El pasado 12 de abril, el Gobierno español aprobó vía Real Decreto una modificación en el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes. Esta medida, implementada dentro de la conocida como ‘Ley de Interinos’, pretende, según Educación, "reducir la tasa de cobertura temporal" en la enseñanza "por debajo del 8%", desde el 23% actual.
Para lograrlo, el Real Decreto estableció importantes cambios, como que las fases de la oposición no tendrán carácter eliminatorio, que se suprimirá la parte práctica del mismo, y que los interinos podrán pasar a ser fijos, cumpliendo ciertos requisitos, sin necesidad de tener que examinarse.
Así, quedaron establecidos dos procesos de estabilización: uno ordinario basado en el sistema concurso-oposición, pero que favorece de manera especial a los interinos, y otro extraordinario dirigido a estabilizar la situación laboral de los interinos que llevan más años, contando estos con un procedimiento selectivo de ingreso consistente en un concurso de méritos distinto al del resto de aspirantes. Concretamente, este último sistema se basa únicamente en una valoración de méritos, prescindiendo del examen.
De esta manera, muchos docentes que hasta ahora se encontraban en situación de interinidad tendrán mucho más sencillo incorporarse a la plantilla pública regular.
El caso de Chile: ¿éxito o fracaso?
La reforma implementada por España sigue, en cierta medida, los pasos dados por la legislación chilena en el año 2015. Entonces, el congreso del país sudamericano aprobó una ley que obligaba a que todo el personal docente de las escuelas públicas contase con un contrato indefinido. Concretamente, se ofrecía esta ventaja a los profesores que ya tenían un contrato temporal y al menos tres años de experiencia consecutivos, o cuatro no consecutivos, en el año 2014.
Pues bien, siete años después, un grupo de economistas se han propuesto evaluar los efectos que esta medida provocó sobre los niveles de rotación del personal y su productividad.
En concreto, Ricardo Estrada, economista del Banco de Desarrollo de Latioamérica y María Lombardi, economista en la Universidad Torcuato Di Tella, han comparado, gracias al método econométrico de diferencias en diferencias, el desempeño de los docentes que lograron su plaza indefinida respecto a los temporales que no la obtuvieron al no alcanzar la antigüedad suficiente.
El primer hallazgo del estudio es que la mayor estabilidad laboral causó que la rotación del profesorado disminuyera un 25%. Es decir, los docentes abandonaban en menor medida sus puestos, ya fuera dejando el sistema educativo estatal o cambiándose a otro colegio público.
Ante esta circunstancia, los autores de la investigación se han preguntado si esta menor rotación pudiera deberse a una retención de los peores profesores (menos productivos y efectivos en su labor docente), ya que, de no haberse hecho obligatoria su contratación indefinida, los colegios hubieran optado por despedirles.
Y así fue. Los economistas han encontrado que, entre los profesores que tenían un desempeño más bajo previo a la ley (basado en una encuesta de evaluación), la total estabilidad laboral aumentaba sus probabilidades de quedarse en el centro y disminuía el desempeño de los alumnos en las pruebas estandarizadas de lengua y matemáticas.
Como conclusión de este experimento, los propios autores comentan en el blog económico Nada es Gratis que "la estabilidad laboral absoluta en el sector público es un arma de doble filo", ya que, si bien puede ayudar a retener el talento, también puede dificultar la posibilidad de despedir a los trabajadores con menor rendimiento. Especialmente, los economistas destacan que esto puede darse si los criterios para ofrecer estabilidad en el empleo dependen de la antigüedad en lugar del mérito.
Al respecto, los legisladores españoles harían bien en tomar nota de estos interesantes hallazgos en pro de una enseñanza y unos servicios públicos de calidad. El bienestar de los funcionarios nunca puede permanecer por encima de su óptimo compromiso y dedicación para con la ciudadanía, máxime cuando somos todos quienes les pagamos el sueldo.
