Terremoto político en Estados Unidos. El Tribunal Supremo, que hace escasos días se pronunció acerca del aborto y del derecho a portar armas, ha emitido también un pronunciamiento que viene a limitar el poder de la Agencia de Protección Medioambiental (Environmental Protection Agency o EPA) para aplicar límites a las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.
La corte, que pasó a tener una mayoría de magistrados conservadores bajo gobierno de Donald Trump, no considera que la imposición de limitaciones a las emisiones de CO2 sea ilegal, pero sí niega que tales restricciones se puedan aprobar por la vía Ejecutiva, a través de una mera decisión administrativa de una agencia dependiente del gobierno, tal y como se venía haciendo.
Según el Supremo, la EPA no tiene autoridad para introducir este tipo de mandatos, de modo que dicha autoridad recae sobre el Congreso, donde los demócratas no cuentan con suficientes votos para mantener en pie las normas que, hasta ahora, estaban desarrollando a través de dicha rama del Ejecutivo. La situación puede ir a peor para la izquierda en noviembre, puesto que se espera un avance de los republicanos en las dos asambleas, la Cámara de Representantes y el Senado.
Los demandantes
El caso que ha llegado al Supremo emana del Estado de Virginia Occidental, pero también contaba con el apoyo de otros territorios de la Unión, caso de Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Georgia, Indiana, Kansas, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Texas, Utah y Wyoming.
A la larga lista de Estados que plantaron cara a la EPA desde un primer momento se le sumó poco después Dakota del Norte. Además, la demanda contó con la participación de dos grandes compañías del sector de la minería de carbón, The North American Coal Corporation, una histórica empresa fundada en 1913, y Westmoreland Mining Holdings, que hunde sus raíces en una sociedad de mediados del siglo XIX.
La demanda recalcaba la ausencia de autoridad constitucional en la que habría incurrido la EPA al determinar límites en materia de emisiones. Se trata de una agencia gubernamental que cobró especial peso bajo gobierno de Barack Obama y que volvía a estar de plena actualidad desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca. Además, alegaba que las decisiones de la EPA suelen carecer de una reflexión sobre los costes socioeconómicos de sus reglas y limitaciones.
Según el Supremo, estos miedos estaban fundados y la EPA deberá abstenerse de imponer restricciones que no cuenten con el debido respaldo legislativo. Hablamos, pues, de una histórica victoria para los territorios y empresas demandantes, que rechazan abiertamente la agenda "verde" de Biden y prefieren diseñar una política energética menos costosa y más eficiente.
Otro de los grandes triunfadores con esta decisión es el ex presidente Donal Trump, cuyo gobierno había emitido una orden con la que pretendía arrancar a la EPA su capacidad de decisión en campos como la regulación de las emisiones de las centrales eléctricas. Las disputas legales que desató aquella medida quedan ahora resueltas según el criterio del ex mandatario republicano, que se ha visto respaldado por seis de los nueve magistrados de la sala.
No solo esto, sino que esta decisión puede tener implicaciones similares en otros campos donde el gobierno federal ha venido desarrollando su propia agenda intervencionista. Es el caso de la alimentación o la salud, donde las agencias dependientes del Ejecutivo han pasado de realizar labores de supervisión a adoptar un papel directamente involucrado en la introducción de requisitos, limitaciones o normativas varias.