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EDITORIAL

El último ataque de Sánchez a la libertad y la prosperidad

Sánchez pide sacrificios, compromiso, solidaridad, pero se niega a recortar los gastos superfluos del Gobierno

Las medidas anunciadas por el Gobierno para cumplir con el compromiso con la Unión Europea de ahorrar un 7% de energía son un nuevo ejemplo de improvisación teñida de frivolidad e incompetencia. El apagón nocturno, el control del aire acondicionado en locales públicos y privados de toda índole, salvo hospitales y curiosamente las peluquerías, las trampas en la gratuidad con fianza del transporte público, la delirante regulación sobre las puertas... Todo ello remite a la manifiesta característica autoritaria del Ejecutivo.

Que todas las medidas propuestas por Sánchez desde la pandemia del Covid-19 hasta hoy hayan sido completamente ineficaces no impide que el Gobierno se empecine en cometer errores que nos están llevando de cabeza a la catástrofe económica y social. España es el país europeo con peores datos económicos tras la pandemia y lleva camino de repetir condición ante la inflación y la crisis energética. Al Gobierno encabezado por Pedro Sánchez le da lo mismo.

La fórmula sanchista de gestionar las crisis consiste en repercutir todos sus efectos en la ciudadanía, a la que exige sacrificios constantes a cambio de paro, inflación, pobreza e incertidumbre. Prohibir la iluminación de los escaparates, que tiene más efectos positivos sobre la seguridad ciudadana que sobre el comercio, de los monumentos o edificios singulares, o legislar a la cubana sobre los termostatos de centros comerciales, bares, restaurantes y cines es el último episodio de la peligrosa deriva contra las libertades y el progreso que ha adoptado Sánchez de grado y para satisfacer a sus socios, a quienes más conviene la destrucción de España.

Tras los más que cuestionables toques de queda y la mayoría de las medidas decretadas con la excusa de la pandemia, Sánchez reincide y plantea auténticas estupideces que sólo van a contribuir a empeorar las condiciones de vida de una ciudadanía flagelada por la pandemia primero y ahora por la inflación, que comenzó mucho antes de la invasión rusa de Ucrania.

Sánchez pide sacrificios, compromiso, solidaridad, pero se niega a recortar los gastos superfluos del Gobierno, a reducir ministerios, prescindir de gabinetes y renunciar a algunos de sus lujos pagados a costa del erario público. En todos estos años de dificultades, no ha adoptado ninguna medida de austeridad que afecte a su Ejecutivo. Ni una sola. Es más, ha contratado más asesores, ha incrementado su actividad aérea, ha cedido recursos vitales para disparates como la última campaña de Irene Montero y ha dilapidado ingentes fondos públicos para mantener el apoyo de sus socios proetarras y separatistas.

Las medidas decretadas ahora son tan molestas y dañinas para las actividades económicas como inútiles. Alemania recupera las minas de carbón. Las centrales nucleares francesas funcionan a toda máquina. Italia se aprovecha de la crisis española con Argelia para asegurarse el suministro del gas. Todos los países europeos adoptan medidas estructurales. Aquí se opta por apagar la luz en las calles y convertir el país en una recreación de la Albania comunista.

Y al igual que durante lo más crudo de la pandemia, Sánchez ordena y manda sin consultar con nadie. Ni siquiera con las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias para regular, por ejemplo, las condiciones ambientales de los locales de pública concurrencia. Ni siquiera se ha tomado la molestia de arbitrar con los gobiernos regionales las medidas que tales gobiernos deberían ejecutar y sancionar. Es el sistema de Sánchez, al más puro estilo bolivariano.

Los delirios sanchistas durante la pandemia han causado estragos en la economía y la historia se repite. Y como entonces, sólo la Comunidad de Madrid se alza ante el atropello contra las libertades de los españoles. Sólo en el momento en el que Sánchez prescinda de uno solo de los ministerios absurdos y absolutamente prescindibles que pueblan su Gobierno (aunque lo convierta en una secretaría de Estado) se podrán atender y debatir sus propuestas, pero con la prevención de que una medida razonable por su parte sería una excepción en el sentido literal, no en el ibérico.

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