Ha pasado casi un mes y medio desde que el Gobierno llevó a cabo el asalto a Indra de la mano de la vasca SAPA y Joseph Oughourlian (Amber Capital), colaborador necesario para el golpe de mano dado durante la Junta de Accionistas celebrado el pasado mes de junio.
Los golpistas llegaron a reconocer públicamente que conocían la estrategia que derivaría en el cese de 4 consejeros independientes para que la SEPI pasara a controlar el Consejo de Administración.
Tan burda fue la maniobra que el propio presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, expresó su preocupación al día siguiente de la Junta de Accionistas y, durante un acto público, señaló que su organismo sería diligente en la investigación de lo sucedido.
Por si la CNMV no tenía demasiadas pistas, los cesados dieron más, en sendas cartas publicadas por el regulador y en las que denunciaban el evidente pacto previo que existía entre SEPI, Sapa y El País para dar el golpe de mano en Indra y que constituiría un fraude de ley para sortear la norma que obligaba a la SEPI a lanzar una OPA por el 100% de la compañía.
Buenaventura fue taxativo en aquella comparecencia: tachó de "llamativa" y "preocupante" la maniobra y prometió estudiar el tema.
Pues bien, pasado ya mes y medio Libre Mercado se ha puesto en contacto con la CNMV para interesarse por esa investigación: "Se le ha reclamado información tanto a la compañía (INDRA), como a otras empresas y actores implicados (SEPI, SAPA y Amber Capital)", comentan. Sin embargo, no saben concretar cuándo terminará esa investigación ni qué documentos están manejando. También nos dicen que no hay un procedimiento estándar en estos casos, y advierten de que cada caso es particular y que están obligados a investigar lo sucedido con rigor.
Pero lo cierto es que la celeridad y diligencia que ha mostrado el regulador en otras ocasiones en nada se parece a lo que estamos viendo en esta. Algunas fuentes financieras consultadas por LM, recuerdan la operación de Abanca sobre Liberbank, en 2019 cuando la CNMV, entonces presidida por Albella, obligó a la entidad gallega a lanzar una OPA por el 100% de Liberbank, cuando ésta ya estaba en conversaciones con Unicaja.
La Ley de OPA dice que si un accionista, de forma individual o concertada, tiene más de un 30% de una compañía cotizada o nombra a más de la mitad de los consejeros, se entiende como una toma de control y requiere del lanzamiento de una oferta pública de adquisición de activos.
Las fuentes consultadas, tanto de la CNMV como del mercado, señalan que quizá el principal problema con el que se enfrenta el regulador es encontrar evidencias irrefutables de la concertación. Aunque las pruebas que obran en poder de la CNMV y que todos pudimos conocer, como las quejas de los cesados, además de la literalidad del anuncio de Amber Capital cuando dinamitó la Junta de Accionistas del pasado mes de junio, son evidencias más que suficientes para forzar una investigación. Es más, desde la CNMV recuerdan que nunca se ha podido corroborar este tipo de actuaciones.