El decreto de recortes de luz y gas de Pedro Sánchez ya vale para todo, excepto para ayudar a las familias y empresas a pagar los disparados costes e impuestos que soporta la energía. El decretazo recoge, sin saberse cuál es la conexión con cualquier cuestión que tenga algo que ver con la luz y el gas, todo un ejercicio de lavado de manos del Gobierno, que pide a los barcos que operan o faenan en aguas con piratas que se defiendan como puedan. Si quieren ir seguros frente al pirateo, tendrán que contratar seguridad privada. Y se refiere a todo tipo de barcos: incluidos los pesqueros, metaneros y petroleros.
Así, mientras el texto elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez alude al apagado de los escaparates, a los límites de la temperatura del aire acondicionado y de la calefacción, a los recortes de energía en la Administración y sectores privados, de pronto aparece una mención a los barcos que navegan por aguas con piratas.
El texto lo recoge de la siguiente manera: "Por otro lado, en el artículo 18 de este real decreto-ley se modifica el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, incluyendo una nueva disposición adicional trigésima sexta para permitir a las empresas navieras españolas contratar servicios de seguridad privada que aseguren su protección cuando naveguen por aguas con riesgo de cometerse actos de piratería y puedan prevenirlos por efecto de la disuasión o la repulsión".
Así surge el párrafo. Toda una declaración de lavado de manos en la protección de los barcos españoles. Porque, a partir de este momento, el Gobierno acaba de oficializar, en un decreto de ahorro energético, que el pesquero o barco turístico o de transporte de gas o petróleo o de cualquier otro estilo que quiera protección real tendrá que pagarla de su bolsillo y contratarla por su cuenta y riesgo.
"Mediante dicha disposición", prosigue el redactado de la norma teóricamente energética, "se pretende atender una necesidad ampliamente demandada por el sector marítimo español y otros sectores que se valen del transporte marítimo para el ejercicio de su actividad empresarial". La solución, por lo visto, es que cada cual busque su propia solución.
"En los últimos años se viene registrando en zonas concretas del planeta –significativamente en el Golfo de Guinea, Mar Rojo y en el denominado Cuerno de África– un creciente número de ataques piratas a buques mercantes y pesqueros, con riesgo para la integridad física de sus tripulantes y su impacto negativo en la libertad de navegación, en los intereses españoles, y en la seguridad de los buques de vinculación nacional de la región entre los que se encuentran los pesqueros, petroleros y gaseros", admite el decreto. "A la inseguridad marítima que ya se deriva de la persistente guerra en el Yemen, se ha añadido la enorme inestabilidad internacional y gran amenaza para la seguridad mundial producida por la invasión de Ucrania que ha empeorado la situación de seguridad en el transporte marítimo, como ha puesto de manifiesto la Organización Marítima Internacional en los pronunciamientos de su Consejo en la sesión extraordinaria celebrada el 10 y 11 de marzo de 2022". Y en vista de todo ello, el Gobierno no garantiza un sistema de protección oficial: admite que cada uno lo contrate privadamente.
"De la gravedad de la situación y de los ataques producidos dan cuenta los Informes anuales de Seguridad Nacional, elaborados por el Departamento de Seguridad Nacional", aclara el texto. "En este sentido, en los correspondientes a los años 2020 y 2021, se indica que el Golfo de Guinea tiene el mayor índice mundial de piratería, robo a mano armada, secuestro de marinos, pesca ilegal, contrabando y tráfico de drogas, y delincuencia transnacional organizada". Además, "en lo que respecta al Cuerno de África, se ha logrado contener la piratería y evitar la captura de barcos y los secuestros de tripulaciones gracias a la acción de la Operación Atalanta, pero esta actividad dista de estar erradicada. La Resolución 2608 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la situación en Somalia, adoptada el 3 de diciembre de 2021, ha prorrogado, de momento por tres meses, la autorización a operar en las aguas territoriales del país a los buques y aeronaves de EUNAVFOR Atalanta", añade.
"Sin embargo, los grupos siguen activos, aunque en estos momentos dedicados a otras actividades delictivas. Puede asegurarse que, si las circunstancias se volviesen favorables para ellos, se relajasen las medidas de protección del tráfico marítimo o les surgiesen objetivos de oportunidad, estos grupos retomarían las actividades de piratería". Dicho lo cual, que cada uno se proteja: pesqueros, mercantes o buques metaneros o petroleros.