"Demasiado tarde". Así reaccionó el presidente de RWE, la eléctrica que opera los tres últimos reactores nucleares en Alemania, a las escasas voces que pedían en el país renunciar al plan de cierre ante la crisis energética abierta por la guerra de Ucrania y la dependencia del gas ruso. Los tres últimos reactores en marcha en el país dejarán de operar el próximo invierno y los preparativos emprendidos para su desactivación harían imposible, a estas alturas, dar marcha atrás. Lo mismo dijo Olaf Scholz cuando le preguntaron: afirmó que si se pudiera, no vería con malos ojos prolongar su vida "dos o tres años". Pero, dijo, tienen "barras de combustible" suficientes sólo hasta fin de año y se tardaría entre 18 meses y dos años, aseguró, en conseguir más.
España, al contrario de otros países que sí han puesto sus ojos en la energía nuclear, sigue también embarcada en un plan para clausurar los siete reactores nucleares que tiene hoy por hoy en funcionamiento y se encontrará en poco tiempo en la misma situación. Dos se clausurarán en esta década: Almaraz I (2027) y Almaraz II (2028). Los otros cinco, en la década de los treinta: Ascó I (2030), Cofrentes (2030), Ascó II (2032), Vandellós II (2035) y Trillo (2035). Así lo recoge el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y así lo desarrolla el borrador del Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, aún pendiente de aprobación pero que incluye la estrategia de cierre de todos los reactores nucleares españoles.
"La estrategia del país consiste en el desmantelamiento total e inmediato de las centrales nucleares", recoge el documento, que especifica los largos plazos de preparativos y planificación. "Las labores previas" al fin de la explotación deben iniciarse "entre tres y, preferentemente, cinco años antes de la fecha de cese definitivo". Después, las tareas de desmantelamiento se desarrollarán durante unos diez años. El Ministerio estima que son necesarios un mínimo de tres años de preparativos "para diseñar y planificar adecuadamente el desmantelamiento", que las empresas titulares deben abordar con Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de residuos. El documento habla de "actividades preparatorias", planes de gestión del combustible, "planificación" y ejecución de las obras y la transferencia de la titularidad de las instalaciones. Un proceso complejo que implica que España, poco a poco, se queda sin tiempo de maniobra para una hipotética marcha atrás en el apagón nuclear, una energía que sigue aportando un 20% de la electricidad en España.
Uno de los aspectos más relevantes de la planificación de una central es la provisión de combustible. Según explica a LD el divulgador Alfredo García (@OperadorNuclear), "se realiza con unos cuatro o cinco años de antelación". "Puesto que en cada parada de recarga se sustituye un tercio de los elementos combustibles, los diseñadores de los núcleos calculan qué nivel de enriquecimiento deberán tener los elementos nuevos que se instalarán en los ciclos siguientes y se lo solicitan al fabricante". Otro son las inversiones: ante un horizonte de cierre, "como es lógico", cuando se decide una parada del reactor "sólo se renuevan los equipos que recomiendan los fabricantes, pero se detienen las mejoras de diseño que permitirían funcionar más años".
El año clave, 2023
Según todo esto, el "punto de no retorno" para Almaraz I, la primera central en cerrar según el calendario del Gobierno, "se dará en 2023", estima García, que señala que el acuerdo de cierre "se debe revisar precisamente en 2023". "Si no se cancela o aplaza el plan de cierre, será inevitable que Almaraz I deje de funcionar en 2027", explica, recordando que "ocupó recientemente el primer puesto de WANO, la Organización Mundial de Operadores Nucleares, un ranking en el que se valora la seguridad y la fiabilidad de las plantas de todo el mundo".
"Espero que se imponga la cordura y aprendamos de la desagradable experiencia de Alemania, que aunque nunca ha dejado de quemar carbón (el año pasado produjo el 28% de su energía eléctrica), está reabriendo centrales de carbón para cubrir los posibles cortes de gas, tras cerrar 14 reactores nucleares más los 3 últimos a finales de año", apunta.
Desde la Sociedad Nuclear Española, se defiende que las centrales nucleares españolas pueden alargar su vida útil "hasta los 60 e incluso hasta los 80 años". Ponen de ejemplo a lo que ha hecho EEUU "con buenos resultados": "Nuestras centrales son de diseño básicamente americano", recordó Beatriz Liébana, presidenta del Comité Organizador de la reunión anual de la institución.
Su presidente, Héctor Dominguis, señaló hace unos días en unas jornadas sobre energía en el Congreso que "España está en un momento en que no puede permitirse el lujo de prescindir de la energía nuclear" y defendió que continuaran funcionando 20 años más, con un marco regulatorio adecuado. Afirmó que las centrales nucleares en España son más seguras y eficientes que cuando empezaron a operar hace treinta años, e insistió en que pueden estar activas al menos veinte años más.
Sobre las posibilidades que aún tendríamos de dar marcha atrás, García asegura que "las principales inversiones necesarias para la operación a largo plazo, más allá de los 40 años previstos inicialmente, ya están realizadas, así que podrían seguir funcionando, manteniendo la renovación constante de equipos según los plazos marcados por los fabricantes y la normativa nacional e internacional, pero sin grandes inversiones adicionales".
En cuanto a un futuro sin nucleares, desde el sector se defiende que el cierre abocaría a una mayor dependencia del gas natural. Así lo señalaba un informe de la Agencia Internacional de la Energía sobre España publicado el pasado otoño que avisaba de que cerrar las nucleares incrementará la demanda de gas (y por tanto la factura de la luz) y también advertía sobre los crecientes costes en tasas e impuestos que soportan las empresas que operan los reactores y que podría llevar a cierres anticipados que complicarán aún más el panorama energético.
No del Gobierno
El Gobierno, mientras, sigue rechazando la posibilidad de alargar la vida útil de las centrales. Esta misma semana, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, zanjó el tema afirmando que "no tiene sentido jugar con hipótesis que no están encima de la mesa".
También esta semana, la oposición trató de introducir el debate con la presentación, por parte del PP, de una moción en el Congreso para lograr un Pacto de Estado con el fin de revisar el calendario de cierre. La moción, que contó con el apoyo de Vox, no prosperó: 17 diputados, de PSOE, ERC, Izquierda Confederal, Teruel Existe y Junts per Cat, votaron en contra.