Como cada año, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) acaba de presentar su estudio anual "El absentismo laboral derivado de incapacidad temporal por Contingencias Comunes. Ejercicio 2021 y avance del primer cuatrimestre de 2022". Informe que da cuenta del progresivo deterioro de las cifras de absentismo por baja médica por Contingencias Comunes, un deterioro que lastra las ya de por sí deficitarias cuentas de la Seguridad Social y que penaliza la competitividad de nuestro tejido productivo.
AMAT cifra el coste de las bajas médicas por Contingencias Comunes en 106.302 millones de euros en el año 2021, lo que supone un incremento del 16,04% y 9,79% respecto a los ejercicios 2020 y 2019. La citada cifra se desglosa de la siguiente manera: 9.731millones de euros con cargo a las Mutuas de Accidentes de Trabajo en concepto de prestaciones por incapacidad temporal, 9.131 millones de euros de coste directo para las empresas (por el pago de la prestación económica entre el día 4 y el 15, las cotizaciones, y los complementos y mejoras) y 87.439 millones de euros por el coste de oportunidad perdido por las compañías en términos de la producción de bienes y servicios que se dejaron de producir y prestar los empleados que estuvieron de baja. Ello eleva el coste de las bajas médicas por Contingencias Comunes hasta el 7,27% del PIB registrado en el año 2021.
Por si esto fuera poco, en los primeros cuatro meses de 2022 se está observando un empeoramiento preocupante de las cifras, así, el gasto por la prestación de incapacidad temporal soportado por las Mutuas de Accidentes de Trabajo por Contingencias Comunes ha aumentado un 12,09% en el primer cuatrimestre del ejercicio 2022 respecto al primer cuatrimestre del ejercicio precedente. Igualmente, el coste directo a cargo de las empresas ha aumentado un 21,37%.
Ante este panorama de descontrol del gasto provocado por las bajas médicas cabe preguntarse qué podemos hacer, si es que puede hacerse algo. Bueno, pues para ello vamos a centrarnos en analizar qué es lo que sucede con esas mismas bajas médicas cuando quien las gestiona no es la Seguridad Social a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social y los Servicios Públicos de Salud de las correspondientes Comunidades Autónomas, sino las propias Mutuas de Accidentes de Trabajo.
Para que no haya lugar a comparar peras con manzanas, sino que comparemos datos homogéneos, vamos a coger los datos de la duración media de las bajas médicas de los veinte diagnósticos más frecuentes de las patologías traumatológicas, distinguiendo aquellas que lo son por Contingencias Comunes (gestionadas por el INSS y los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas) de aquellas que lo son por Contingencias Profesionales (gestionadas por las Mutuas de Accidentes de Trabajo). Es decir, entre las gestionadas por la Seguridad Social y las gestionadas por las Mutuas de Accidentes de Trabajo. Pues bien, las bajas médicas de la especialidad de traumatología de los veinte diagnósticos más frecuentes duran 73,15 días sin son por Contingencias Comunes y sólo 36,63 días si lo son por Contingencias Profesionales. O sea, que las Mutuas curan a los trabajadores en 36,52 días menos y, en consecuencia, la convalecencia de los trabajadores tratados por las Mutuas dura menos de la mitad que quienes son atendidos por la Seguridad Social.
Como hemos visto, ante identidad de diagnósticos, las Mutuas de Accidentes de Trabajo se demuestran más ágiles en la resolución de los problemas de salud de los trabajadores, logrando su curación en casi la mitad de tiempo, de lo que se deriva una mejora de en la calidad de vida de los pacientes, un menor gasto de las ya depauperadas arcas de la Seguridad Social y una mejora de la competitividad de las empresas españolas. Todos salimos ganando.
De lo anterior se deduce la necesidad de adoptar, para la gestión de las Contingencias Comunes, los criterios y mecanismos que aplican las Mutuas en la gestión de las Contingencias Profesionales. Es decir, avanzar en una convergencia de los modelos, suprimiendo la inequidad que supone que un trabajador tarde el doble en curar sus lesiones por el mero hecho de haberse caído en casa o dando un paseo en vez de en el centro de trabajo.
Sin embargo no es eso lo que está sucediendo, ya que todas las reformas legislativas adoptadas desde la época de Zapatero hasta la actualidad, pasando también por la de Mariano Rajoy, han ido encaminadas en la dirección contraria: en vez de aproximar el modelo de gestión de las Contingencias Comunes al de las Contingencias Profesionales, han ido reduciendo la capacidad de gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo a través de un proceso de paulatina funcionarización de sus estructuras y de pérdida de autonomía en la administración de las prestaciones que tienen encomendadas. Es decir, en vez de extender e imitar el modelo de éxito representado por las Mutuas, se les ha cargado a éstas de todas las características de ineficiencia y burocratización propias de la Administración, todo ello presidido por una total desconfianza gubernamental hacia el extraordinario papel que estas entidades juegan en nuestro sistema sanitario y de protección social.
Como recoge el propio informe de AMAT "resulta necesario que, por parte del legislador, se reflexione con cierta urgencia sobre la viabilidad del actual modelo de gestión de la prestación de incapacidad temporal por Contingencias Comunes, y se impulsen todas aquellas medidas orientadas a una mejor gestión y control del absentismo, preservando siempre los derechos de los trabajadores, pero dirigidas a evitar, además de todos los gastos que son innecesarios, el uso inadecuado de esta prestación por parte de una minoría de los mismos, así como a reducir las cargas administrativas y burocráticas que, en muchos casos, conducen a una duración superior de los procesos a lo que realmente sería necesario. Todo lo anterior se ve significativamente agravado con la carga asistencia de los Servicios Públicos de Salud materializada en las conocidas "listas de espera"".
Esos cambios legislativos deberían tratar de poner fin al desdoblamiento existente entre quien reconoce la prestación (Servicio Público de Salud) y quien asume las consecuencias económicas de la misma (Mutuas de Accidentes de Trabajo), permitiendo que las Mutuas puedan expedir altas médicas, al menos en los diagnósticos de traumatología, y permitirles adelantar pruebas y tratamientos sin más trámite que el propio consentimiento del paciente, lo que redundaría en una reducción de las listas de espera, tanto de los trabajadores afectados como del resto de la población, que vería cómo la tensión asistencial en los Servicios Públicos de Salud se relajaría gracias a la mayor participación de los servicios médicos de las Mutuas. Estas dos medidas estrella irían acompañadas de más de treinta propuestas concretas que AMAT detalla en su informe, una batería de medidas que realmente podrían atajar la lacra del absentismo desbocado que padecemos y que castiga tanto al trabajador, que ve como la resolución de sus problemas de salud se eternizan, como a las menguantes cuentas de la Seguridad Social y a la competitividad de la economía y del mercado laboral español. Pero me temo que para ver eso tendremos que esperar a la llegada de un gobierno distinto al actual y con agallas, con muchas agallas.