España ha empezado a recibir ya el zarpazo ecologista en el negocio del petróleo. La prospección es cada vez más complicada, pese a lo que España se ha convertido en un refugio para el refino en medio de una autodestrucción programada de este negocio en la UE. Los socios de Sánchez son conscientes de ello y han exigido ya que la Agenda 2030 pase de forma acelerada por encima de este negocio.
Los datos de este negocio absolutamente necesario hoy por hoy son alarmantes. La UE ha perdido el 10% de su capacidad de refino desde 2009. España ha conseguido esquivar el plan de autodestrucción programada y ha incrementado su capacidad de refino un 16% desde ese mismo 2009. Pero los ecologistas se han dado cuenta. Podemos y sus aliados en el Gobierno también se han percatado. Y el ataque político se dirige ya contra este refino. Porque saben que si permanece, toda la industria derivada sobrevivirá más tiempo y quieren acabar con todo el uso de combustibles fósiles. Y la exigencia de acelerar en este punto la entrada de la Agenda 2030 ya está encima de la mesa de Pedro Sánchez.
La UE ha aumentado, pese a esa autodestrucción, en 1,3% su demanda de combustibles (gasolina, diésel y queroseno) desde 2009. Y todo ello, ha llevado a la UE a importar el 18% del diésel que consume. ¿Y quién es el mayor suministrador? Cómo no, Rusia.
El precio del crudo Brent ha aumentado un 28% desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania (medido hasta el 15 de junio). Mientras, el precio del diésel en Europa ha aumentado un 66% desde el comienzo de la invasión (tomada la evolución hasta ese mismo 15 de junio). Pero, pese a ello, las presiones para acabar con el refino siguen en alza.
La industria del refino no es cualquier sector en España: genera empleo en 200.000 hogares. La venta de combustibles en España, de hecho, generó al Estado unos ingresos de 15.844 millones debido a la fiscalidad aplicada a los productos en el año 2020. Es decir, incluso en año de pandemia.
Es más, por cada litro de diésel o gasolina repostado, el cliente paga en impuestos 74 y 84 céntimos por litro, respectivamente (precios a 20 de junio) . Y la contribución de la industria del refino equivale al 1,5% del PIB nacional.
Pero, pese a ello, España alardea ya de contar con normas que combaten el petróleo. Con diez años de retraso (cinco desde que la fecha de aprobación del Acuerdo de París), el Congreso de los Diputados español alumbró el pasado año la Ley de Cambio Climático. Y uno de sus grandes apartados se centra en acelerar la sustitución de combustibles fósiles. Y una de sus grandes aportaciones inmediatas fue la prohibición de explorar nuevos yacimientos de petróleo y gas, y la imposición en 20 años de la prohibición de poner en el mercado nuevos vehículos turismos movidos por motores de combustión interna.
El respaldo a esa norma es fácil de adivinar: Unidas Podemos y PSOE, gracias a un texto apoyado por ERC, EH-Bildu, PNV y Teruel Existe. El PP, Vox y Más Madrid no lo respaldaron.