"No discrepamos de los objetivos y del papel desde el punto de vista de la solidaridad, pero no nos parece correcto encontrarnos con un menú del día ya diseñado". Además, es injusto encontrarse con una "lista de deberes sobre la que no se nos ha consultado".
Quien así se pronuncia no es un representante de una comunidad autónoma descontento con el trágala que supone el plan de ahorro energético aprobado por Real Decreto el pasado 1 de agosto. Ni un empresario o comerciante afectado por las medidas impuestas sin ningún tipo de consenso, y sin previa consulta, por el Gobierno. Esas palabras las pronunció la ministra de Transición Energética y Reto Demográfico, Teresa Ribera, el pasado 20 de julio, cuando arremetió contra la propuesta de ahorro energético de la Comisión Europea.
¿Qué es lo que había ocurrido? Que la Comisión Europea pedía a los Estados una reducción voluntaria de gas durante ocho meses (a contar desde el 1 de agosto y hasta el 31 de marzo de 2023). El objetivo: reducir el consumo en un 15%. Bruselas especificaba en su plan que esa reducción dejaría de ser voluntaria si Rusia cerrase el grifo del gas a la UE, pasando a ser una medida obligatoria, aunque el plan tendría que ser aprobado por los gobiernos de la Unión.
La ministra de Transición Energética se revolvió contra la medida, y también dijo: "No nos pueden exigir un sacrificio sobre el que no nos han pedido opinión previa", una frase que también podría aplicarse a lo que ha ocurrido en España, pues exactamente eso es lo que piden los sectores afectados por el decreto del Gobierno, que se oiga su opinión. Pero la soberbia y el sectarismo son los principios rectores de la gestión de este Gobierno, como quedó claro tras la reunión sectorial de ayer con las CCAA.
Otras perlas de Ribera el pasado 20 de julio
"No hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético". Tampoco han vivido por encima de sus posibilidades las empresas que, mucho antes de que aprobasen ese decreto, habían puesto en marcha medidas de ahorro. Por no hablar de los ahorros que cada familia se ha autoimpuesto en su propia casa, controlando cada minuto de aire acondicionado, recortando o directamente cancelando sus vacaciones etc.
"No vamos a permitir propuestas que nos exigen más que a otros países". Parece que en otros países andan ahora maravillados por las medidas y las prisas de este Gobierno en el plan de ahorro, yendo mucho más lejos que otros países que dependen más del gas ruso que España.
"Cuando se pide apoyo y ayuda hay que trabajar con aquellos a los que se pide apoyo y ayuda", dijo también Teresa Ribera, miembro de un Gobierno que califica de insumisos, insolidarios y negacionistas a aquellos que se oponen al plan tal y como está diseñado, cuando son, además, los que tienen que supervisar el cumplimiento del mismo y, en su caso, el régimen sancionador.
La ministra Ribera pedía entonces —hace tres semanas— a la UE lo que luego ha negado a comunidades autónomas, ayuntamientos y agentes económicos. En definitiva el plan de la CE implicaría que administraciones públicas, hogares, propietarios de edificios públicos, proveedores de energía y la industria deberán tomar medidas para ahorrar gas, y sobre ello Ribera advirtió de las consecuencias "desde el punto de vista económico, social, de impacto redistributivo y geopolítico". Unas consecuencias que son "suficientemente importantes para merecer un canal de escucha y participación de todos los estados miembros". Cambiemos estados miembros por comunidades autónomas, ayuntamientos y agentes económicos: las consecuencias del plan de ahorro son lo suficientemente importantes como para que este Gobierno hubiese creado un "canal de escucha y participación" con los afectados por el mismo.
Teresa Ribera dejó muy claro que España no respaldaba el plan y que enviaría una propuesta de diálogo a Bruselas —diálogo que no ha practicado en el plan para España—basada en tres principios: "Unidad, solidaridad y flexibilidad", principios que también han brillado por su ausencia en la aprobación del decreto español del 1 de agosto. La ministra de Transición ecológica, además, instó a los "socios" europeos a "debatir de forma abierta, transparente y respetuosa" sobre la mejor manera de llevar a cabo el plan de ahorro, lo mínimo que tendría que haber hecho antes de aprobar el Real Decreto: debatir de forma abierta, transparente y respetuosa.
En opinión de Ribera la propuesta realizada por Bruselas podía ser admitida como "un punto de partida", pero no como "punto de llegada", ante una falta "clara de diálogo, que debe ser corregida cuanto antes". "Lo primero que uno debe hacer cuando necesita apoyo y ayuda es trabaja con aquellos a quienes pide apoyo y ayuda", recalcó. Una vez más pide a la UE lo que niega a las comunidades autónomas en España.
El pasado 20 de julio, la ministra también señaló que "el debate del 26 de julio va a ser oportuno, pero este no es un tema que deban tratar solo los ministros de Energía, también el Consejo Europeo", o sea, una reunión al más alto nivel, con lo jefes de Estado y de Gobierno. Es decir, lo mismo que pedía Alberto Núñez Feijóo el pasado domingo a nivel autonómico: la reunión de una Conferencia de Presidentes.
Teresa Ribera dijo entonces que España iría al Consejo Europeo de Energía del 26 de julio "a defender los intereses de todos los españoles con una propuesta solidaria, eficaz, eficiente y coordinada". Coordinación que, a tenor de lo ocurrido en las últimas semanas, ni ha existido en la elaboración del decreto del 1 de agosto ni parece que vaya a existir tras la reunión sectorial presidida por la propia Ribera y con la presencia de la ministra de Industria, Reyes Maroto.
En definitiva, puede afirmarse, como señalaba Miguel del Pino el pasado domingo en Libertad Digital, que "las medidas anunciadas por el Gobierno para limitar el consumo energético son: precipitadas, faltas de sustancia científica, pésimamente comunicadas, carentes de ejemplaridad, arbitrarias y confiscatorias", y que la prepotencia y la soberbia rigen la manera de gestionar de este Gobierno.