fuerte de la economía -en parte, ya se está viviendo- cuando no de una caída de la misma. Los siguientes datos son elocuentes:
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La destrucción de más de 100.000 puestos de trabajo en el primer trimestre, siendo, como es, el empleo un indicador retrasado, señala el fuerte deterioro de la economía, que se ha confirmado con lo que motiva esa disminución de puestos de trabajo, que es la marcha de la actividad económica.
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El avance de los datos de la contabilidad nacional trimestral, como comentábamos la pasada semana, registra un crecimiento del 0,3% en el trimestre, que supone un crecimiento 1,9 puntos menor que el del trimestre precedente.
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El consumo de los hogares cae un 3,7% intertrimestral, con los dos principales sectores de la economía española frenándose: la industria no sólo se para, sino que cae un 1,4%, y los servicios se ralentizan 1,7 puntos, creciendo sólo un 0,4%, al tiempo que la construcción deja casi plano su crecimiento trimestral, un 0,3%, una décima parte de lo que se incrementaba el trimestre precedente.
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Pese a la rebaja del IPC debido a las subvenciones a productos energéticos, la inflación se está apoderando con fuerza de la economía española, con la subyacente creciendo un punto más, hasta el 4,4%, la más elevada desde hace más de veinticinco años.
Mientras, el índice de comercio minorista desciende un 5,5% interanual. Estos indicadores, publicados entre el jueves y el viernes, muestran la intensidad del ajuste.
Con ello, el Gobierno se ha visto en la obligación de revisar a la baja la previsión de crecimiento de su cuadro macroeconómico.
Hace semanas que lo habían hecho las distintas instituciones, nacionales e internacionales, que nunca llegaron a ser tan optimistas como el Ejecutivo:
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BBVA Research estima un crecimiento para 2022 del 4,1%.
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La AIReF, del 4,3%.
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El Banco de España, del 4,5%.
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El FMI, la deja en el 4,8%.
Y este lunes pasado lo ha hecho la Comisión Europea, al rebajar la previsión de crecimiento español en un punto y medio para 2022, dejándolo en el 4%, y de un punto para 2023.
Ahora, el Gobierno ha tenido que rebajar su previsión. De esa manera, la vicepresidenta económica y la ministra de Hacienda han presentado la revisión del cuadro macroeconómico, en el que han rectificado fuertemente a la baja las previsiones de crecimiento económico español.
De esa forma, el crecimiento que el Gobierno estima para la economía española en 2022 se queda en el 4,3%, que corrige desde el 7% que mantenía hasta ahora, con el que diseñó los Presupuestos Generales del Estado del presente ejercicio.
Mantiene en el 3,5% el crecimiento para 2023 de la actualización del programa de estabilidad que envió a Bruselas hace un año, y eleva al 2,4% el de 2024 (hace un año estimaba un 2,1%), añadiendo la estimación del 1,8% para 2025.
Adicionalmente, estima un fuerte crecimiento de la recaudación, que justifica en su mayor parte por el avance de la actividad económica. Esa estimación es todavía es más preocupante, porque la recaudación aumentará por el impacto de la inflación, pero no por actividad económica, o no en la medida que estima el Gobierno, ya que la actividad se está ralentizando, como hemos visto con los últimos indicadores publicados antes mencionados.
Es decir, es muy probable que las previsiones de ingresos no se cumplan en 2023 y años siguientes, y difícilmente en 2022, ante el rápido deterioro que está sufriendo la economía. El efecto de la inflación en la recaudación tiene un recorrido limitado, porque el deterioro que el alza de precios provoca en el conjunto de la economía hará que el freno económico impacte más en los ingresos tributarios, a la baja, que el aumento que se dé por la inflación.
Si la economía sigue ralentizándose, no sólo empeorará el saldo presupuestario por la disminución de ingresos, sino que al caer la actividad, descenderá el empleo, y simplemente el juego de los estabilizadores automáticos -por ejemplo, prestaciones por desempleo- aumentará el gasto, por no hablar del impacto negativo en el mismo que supondrá la indexación de las pensiones a la inflación -y más con estos niveles de crecimiento de precios-.
Adicionalmente, el riesgo internacional de recesión está presente, tras la caída del PIB de Estados Unidos en el primer trimestre, junto con el empeoramiento de la actividad económica que supondrá el alza de tipos de interés que terminará llegando a la eurozona para combatir la inflación, ya que empeorará la financiación y hará que disminuya el consumo al tener que destinar las familias más recursos al pago de las cuotas hipotecarias variables.
En conclusión, la economía se encuentra sostenida artificialmente por el gasto público desmedido, por la inundación de liquidez y la recaudación por los efectos de la inflación, pero los fundamentales de la economía se deterioran rápidamente para el medio y largo plazo, aunque no se vea todavía en los datos de corto plazo, aunque hogares y empresas ya empiezan a sufrirlo. Nos adentramos en una senda económica muy preocupante.