La Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles una nueva batería de rebajas de impuestos para favorecer la natalidad y ayudar a las familias. La nueva normativa contempla una mayor deducción en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos, que pasa de 600 a 700 euros durante los tres primeros años para sumar 300 euros para cada familia. También se mejora la tributación por el cuidado de hijos menores de tres años, con una reducción del 25% de las cotizaciones a la Seguridad Social por la contratación de cuidadores.
En lo que se refiere a las ayudas para el acceso a la vivienda, se amplían tres beneficios en el impuesto de la Renta para facilitar la adquisición por parte de los más jóvenes. La primera por la compra vinculada a un nacimiento o adopción (10% con un límite anual de 700 euros); la segunda sobre el pago de intereses de préstamo hipotecario por el mismo motivo (25%, hasta un máximo de 1.000 euros al año); y la tercera por el alquiler de un hogar (1.200 euros de tope, un 20% más que en la actualidad).
Por último, se prevé una nueva deducción para las familias numerosas, que pagarán sólo la mitad de la cuota autonómica del IRPF durante 3 años o quedarán exentas en el caso de las de carácter especial. Además, se equipará las bonificaciones en el impuesto de Sucesiones y Donaciones a los menores acogidos y tutelados.
Esta batería de medidas, anunciadas en el programa de investidura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, beneficiarán a cerca de 100.000 ciudadanos, con un ahorro tributario de aproximadamente 34,7 millones de euros.
Deflactación del IRPF
Estas nuevas bajadas de impuestos se suman a las llevadas a cabo por el Gobierno madrileño para reducir la carga fiscal a los contribuyentes. En enero pasado entró en vigor la rebaja de medio punto en todos los tramos autonómicos del IRPF, la mayor que se ha realizado hasta la fecha, que afectará a todos los niveles de renta y especialmente a los más bajos.
Además, la Comunidad de Madrid va a deflactar el tramo autonómico del impuesto para contrarrestar los efectos fiscales de la subida de los salarios, evitando así que se pague un mayor porcentaje tributario. Lo que se persigue, según la Comunidad, es que las familias cuenten con mayor nivel de renta disponible con la que poder hacer frente a la escalada de precios derivada de la inflación.