La voracidad recaudatoria del Gobierno social-comunista no conoce límites. A pesar de la peor crisis económica y sanitaria en tiempos de paz y de la mayor escalada de precios desde hace tres décadas, Pedro Sánchez y su ministra de Hacienda, la descalificable María Jesús Montero, han seguido confiscando la riqueza de los españoles.
Desde que estallara la pandemia, el Ejecutivo viene asestando unos golpes fiscales que están resultando demoledores para las finanzas de los contribuyentes. Hasta la fecha, son dieciséis las subidas de impuestos con que Sánchez y Montero se han apropiado del esfuerzo de familias y empresas.
Mentirosos patológicos, en el ala económica del Gobierno han vendido las nuevas subidas de impuestos como si afectaran a sólo un puñado de contribuyentes, no tuvieran afán recaudatorio y vinieran poco menos que impuestas por Europa. Pero lo cierto es que las grandes damnificadas han sido las clases medias y bajas, esas por las que el Gobierno finge velar.
Así, se ha subido el IVA a los refrescos, la fiscalidad a los seguros que tiene la práctica totalidad de las familias, el Impuesto de Matriculación, los tributos de las viviendas a través de un catastrazo, las cotizaciones de los autónomos... ¡Y decían que sólo iban a por "los ricos"! Además, este año hay que sumar otra problemática que está erosionando especialmente el poder adquisitivo de los más pobres: la inflación.
Lejos de intentar poner algún remedio al incremento sistemático de los precios, el Gobierno lleva meses haciendo oídos sordos a una lacra que está minando la riqueza nacional, fulminando el ahorro y lastrando la competitividad. Esta semana hemos conocido que el IPC ha vuelto a acelerarse y ha roto todos los pronósticos al subir un 8,7% en mayo. Con estas escalofriantes cifras ha quedado más que demostrado que no había atisbo de transitoriedad en la subida de la inflación, frente a lo repetido hasta la saciedad por el Gobierno.
La realidad es que el Gobierno no ha movido un dedo para evitar la inflación por una lucrativa razón: hace caja con ella. Hacienda está obteniendo pingües beneficios, que podrían rondar los 10.000 euros al año, gracias la subida de precios y a costa de impuestos como el IVA o el IRPF. Por esta razón, regiones como Madrid o Murcia ya han anunciado que corregirán el efecto inflacionista en la parte autonómica del IRPF para devolver a sus contribuyentes la parte de sus salarios que les está comiendo la inflación. Frente al justo alivio fiscal que quieren otorgar estas CCAA se encuentra Hacienda, que no piensa devolver un solo euro de la parte que le toca.
Y, lo que es más grave, sobre la mesa de María Jesús Montero hay un documento que contiene un sablazo sin precedentes en todas las áreas de la vida diaria de los contribuyentes, desde Sucesiones al diésel pasando por más fiscalidad al automóvil. Al sistema tributario cada vez se le hace más insoportable sostener las ingentes cantidades de gasto con que el Gobierno está dopando la economía. Decía Milton Friedman que "cobramos cada vez más impuestos a los que trabajan para regalar cada vez más dinero a los que no trabajan". Y con Sánchez habría dado en el clavo.