El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de "Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario" que amenaza con cuantiosas multas a la hostelería y los supermercados si osan tirar las sobras de comida.
Con la excusa de luchar contra el desperdicio alimentario, el Gobierno obligará a los restaurantes y los bares a ofrecer al cliente la posibilidad de llevarse la comida que no haya acabado sin coste adicional, algo que ya hacían la mayoría de establecimientos libremente sin necesidad de la imposición de los políticos.
Con la nueva norma, el consumidor podrá traer sus propios tápers, pero si no lleva, será el restaurante o el bar quien deba ofrecer tápers reutilizables, reciclables o compostables. Una de las novedades es que los establecimientos de hostelería y otros servicios alimentarios tendrán que informar de ello de forma visible, preferentemente en la carta o menú.
"No me he leído la norma completo, pero los bares y restaurantes ya lo practican de forma generalizada. Tienen tápers, cajas... El hecho de tener Delivery ha fomentado que tengan este tipo de envases", asegura el Presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Yzuel Sanz, en declaraciones a Libre Mercado.
Yzuel apunta a otra problemática con los tápers de plástico de un solo uso: "El único problema es que los tápers típicos de plástico o de un solo solo uso los prohíban o nos dirán que no los podemos tener o no lo podemos dar...".
Asimismo, Yzuel expresa que el sector de la hostelería no es el que más desperdicia comida. "No somos el sector que más desperdicia. El campo por ejemplo desperdicia más, ya sea porque una calabaza no cumple los estándares para la venta o porque el pepino es más grande... En la pesca también se desperdician toneladas de pescado" señala.
Esta, no es la única medida que ha impuesto el Gobierno este año a los bares y a los restaurantes. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, impuso el pasado mes que los restaurantes y bares deben ofrecer obligatoriamente el agua de grifo de forma gratuita y como una bebida más.
¿Por razones de salud? No, porque "es beneficioso para el planeta y para tu bolsillo", dice el comunista perjudicando así a los negocios de agua embotellada.
Sanciones
En cuanto al régimen sancionador de la futura norma, se considerará falta grave no contar con un plan de prevención que estará sancionado con entre 2.001 y 60.000 euros. Una infracción leve, que estará sancionada con multas de hasta 2.000 euros, será, por ejemplo, no aplicar la jerarquía de prioridades o que las empresas de distribución al por menor y la hostelería y restauración no donen los productos no vendidos que sean aptos para el consumo humano a través de un pacto o convenio. Otra infracción leve será la negativa a colaborar con las administraciones para cuantificar los residuos de alimentos.
Finalmente, las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con entre 60.001 y 500.000 euros de multa, se considerará la segunda o ulterior falta grave que se cometa en un plazo de dos años.