Pedro Sánchez asegura en su decreto de cortes de energía que España tiene garantizado el suministro de luz y gas, que no hay problema alguno para los consumidores nacionales, y que todas las medidas de restricción energética –las más duras de Europa– están motivadas por un acto de generosidad con el norte de la Unión Europea. Al margen de las innumerables falsedades introducidas en el texto, lo cierto es que una guía explicativa divulgada por la UE deja al descubierto el nuevo acto de irresponsabilidad de Sánchez al lanzar esos mensajes. Y es que la UE se prepara ya para imponer cortes de luz a la industria y Sánchez lo esconde en su decreto.
La guía de la UE deja claro, en primer lugar, que el contenido del Plan de la UE "Ahorrar gas para un invierno seguro" no coincide con las medidas impuestas por el Gobierno socialista comunista. "El Plan establece la manera en que la UE puede hacer frente de forma coordinada a posibles nuevas perturbaciones en el suministro de gas procedente de Rusia, con vistas a los próximos inviernos".
La Comunicación "Ahorrar gas para un invierno seguro" expone "la situación del mercado, los instrumentos disponibles en virtud de la legislación vigente de la UE en materia de seguridad del suministro de gas y las medidas adoptadas hasta la fecha", indica la guía. Y añade que "en el contexto de tensiones en los mercados y del continuo uso del suministro de gas como arma por parte de Rusia, la Comunicación –de la UE– señala una probable brecha entre la oferta y la demanda en caso de una interrupción total desde Rusia". Y, por ello, "el Plan propone un objetivo voluntario de reducción de la demanda de gas en un 15% entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023".
Para alcanzar este objetivo, la UE "esboza diversas medidas mediante las cuales los Estados miembros pueden fomentar la disminución de la demanda y el consumo de gas por parte del sector público, las empresas y los hogares". Pero se trata de medidas voluntarias en el caso de la entidades privadas. Y en España, esas medidas en tiendas y establecimientos se han ordenado de forma imperativa. "Antes de finales de septiembre, los Estados miembros deberán actualizar sus planes nacionales de emergencia existentes con las medidas de reducción de la demanda previstas para alcanzar dicho objetivo. El anexo sobre la reducción de la demanda detalla las medidas estratégicas disponibles para incentivar la sustitución de combustibles y la disminución del consumo de gas. También propone criterios para que los Estados miembros identifiquen a los consumidores críticos no protegidos en caso de que sean necesarias restricciones", explica el texto de la UE.
La voluntariedad queda remarcada al explicar Bruselas en su guía que "el Plan se sustenta en una propuesta legislativa que introduce una nueva herramienta de emergencia de la UE para abordar una posible brecha entre la oferta y la demanda en el mercado europeo del gas. El Reglamento propuesto, basado en el artículo 122 del Tratado de la UE, introduce un proceso para declarar una alerta de la UE, previa consulta al Consejo, si los objetivos voluntarios de reducción de la demanda no son suficientes para evitar la mencionada brecha. En tal situación, la Comisión está facultada para activar un objetivo vinculante de reducción de la demanda". Y esa fase imperativa aún no ha llegado. Pese a que Sánchez la ha impuesto ya.
El procedimiento es claro: la Comisión, asistida por el Grupo de Coordinación del Gas (compuesto por representantes de la Comisión y de los Estados miembros, así como por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas, ENTSO-G), supervisará de cerca y hará cumplir dichas reducciones en el momento en el que sean imperativas, en particular solicitando medidas adicionales para alcanzar la reducción obligatoria en caso de que los planes nacionales presentados no se consideren suficientes o de que un Estado miembro invoque suministros solidarios. Es más, en caso de solicitudes de suministros solidarios, la Comisión también exigirá que los Estados miembros demuestren que se han aplicado a nivel nacional todas las medidas adecuadas de reducción de la demanda de gas.
Pero, de nuevo, el decreto español se centra en objetivos no estrictamente obligatorios para la UE: "Las normas vigentes de la UE en materia de seguridad del suministro garantizan que los "clientes protegidos", es decir, los hogares y los servicios sociales esenciales, como los hospitales y las escuelas, estén exentos de cualquier medida de racionamiento del gas. Por este motivo, las medidas descritas se centran en la industria. Sin embargo, todo el mundo puede contribuir a ahorrar gas", señala la guía.
El decreto español, por el contrario se centra en la Administración y en las tiendas y establecimientos o comercios particulares, algo que no encaja con los parámetros de gran consumo de gas ni con las indicaciones europeas.
Y la UE deja muy claro que los cortes pueden llegar a la industria: "En la actualidad, el ahorro energético gestionado en todos los sectores de la economía será mucho menos costoso que la restricción precipitada de la producción industrial en el futuro. Por lo tanto, animamos a los Estados miembros a que pongan en marcha campañas de información para sensibilizar a los ciudadanos y tomar medidas para reducir la calefacción, por ejemplo, en los edificios públicos y el gas consumido por las centrales eléctricas no críticas. Corresponde a cada Estado miembro decidir la mejor manera de aplicar la reducción de la demanda".
Es más, la Comisión pide un suministro alternativo de energía, mientras Sánchez mantiene el cierre de las centrales nucleares y dinamita los acuerdos de gas con Argelia: "La Comisión está trabajando continuamente en el lado del suministro dirigiéndose a proveedores alternativos para garantizar entregas adicionales".
Y, por fin, Bruselas lanza la pregunta clave: "¿Tendrá que reducir la industria sus actividades?". Y responde: "La UE está haciendo todo lo posible para evitar una reducción de la actividad industrial, pero esta disminución no puede excluirse ante las amenazas hacia la seguridad del suministro". Y, por ello, "el Plan de Reducción de la Demanda establece un conjunto de principios y criterios comunes para que los Estados miembros minimicen las repercusiones de las perturbaciones significativas del gas en la industria, especialmente la que tiene poco margen para abandonar el gas o para reducir la producción sin grandes daños. Las orientaciones tienen por objeto garantizar la coordinación y la solidaridad entre los Estados miembros, con el fin de reducir los posibles efectos adversos de las perturbaciones en la economía, la competitividad industrial y el empleo. También ayudan a reconocer los sectores industriales que en todo el mercado único son fundamentales para el buen funcionamiento de la sociedad y las cadenas de valor".
Por ello, igualmente, la UE pide que los Estados miembros den "prioridad a las medidas que fomenten el cambio o la sustitución del gas natural por otros combustibles, preferentemente hacia alternativas más limpias y fuentes de energía renovables", como la nuclear. Pero Sánchez tampoco hace caso de ese punto.
Porque, "las restricciones y el racionamiento del flujo de gas solo tendrían que utilizarse como último recurso, una vez agotadas todas las demás opciones". Justo lo contrario de lo realizado por Sánchez.