Desde hace tres semanas estamos asistiendo a un sinfín de declaraciones e informaciones en relación al plan de ahorro energético que lo único que han conseguido es aumentar la confusión y la incertidumbre sobre su aplicación, sobre si es el adecuado para conseguir ese ahorro energético que se plantea como objetivo, si invade o no competencias de las CCAA, si se han hecho estudios que justifiquen las medidas del mismo...
Lo que sí ha quedado claro es que la forma de gestionar y comunicar dicho plan por parte del Gobierno —desde la misma utilización del Decreto-ley a la falta de negociación y diálogo con la oposición y las CCAA— no es la más adecuada en un Estado autonómico en el que, además, el presidente del Gobierno cuenta con una exigua mayoría en el Congreso de los Diputados, que es el que tiene que convalidar el decreto.
20 de julio
La Comisión Europea pide a los Estados una reducción voluntaria de gas durante ocho meses (a contar desde el 1 de agosto y hasta el 31 de marzo de 2023). El objetivo: reducir el consumo en un 15%. Bruselas especificaba en su plan que esa reducción dejaría de ser voluntaria si Rusia cerrase el grifo del gas a la UE, pasando a ser una medida obligatoria, aunque el plan tendría que ser aprobado por los gobiernos de la Unión.
La reacción de Teresa Ribera fue arremeter contra la recomendación de la Comisión utilizando argumentos como que no le parecía correcto encontrarse "con un menú del día ya diseñado" y con una "lista de deberes sobre la que no se nos ha consultado". La ministra de Transición Ecológica remachó con un "España ha hecho los deberes".
26 de julio
Los ministros de Energía de la UE alcanzan un acuerdo político para reducir de forma "voluntaria" el consumo de gas en el mercado comunitario un 15% hasta la próxima primavera aunque con excepciones como las interconexiones o la capacidad de exportación. A esas excepciones se acoge España que acuerda con Bruselas reducir el consumo de gas un 7%, también de forma voluntaria, como parte del plan de ahorro energético de la UE.
29 de julio
Pedro Sánchez comparece ante los medios para hacer un balance de lo que llevamos de año antes del comienzo oficial de sus vacaciones y anuncia que el Ejecutivo comunicaría el lunes un paquete de medidas para ahorrar energía y "reducir la factura energética". Aunque ante la prensa no quiso avanzar más detalles, desde el Gobierno se filtró a RNE que se impondrían límites de temperatura a empresas, transportes, comercios u hoteles.
La única medida concreta que avanzó en la comparecencia llegó al final de su intervención: "He pedido a los ministros" y se lo pedirá, dijo, al sector privado, "que cuando no sea necesario no utilicen la corbata, porque así haremos frente al ahorro energético". Él mismo se puso como ejemplo señalando cómo había prescindido de ella en dicha comparecencia para ahorrar energía. A continuación, se montó en un Super Puma para recorrer los 25 kilómetros que separan Moncloa de la base aérea de Torrejón Ardoz, en un gesto muy criticado.
Lo cierto es que la comparecencia de Sánchez fue el pistoletazo de salida a una convulsa semana con la aprobación, dos días después, de un Decreto-ley precipitado y lleno de errores, que, además, no fue consensuado ni con las comunidades autónomas ni con los sectores afectados.
30 de julio
Primeras reacciones al anuncio del decreto de ahorro y a la recomendación de no usar corbata. En concreto, la patronal de las tiendas de moda, Acotex, mostró su indignación con la recomendación de quitarse la corbata, que fue tachada de "ridícula" e "intolerable", porque perjudica a un sector gravemente afectado por los efectos de la pandemia y puede "provocar el cierre de negocios y la pérdida de puestos de trabajo".
1 de agosto
El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-ley de medidas de ahorro y eficiencia energética, con medidas como los topes de temperatura por arriba y por abajo en verano y en invierno en, entre otros, centros comerciales, estaciones y grandes superficies, apagado de las luces de los escaparates, cierres automáticos de puertas en edificios y locales...
La reacción de la Comunidad de Madrid no se hizo esperar, que se opuso desde el principio al decreto que, en su opinión, invade competencias de las CCAA. Con un rotundo "Madrid no se apaga", Ayuso dejó claro por dónde iría la comunidad que preside.
