En España hay casi un millón de trabajadores que han sido declarados incapaces permanentemente para su trabajo, en concreto 952.322 a 31 de diciembre de 2021. Cantidad que equivale al 5% de los afiliados a la Seguridad Social, una cifra más propia de países que acaban de atravesar una conflagración bélica, como sería el triste caso de Ucrania, que no de uno que lleva –felizmente- más de ochenta años de paz.
Según estos números, con un millón de incapacitados, tendríamos que ver las calles atestadas de tullidos y lisiados, cosa que afortunadamente no sucede. En los últimos diecisiete años el número de incapacitados ha aumentado en 106.655, a un ritmo de 6.274 al año. Tan solo los fallecimientos producidos por el COVID, la demora en la tramitación de los expedientes de incapacidad por el INSS y la suspensión de muchos procedimientos judiciales por el impacto de la pandemia, lograron un descenso neto de los incapacitados en el año 2020, al pasar de los 960.706 perceptores en 2019 a los 949.193, volviendo a repuntar nuevamente en 2021, alcanzando los 952.322 perceptores, por lo que este mismo año seguramente superaremos los niveles pre pandemia.
La factura total para la Seguridad Social de las incapacidades permanentes asciende a 11.400 millones de euros al año y ha aumentado en 1.400 millones de euros en los últimos diecisiete años. El coste de las incapacidades permanentes se lleva en torno al 10% del gasto público total en pensiones.
De esos 952.322 incapacitados, casi el 62% lo son en grado de total, es decir, son personas que se supone que tienen unas limitaciones físicas o mentales tales que no pueden seguir ejerciendo la misma actividad que venían desarrollando con anterioridad, pero sí otras, por lo que muchos siguen trabajando al tiempo que cobran una pensión vitalicia media mensual de 819,03 euros. En muchas ocasiones, el cobro de la pensión de incapacidad se simultanea con un trabajo muy similar al que tenían anteriormente, con la misma exigencia física y, frecuentemente, incluso en la misma empresa que antes, simplemente con un cambio nominal de puesto de trabajo o de categoría profesional, aunque las funciones sean casi idénticas a las que desarrollaba con anterioridad a la declaración de incapacidad.
Además, hay quienes acumulan varias incapacidades permanentes obtenidas en distintos regímenes de la Seguridad Social. Es más, también aquellas personas declaradas incapaces en grado absoluto –e incluso los grandes inválidos- hoy ya pueden compatibilizar la percepción de su pensión (1.205,16 y 2.038,15 euros de media respectivamente) con el cobro de un salario por un nuevo empleo, lo que es una auténtica contradicción semántica y conceptual, además de una irracionalidad económica.
Las pensiones por incapacidad permanente estaban pensadas para compensar la merma de ingresos que podrían sufrir las personas que veían limitadas sus capacidades. Personas que, tras un periodo de convalecencia, podían tener dificultades para reincorporarse al mercado laboral o que tendrían que hacerlo en trabajos con menos carga física y, por lo tanto, peor remunerados. Hoy, ello ya no es así y gracias a los avances tecnológicos y a la automatización de muchos procesos productivos, hay multitud de empleos en los que el salario no guarda una relación proporcional con las exigencias físicas, sino que incluso suele suceder al contrario y la retribución es, en muchos casos, inversamente proporcional a los requerimientos físicos, por lo que dichas limitaciones no suponen un techo salarial.
La pensión de incapacidad permanente tenía una vocación de renta sustitutiva, no adicional, y tampoco es de naturaleza indemnizatoria. Por lo que no parece que tenga mucho sentido que uno pueda compatibilizar el cobro una prestación de las exhaustas arcas de la Seguridad Social con el trabajo, máxime cuando no hay tal pérdida económica que sustituir.
Por todo ello, no parece muy lógico que haya personas que, percibiendo sueldos superiores a los que veían cobrando con anterioridad a la enfermedad que dio pie al reconocimiento de la pensión de incapacidad, las acumulen, pues no han sufrido merma económica que requiera ser equilibrada por la Seguridad Social. Tampoco tiene mucho sentido que la suma de la prestación por incapacidad permanente y el nuevo salario supere la retribución que uno percibía con anterioridad a la declaración de incapacidad. Lo lógico sería que se redefiniese el concepto de incapacidad permanente y que el importe de la pensión se modulase y complementara el sueldo actual hasta un máximo determinado (por ejemplo, un 110%) del salario anterior a la declaración de incapacidad.
Por otro lado, es urgente revisar el concepto de incapacidad permanente y ceñirlo a aquellas limitaciones funcionales que realmente impidan materialmente el desarrollo de la actividad laboral, pues no parece muy lógico que haya decenas de miles de personas pensionadas por supuestamente no poder ejercer su trabajo, pero que sin embargo llevan una vida totalmente normal que no les impide desarrollar ninguna de las tareas ordinarias del día a día. Porque créanme, en España no hay un millón de personas realmente impedidas para trabajar.
En definitiva, es preciso revisar toda la cartera de prestaciones de la Seguridad Social, muchas de las cuales fueron creadas durante el franquismo -en los años 50 y 60 del siglo pasado- pensando en un mercado laboral y en modelos productivos hoy en día inexistentes. Cada año vemos que la Seguridad Social carga con la ampliación de prestaciones ya existentes (por ejemplo: paternidad y maternidad) o la creación de nuevas, muchas de ellas ocurrencias sacadas de la chistera, como las bajas menstruales, sin que nadie revise todo el extenso catálogo de subsidios existentes y ponga algo de racionalidad a tanta alegría desbocada en el gasto. Nuestros hijos y nietos nos lo agradecerán.