El último dato de PIB —0,2%— ha terminado de convencer a Pedro Sánchez de que el INE no va a colaborar en su empeño de negar la crisis. Y, como ya afirmara con la Fiscalía, quiere que dependa en el día a día de él. Por eso prepara ya una remodelación de los indicadores económicos que pasan por manos del INE, que tienen una fuerte repercusión en la opinión pública y que no quiere que revelen el fuerte deterioro del poder adquisitivo en el que se sumerge España.
El plan del Gobierno afecta a tres indicadores. PIB, IPC y EPA. Los tres de más relevancia en la opinión pública. Los que revelan la marcha de la actividad económica, de los precios y del paro. La labor del INE en esos indicadores se sujeta por completo al mandato del servicio estadístico europeo (Eurostat), pero es verdad que la elaboración y cálculo de estos indicadores se apoya en una parte estadística que permite cierta modulación. Y cuando el Gobierno se ve asfixiado por una crisis que ha negado, necesita cualquier ayuda.
Esa labor estadística es más evidente en la EPA, que se realiza por encuesta. Pero ese indicador tiene repercusión en los datos de consumo, que influyen a su vez en el PIB. Y el cálculo de los precios tiene una fase decisiva en la composición de lo que se denomina la cesta de la compra, donde la estadística vuelve a jugar un papel decisivo.
El plan del Gobierno pasa por retirar parte de ese peso estadístico y sustituirlo por lo que denominan big data y datos administrativos. Y en ese momento es donde la información remitida al INE por el Gobierno puede alterar los cálculos finales.
Traducido: sí. El Gobierno sí quiere un mayor control de esos indicadores clave en la percepción de la economía en la opinión pública.
"Nuevas fuentes de información"
El Ejecutivo, efectivamente, prepara un nuevo Estatuto para el Instituto Nacional de Estadística. Todo ello, según la versión oficial, con el fin de "reforzar y modernizar el Sistema Estadístico estatal". Y, además, unido a la aprobación en el Parlamento de una reforma de la Ley de la Función Estadística Pública.
Desde el Ministerio de Economía no ocultan que pretenden introducir la entrada de nuevas "fuentes de información" en los cálculos estadísticos y que habrá aportación en los indicadores de registros administrativos adicionales.
No se trata de la primera vez que los socialistas hablan de reformar los indicadores para que les salgan más favorables. El PSOE, de hecho, ha propuesto ya indicadores que alteren la realidad del PIB, EPA e IPC y que lo hagan evaluando lo que denominan ellos como "progreso justo", "bienestar económico", avance "social" y hasta mejoría "medioambiental de la ciudadanía". Toda una mezcla de supuestos datos con un único fin: contradecir la realidad del frenazo económico y de la pérdida de poder adquisitivo.
El Gobierno, de hecho, ya ha dado muestras de sus deseos con su nuevo dato diario, un cálculo que ha sido criticado por la inmensa mayoría de economistas.
Una de las proposiciones de los socialistas, de hecho, llegó a presentarse bajo el nombre "Más allá del PIB". Y el plan incluía un nuevo indicador justificado por la adaptación a "los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030". Y su texto aseguraba que era "un proyecto político elaborado para el desarrollo de las personas, cuidar nuestro planeta, poder alcanzar niveles de prosperidad y fortalecer la paz universal y la justicia social". Porque "la introducción de nuevos indicadores" debía realizarse para, según sus argumentos, poder "medir las anteriores variables" para "generar una aproximación más exacta del progreso de las sociedades donde vivimos".