El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, presentaron durante la mañana del 6 de julio el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2021, un estudio en el que se analiza la posición de España en materia de derechos de propiedad, así como la normativa reciente en materia de vivienda que puede afectar a este derecho.
Ambos expertos han destacado la importancia que tiene la salvaguarda del derecho de propiedad para el desarrollo y la prosperidad de las sociedades, en la medida en que su adecuada definición y protección, favorece tanto una reducción de los costes de transacción como una asignación eficiente de los recursos, estimulando la innovación, y mejorando la productividad, el funcionamiento de la actividad empresarial y el crecimiento económico a largo plazo.
Los resultados del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) elaborado por la Property Rights Alliance, y cuyo seguimiento y difusión en España realiza el Instituto de Estudios Económicos, ponen de manifiesto que la situación de España en este ámbito continúa presentando un notable margen de mejora, en tanto que se mantiene en la zona baja de la clasificación, ocupando la posición 26 de entre los 37 países considerados, claramente por debajo de la media de la OCDE y también del promedio de los países de la UE que pertenecen a dicha organización.
Peor que la UE y la OCDE
España presenta un resultado un 6,1% inferior al valor medio de la OCDE y un 5% por debajo de la media de la UE. Estas diferencias se agrandan sensiblemente al comparar los resultados de nuestro país con el de los mejores clasificados, siendo un 19,5% menor que Suiza, que es el país con los mejores resultados en la edición de 2021.
Esta situación se repite en los tres principales subíndices que conforman el trabajo, referidos al entorno legal y político, la propiedad material y la propiedad intelectual, en los que vemos a España situándose por debajo del promedio de la OCDE y de los países de la UE, y con brechas notables frente a las economías que mejor se comportan. La única excepción se encuentra en los mejores resultados que obtiene España en lo relativo a los registros de la propiedad, donde alcanza el séptimo mejor resultado a nivel mundial, y en la protección de patentes, superando en ambos casos el promedio de los países de la OCDE.
El IIDP evidencia el fuerte vínculo existente entre una mayor y mejor protección de los derechos de propiedad y un mayor grado de desarrollo económico y de prosperidad. Así, los países con mejores resultados en el IIDP, es decir, aquellos que mejor protegen la propiedad privada, presentan mayores niveles de PIB per cápita, menores tasas de pobreza, mayor competitividad, así como tasas más elevadas de innovación y menores ratios de corrupción. De hecho, el PIB per cápita medio de los países que están en la zona más alta de la clasificación a nivel mundial en el IIDP es diecinueve veces superior al de los países que presentan los peores resultados en este indicador.
La fiscalidad sobre la propiedad reduce el desarrollo efectivo del derecho de propiedad y afectan negativamente al uso eficiente de tales recursos, perjudicando la inversión y el ahorro, lo que deriva en menor crecimiento y menor generación de riqueza de una economía. En este sentido, si el índice Internacional de Derechos de Propiedad se calculase teniendo en cuenta el impacto de los impuestos sobre la propiedad, la puntuación promedio de la OCDE se reduciría en un 5,6%, pero este descenso sería más acusado, del 7%, en el caso de España, lo que pone de manifiesto que España tiene un régimen fiscal más lesivo para la propiedad, en términos comparados, que el promedio de las economías desarrolladas.