España ha contado con grandes líderes a lo largo de su historia, capaces de realizar hazañas trascendentes a su tiempo, dejando legados en la historia capaces de inspirar a las generaciones futuras. Lástima que ya no se quiera enseñar en nuestro sistema educativo.
El emperador Trajano, en la campaña militar para conquistar Dacia, tuvo que afrontar uno de los mayores retos de ingeniería de su era: construir en tiempo récord un puente sobre el Danubio que garantizara el abastecimiento de toda clase de suministros para sus tropas. Para llevar a cabo el colosal reto, confió en el talento de Apolodoro de Damasco, que terminaría siendo uno de los grandes arquitectos de Roma.
Trasladado a la actualidad, la economía española se encuentra en una coyunta compleja y con unas perspectivas más delicadas de las que podíamos prever hace unos meses. Por advertencias al gobierno de instituciones independientes, organismos y servicios de estudios no será. La inflación alcanzó en mayo el 8,7% y el gobierno se muestra incapaz para tomar decisiones de política económica que alivien un alza generalizada de los precios que castiga inmisericorde a todos los hogares, especialmente a los más vulnerables. Evitar efectos de segunda ronda debería ser nuestra prioridad, pero no estamos próximos a un pacto de rentas, sino más bien, a un escenario de estanflación.
Las vulnerabilidades de nuestra economía son crecientes, con un gasto estructural que no deja de incrementarse por decisiones políticas y con ausencia de medidas que racionalicen el gasto público o supriman partidas superfluas e improductivas. Nuestra deuda pública es un factor de riesgo que crece a un ritmo semanal de 1.400 millones, alcanzando en marzo un amargo volumen récord de 1,45 billones de euros. Tanto la AIReF, el Banco de España y recientemente la OCDE están solicitando una senda de consolidación fiscal que aporte credibilidad a las políticas económicas, confianza a los inversores y nos permita recuperar margen fiscal para afrontar el futuro.
Precisamente para transformar nuestra economía y hacerla más resiliente ante futuras crisis la Unión Europea diseñó el Next Generation EU, con el objetivo de incrementar nuestro potencial de crecimiento y generar empleo estable aprovechando la transformación digital y la transición energética.
Este es, sin duda, el gran reto de nuestro tiempo. Aprovechar unos recursos extraordinarios para afrontar inversiones transformadoras y realizar reformas que hagan más flexible y dinámica nuestra economía. El problema es que para tender ese puente hacia el futuro no contamos con el liderazgo y la inteligencia de Trajano, ni con la lucidez y perspicacia técnica de Apolodoro de Damasco. La obsesión centralizadora e intervencionista del residente temporal de la Moncloa, Pedro Sánchez, es la que guía este proyecto país, y la falta de transparencia e ineficacia para gestionar los fondos las skills de Calviño o Montero.
Las CCAA están padeciendo un sistema de gestión donde no existe cogobernanza. El Reglamento europeo del mecanismo de recuperación señalaba la necesidad de contar con las autoridades regionales y locales tanto en la planificación del plan, como en su ejecución. Ni antes se las tuvo en cuenta, ni ahora. Los ministerios les reparten fondos en conferencias sectoriales para desarrollar inversiones sin posibilidad de adaptarlas a las características y necesidades de sus territorios, y eso, dificulta su ejecución y provoca que no se maximice el impacto positivo que los fondos podrían tener en el crecimiento del PIB.
La falta de transparencia impide que podamos conocer cuál es el grado de ejecución real, lo que realmente llega a las empresas. La ministra Calviño sólo sabe decir que en 2022 estamos alcanzando velocidad de crucero. Debe ser un crucero de juguete, porque según el último informe de la IGAE a 30 de abril, de 28.025 millones en créditos definitivos del mecanismo de recuperación para 2022, se habrían pagado tan sólo 1.587 millones, en su gran mayoría, transferencias a las CCAA, es decir, sin llegar al tejido productivo.
Ya el cierre de 2021 fue decepcionante, con pagos realizados a 31 de diciembre tan sólo por el 43% del presupuesto de los fondos europeos y en su mayoría, transferido a las CCAA. Fedea cifraba la ejecución para 2021 en 6.545 millones de euros en una estimación de máximos y calculaba que 400 millones podrían haber llegado a las empresas el año pasado.
A nadie puede extrañar tras comprobar como el Banco de España o la AIREF confirmaban que el impacto de los fondos en el crecimiento había sido prácticamente nulo o como se alertaba desde las organizaciones empresariales sobre el desánimo en pymes y autónomos, las rigideces y requisitos que complicaban la participación de las empresas, los reducidos plazos para acudir a convocatorias o el retraso en pasar de los anuncios de los PERTES a su puesta en marcha.
Los PERTES se deciden con total opacidad en Moncloa y de la movilización de fondos públicos prevista por más de 30.000 millones sabemos que se han resuelto en año y medio convocatorias por 930 millones. Del PERTE del vehículo eléctrico sólo han resuelto 40 millones. Si levantar el puente sobre el Danubio fue complicado, no crean que obtener información sobre la ejecución real de los fondos europeos lo es menos. Para ello podría contribuir, la Plataforma Común de Fondos Europeos, la aplicación del Ministerio de Hacienda diseñada para recoger toda a información y controlar el cumplimiento de los objetivos del plan, que debía estar en funcionamiento el 30 de noviembre, pero sigue sin estar operativa. La AIREF en sus recomendaciones sobre el Plan de Estabilidad 2022-2025 insistía en la necesidad de un esfuerzo en transparencia e información sobre la ejecución de los fondos del plan de recuperación.
Las inversiones del plan están generando dudas sobre su impacto futuro en el crecimiento de nuestra economía, al recurrir a inversiones que ya estaban previstas en años anteriores y no tienen nada de innovadoras o planificando inversiones que generarán un gasto estructural que tendrán que asumir mayoritariamente las CCAA en los próximos años. La fragmentación de las convocatorias y los requisitos de cofinanciación están limitando también el impulso tractor que podrían tener los fondos.
Además de las inversiones, donde se centra el foco principal de atención, no podemos olvidar una cuestión esencial sobre la otra pata del plan, las reformas y las consecuencias estructurales que pueden tener sobre la economía española. Las dudas son crecientes, ¿se está edificando una economía más flexible?, ¿la harán más competitiva? ¿se reducen los puestos de trabajo temporales por cambios de nomenclatura, cuando debería ser por el incremento en la calidad de los puestos de trabajo? ¿están propiciando un salto en productividad? ¿nos hacen avanzar hacia una auténtica unidad de mercado? ¿están haciendo nuestras finanzas públicas más sostenibles?
Los líderes ejercen la responsabilidad e impulsan los cambios que transforman las sociedades no la diluyen entre escalones inferiores de la Administración. La responsabilidad del gobierno es ejecutar los fondos de manera eficaz y eficiente, y estamos muy lejos de ambas cosas.