La expropiación de viviendas en Berlín está más cerca que nunca. Esta iniciativa, respaldada por el 56,4% de los berlineses en un referéndum celebrado el 26 de septiembre de 2021, contempla que el Ayuntamiento adquiera con dinero público alrededor de 240.000 viviendas, que pasarían a estar gestionadas por una empresa municipal.
El resultado de la votación, que no era vinculante, se fue desinflando hasta que hace unos días el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) de Berlín decidió seguir adelante con la ley de expropiación, al contar con el visto bueno del 65% de los delegados en la conferencia estatal del partido.
Este posicionamiento sorprende por la postura mostrada hasta ahora por la alcaldesa socialista de Berlín, Franziska Giffery, que gobierna en coalición con la izquierda radical Die Linke y los verdes. Giffery no hizo campaña en favor de las expropiaciones, declaró que nunca las llevaría a cabo y puso en duda su encaje con la constitución alemana. Ahora, el posicionamiento a favor por parte de su partido abre la puerta a que comience a tramitarse un proyecto de ley orientado a expropiar miles de viviendas en Berlín.
Ataque a la propiedad privada
Según la iniciativa original, el proceso de expropiación forzosa se realizaría sobre aquellas viviendas en manos de las empresas inmobiliarias privadas que posean más de 3.000 inmuebles en propiedad. A este respecto, el principal objetico sería la inmobiliaria Deutsche Wohnen, propietaria de más de 110.000 pisos en la capital alemana. Asimismo, la indemnización se situaría "muy por debajo del valor de mercado", y la administración de las propiedades contaría con una "participación democrática mayoritaria de las sociedad urbana y los inquilinos".
Este nuevo frente legislativo en materia de vivienda llega después de que el Tribunal Constitucional alemán anulara en 2021 el tope al precio de los alquileres en Berlín, una medida que provocó que la oferta de vivienda se redujera en un 40%.
Tal y como explicó Libre Mercado, la propuesta de expropiación en Berlín, que Podemos pretende importar a España, adolece de grandes problemas. Además de las dificultades legales para implementarla, no atajaría los problemas del alquiler en la capital alemana, supondría un coste inasumible para las arcas públicas y mermaría la seguridad jurídica.
