El Gobierno del presidente Sánchez está desnortado y acorralado por los acontecimientos, tanto económicos como políticos, con la particularidad de que todas las decisiones que toma empeoran la situación. Ante ello, recurre a trucos de prestidigitación que cada vez tienen menos recorrido.
Ahora le toca el turno a demonizar la colaboración público-privada, de manera que pretende prohibir la derivación de pacientes de la sanidad pública a la sanidad privada para reducir las listas de espera, dejando esa opción para casos excepcionales. Eso recoge el Proyecto de Ley de Equidad Sanitaria, que no puede ir legalmente más allá y que, por ello, deja insatisfecho al Gobierno, especialmente a su parte podemita, que amenaza con no respaldar el proyecto en su tramitación parlamentaria.
En cualquier caso, aunque no saliese adelante es una barbaridad. En primer lugar, hay dudas jurídicas de que realmente pueda llegar a prohibir la mencionada derivación de pacientes, pero, si pudiese sería un error económico, porque está más que demostrado que la colaboración público-privada permite obtener mejores resultados y llevar a cabo inversiones públicas, especialmente en tiempos de estrechez presupuestaria, como los que vendrán no tardando mucho, pero al Gobierno le da igual.
El querer ignorar esta realidad e insistir en el error de no querer la colaboración público-privada sólo encarecerá las actuaciones, las retrasará y hará que sea más complicado realizar la inversión por falta de fondos, que con la colaboración público-privada se pueden adecuar -los desembolsos- a un calendario más cómodo. ¿Por qué inciden, entonces, en ello? Porque es un elemento de distracción sobre su equivocada política económica, la que hace que España sea la economía que más tarde esté recuperándose, la que sufra una de las mayores inflaciones y la que ve cómo se empobrecen más sus familias y pierden más competitividad sus empresas como consecuencia de una política energética fracasada, que hace perder poder adquisitivo a los agentes económicos de manera acelerada.
Para tapar todo ello, buscan un culpable y recurren a lo de siempre: la culpa es del sector privado y del liberal-conservadurismo, pues no soportan que se demuestre que se puede gestionar de otra manera, con una gestión más eficiente.
Dentro de ello, rescatan su obsesión con la sanidad, donde los socialistas y toda la izquierda insisten, una y otra vez, en decir que se ha privatizado, que se han eliminado recursos del sistema y que se han recortado inversiones. Sin embargo, los números los desmienten. Las matemáticas tienen una gran cualidad: hablan un lenguaje que no se puede interpretar, sino que muestran lo que es.
Así aumentan los recursos gracias a la privada
¿Cuál es el mejor ejemplo, por su dimensión, de las colaboraciones público-privadas? La gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid que tuvo su mayor éxito y profundización entre 2008 y 2015. ¿Ha debilitado eso la sanidad madrileña? Para nada: simplemente comparando los presupuestos de legislaturas finalizadas, podemos ver que de 2007 a 2019 -último año no afectado por la pandemia, para que no haya distorsión en los datos- los recursos sanitarios se incrementaron notablemente. Es decir, hay colaboración público-privada, pero eso no hace que se haya una sanidad con menos recursos.
Eso muestra que pese a la dura crisis económica que España atravesó entre 2007 y 2015, el gasto sanitario siempre fue prioritario. Si en 2007 había ocho nuevos hospitales, en 2015 llegaron a ser doce los hospitales nuevos abiertos por Madrid.
Esos doce nuevos hospitales son los que han hecho posible que, pese al colapso provocado por el coronavirus, pueda haberse atendido adecuadamente a los pacientes hasta que llegase el refuerzo del hospital de campaña instalado en Ifema. Son doce hospitales que han salvado, salvan y salvarán muchas vidas, miles de vidas. Y cada vida es un tesoro.
De la misma manera, en todo el período de dicha era, aumentó el número de médicos en 3.300, desmintiendo otras de las falsedades esgrimidas ahora por quienes quieren tapar incompetencias propias o de sus allegados políticos. Esos 3.300 médicos adicionales constituyen unos recursos humanos imprescindibles para luchar contra esta enfermedad y cualquier otra a la que nos enfrentemos. Además, la red asistencial sanitaria aumentó en noventa sus centros de salud, reforzando, así, los centros de atención primaria y especializada.
