Se avecina un problema de proporciones épicas merced a la gestión de los fondos europeos que llegan al amparo del Plan de Recuperación Trasformación y Resiliencia, plan país, para la gestión y distribución de esos fondos. De este plan cuelgan las distintas iniciativas que canalizan los fondos hasta los proyectos finales que pongan en valor esa liquidez para impulsar proyectos que logren la transformación de España. Al menos eso es lo que está sobre el papel. Esos vehículos tienen nombres que nos suenan a todos. Aquí encontramos los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) o los MRR (Mecanismos de los fondos de recuperación y resiliencia).
El problema básicamente radica en que el Gobierno no tiene un criterio homogéneo a la hora de configurar los mecanismos para el reparto de estos fondos y esas diferencias de criterio puede convertirse en un auténtico freno a la inversión.
La madre del cordero es el IVA de los proyectos. Evidentemente, todos los proyectos que se pongan en marcha llevan su IVA correspondiente. Como la Comisión Europea no ha fijado un criterio al respecto, es cada estado miembro el que decide qué tratamiento darle. En España, la decisión parece que es soberana de cada Ministerio. Así, de repente la secretaría de Estado de Turismo comunica a las comunidades autónomas y entes locales que el IVA será elegible para los proyectos relacionados con su ministerio. Esto significa que el IVA puede ir con cargo a los propios fondos que vayan a financiar los proyectos.
Sin embargo, otras consejerías que han cursado su correspondiente consulta, han obtenido una respuesta contraria. Es el caso del Ministerio de Transportes, o del Ministerio de Derechos Sociales, que han dejado claro que el IVA no entra dentro de los costes elegibles en los proyectos a financiar con cargo a los fondos europeos por lo que cada entidad, organismo o empresa ejecutora será la que tenga que acarrear con el pago del impuesto.
Fuentes consultadas por Libre Mercado advierten que, al final es la comunidad autónoma quien termina asumiendo ese coste. Teniendo en cuenta el volumen de la cuantía de los fondos, fuentes de distintas administraciones autonómicas en España se quejan, en conversación con Libre Mercado, del problema que les ocasiona ya que supone un gasto muy elevado y no contemplado en presupuestos.
Fuentes autonómicas recuerdan que, de momento, de los 70.000 millones a fondo perdido que llegarán a España, las comunidades autónomas gestionarán 21.000. Si tienen que asumir el IVA de esa cantidad y estimando un IVA del entorno del 15%, las CCAA tendrían que asumir un coste de 3.150 millones de euros que no está presupuestado. (Estimamos el 15% de promedio, porque las acciones que contemplan estos proyectos tienen distintos tipos impositivos.)
Cómo funciona el mecanismo
La vía en la que la Administración General del Estado drena el maná europeo hasta las administraciones autonómicas y locales encargadas de adjudicar los proyectos son los famosos fondos Next Generation. Éstos constituyen la vía de financiación hasta las Comunidades Autónomas y entidades locales, encargadas posteriormente de poner en marcha los famosos MRR, (Mecanismos de Recuperación y Resiliencia).
Pues bien. La realidad es que dependiendo de la consejería que elabore el MRR de turno tendrá que provisionar, o no, el IVA de los proyectos con cargo a recursos propios, o bien podrá sufragarlos con cargo a los propios fondos europeos.
Malestar en las comunidades autónomas y silencio en Hacienda
Libre Mercado ha tenido acceso a una carta dirigida por la Comunidad de Madrid al Ministerio de Hacienda pidiendo claridad en el mecanismo y un criterio homogéneo que permita saber a qué atenerse ya que la factura para las comunidades autónomas si finalmente tienen que hacer frente al pago del IVA es enorme. En el caso de la Comunidad de Madrid está estimada en 250 millones de euros.
Es más, comunidades autónomas como Madrid ya advierten de que "se están produciendo complicaciones derivadas" de esta ausencia de criterio homogéneo y por eso pide una "aclaración formal al respecto".
Fuentes de la Comunidad de Madrid confiesan a LD que pese a que cursaron esta consulta formal en el mes de marzo, todavía no han obtenido respuesta. Lo mismo ha pasado con Libre Mercado que lleva varios días esperando respuesta del ministerio de María Jesús Montero, sin mucho éxito. "Ninguna novedad, no ha habido contestación. Día a día constatamos que el criterio varía en función de la conferencia sectorial de que se trate", dicen fuentes de la consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.
El propio consejero Javier Fernández Lasquetty confiesa a Libre Mercado que "es desesperante la incompetencia de las ministras de Economía y Hacienda. Si el IVA no entra como gasto financiable con los fondos europeos es un golpe muy fuerte e inesperado para las arcas de las comunidades autónomas. Ni siquiera se toman la molestia de contestarnos."
Consecuencias
Fuentes consultadas entre los cuadros técnicos de distintas comunidades autónomas, destacan que esta falta de unidad de criterio y ante el hecho de tener que provisionar el IVA de buena parte de los proyectos financiados con cargo a los fondos europeos, temen que muchos de estos proyectos terminen sin adjudicarse por no contar con presupuesto suficiente para asumir el gasto extra derivado de estos proyectos.
Otra de las consecuencias negativas es el agravio comparativo para muchas comunidades autónomas ya que financiarán vía IVA al Estado sin que éste les compense por ello.
En definitiva una disparidad de criterio que ya está generando problemas de ejecución de los planes derivados de la llegada de los fondos y abona ineficiencias a futuro merced a los apuntes a cuenta del IVA de los mismos que puede no llegar a las arcas del Estado e ingresar directamente en el capítulo de déficit.
Desde el prestigioso despacho Balms Abogados, su presidente Juan Luis Balmaseda de Ahumada Díez y su asesor fiscal, Alejandro Azcona, han analizado en un extenso artículo la normativa que intervienen en la concesión de fondos europeos y establecen que "el beneficiario estará obligado abonar los gastos no subvencionables como las cuotas del IVA cuando éste tenga el derecho a su deducción, y cederá el derecho a cobro del importe subvencionable a favor del agente digitalizador".