Es más, si analizamos el número de médicos en establecimientos sanitarios con régimen de internado, vemos cómo evolucionan desde 10.393 en 1995 hasta 20.858 en 2015, al final de dicho período.
Todo ello, se hizo con la aplicación de una de las posibilidades que da la teoría de la elección pública a la hora de decidir cómo gestionar y producir los bienes públicos, donde la disyuntiva se encuentra en si los produce el sector público directamente, o el sector privado, siempre bajo la financiación y provisión pública de dichos bienes, que son y seguirán siendo públicos.
Por tanto, a la hora de tomar esta decisión, la Comunidad de Madrid y, concretamente, la Consejería de Sanidad, se basó en el análisis de comparación entre los distintos modelos de gestión, tanto desde el punto de vista del coste, como desde el punto de vista del servicio, con la premisa de no menoscabar ni un ápice el servicio ni la cobertura del mismo, pero abaratando el coste, para ahorrar fondos a los ciudadanos, que financian la Sanidad y otros servicios con sus impuestos, sin disminuir en nada ni la calidad ni la cantidad de prestaciones sanitarias, para poder emplearlos en incrementar los servicios sanitarios. Es decir, se trataba de hacer más con los mismos recursos, de ser más eficientes para poder prestar más servicios. No eran recortes ni privatización, como siempre repite el mantra de la izquierda. Se trataba, en definitiva, de garantizar y mejorar la sostenibilidad del Sistema Sanitario, de la excelente sanidad madrileña de la que gozan los ciudadanos, de asegurar que se iba a poder seguir prestando en el futuro.
A los ciudadanos les es indiferente quién prepara la comida, quién realiza la labor de lavandería o si la gestión del hospital la realiza directamente la Comunidad de Madrid, el sector público, o si la realiza una empresa a la que se le encarga la prestación del servicio.
Lo que los ciudadanos quieren es poder seguir gozando de los mismos servicios, con la misma calidad, que lo que pagan con sus impuestos dé sus frutos en forma de unos servicios excelentes, y que los sigan atendiendo a todos. Y, precisamente, esta reforma sanitaria es lo que garantizaba: que gracias a los ahorros que se conseguirían por la vía de la eficiencia, este sistema sanitario sería viable y podrían seguir disfrutando de él todos los ciudadanos de manera reforzada. Tan sencillo como eso.
Es falso que la sanidad le cueste más o sea peor, que es lo que pretende dar a entender la medida que el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros, para su tramitación parlamentaria, debido a la externalización. Todo lo contrario: los datos son los que muestran cómo la externalización de la gestión de este servicio público consigue importantes ahorros sin menoscabo en lo más mínimo del servicio sanitario que reciben los ciudadanos.
Ahorro para el contribuyente, no para el paciente
Se puede realizar una comparación homogénea y ortodoxa, comparando hospitales equivalentes, con similar tamaño, similar cartera de servicios y similar tramo de población, uno de cada modelo de gestión.
Un hospital con los servicios externalizados es el hospital Infanta Elena de Valdemoro. Un hospital comparable con gestión pública directa es el hospital del Tajo. Ambos hospitales tienen un tamaño similar, con una población semejante –algo mayor el externalizado- e idéntica cartera de servicios.
El ahorro en gasto sanitario es de 18 millones de euros al año gracias a la externalización.
El ahorro en coste per cápita asistencial de los pacientes es de 459 euros al año gracias a la externalización.
El número de personas que se pueden atender en el hospital externalizado con el coste del hospital no externalizado es del doble (es decir, el menor coste del externalizado permite atender al doble de pacientes por el mismo coste):
El servicio externalizado mejora la atención, ya buena de por sí, de los no externalizados, de manera que las reclamaciones por 10.000 habitantes bajan de 22 a 3.
Y no hay menor satisfacción por parte de los pacientes, sino todavía mejor, al pasar de un 93% en el hospital no externalizado al 95% en el externalizado.
Con esas ganancias de eficiencia, bienestar y servicio es con lo que quiere acabar el Gobierno, en lo que constituye un error económico y un elemento de distracción más para que los ciudadanos no perciban la incapacidad del Ejecutivo de solucionar los problemas económicos que tenemos.