2 de agosto
El Gobierno decidió poner el foco en Díaz Ayuso, una táctica en la que persisten, pese a los pocos réditos electorales que le han proporcionado, y salieron en tromba contra la presidenta madrileña: Nadia Calviño, Reyes Maroto, Ione Belarra... fueron algunas de las que arremetieron contra Ayuso, justo el día que se conocían los peores datos de paro en un mes de julio en los últimos 15 años.
Ese mismo día, el presidente del Gobierno tachó desde Mallorca, a donde había ido a despachar con el Rey, de "egoísta" e "insolidaria" a Ayuso y avisó: "La ley en España se cumple", algo que llena de estupor si el que la pronuncia es Pedro Sánchez.
Ese mismo día Ayuso había insistido en el electoralismo del decreto de Sánchez —las medidas de ahorro finalizarán poco antes de las próxima elecciones generales— y el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, avanzó que la Comunidad de Madrid analizaría si el plan de ahorro energético del Gobierno es constitucional y no invade competencias de la comunidad autónoma, con vistas a recurrirlo ante el TC.
Mientras tanto, el PP nacional, por boca de Elías Bendodo, respaldaba la reacción de Ayuso y criticó el decreto del Gobierno: "Lo que primero iban a ser unas recomendaciones, ahora nos las imponen por decreto. Así no se puede gobernar, a golpe de decreto y sin ningún tipo de diálogo", señaló Bendodo que ha recordó que son las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos los que tienen que decidir si aplican estas medidas: "Tanto la señora Ayuso como los demás presidentes autonómicos tienen libertad para decidir si las aplican o no".
3 de agosto
La Comunidad de Madrid insiste en que el plan de ahorro de Sánchez se ha elaborado con "criterios ideológicos" y avisa del "perjuicio a los comerciantes", mientras Urkullu también se desmarca del plan del Gobierno. La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, la nacionalista Arantxa Tapia, calificó de "efectistas" las medidas aprobadas y afirmó que el País Vasco tenía su propio plan. La clave, según Tapia, es tomar "medidas de largo recorrido, no puntuales", como hace Sánchez. Una vez más, el Ejecutivo dio muestras de su doble rasero, pasando en cuestión de horas de insultar a Ayuso a achantarse ante el Gobierno vasco.
Por otra parte, empezaban a salir a la luz detalles del decreto de ahorro que ponían de manifiesto que la medida se redactó de forma precipitada y chocaba con otras leyes, como las normas aprobadas durante la pandemia sobre ventilación de locales o un Real Decreto del año 97 sobre las condiciones mínimas de seguridad en el trabajo.
4 de agosto
Continúan las quejas de sectores económicos afectados por el decretazo de ahorro energético. Comerciantes y hosteleros alertan de las terribles consecuencias del plan "dictatorial" de Sánchez y las asociaciones de empresarios critican la "falta de previsión y de sensibilidad" del Gobierno con un sector ya muy castigado por el coronavirus, que tuvo que acometer entonces grandes inversiones para adaptarse a las exigencias sanitarias derivadas de la pandemia.
La Comunidad de Madrid, por su parte, empieza a señalar los "fallos garrafales" del plan de ahorro de Sánchez, entre ellos que el régimen sancionador se "ha articulado mal" y "probablemente es inconstitucional" o que el decreto exige que se mantengan apagados los escaparates a partir de las 22:00 horas pero no se especifica durante cuánto tiempo.
5 de agosto
Aumenta la oposición al decreto, esta vez por parte de los alcaldes, entre ellos destacados alcaldes socialistas, que defienden la política energética de sus ciudades frente a los llamamientos al ahorro por parte de Sánchez.
Además de los fallos garrafales del decreto, que ponía de manifiesto la chapuza energética que se había aprobado, y del descontento que el mismo estaba provocando, ese viernes 5 de agosto el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera fue incapaz de justificar sobre qué informes, estudios, análisis o recomendaciones se han basado las medidas adoptadas y aprobadas por el Consejo de Ministros.
6 de agosto
Las prisas del Gobierno de Sánchez por aprobar el plan de ahorro, yendo más allá de lo que pedía la propia UE, no sólo había provocado errores en el decreto —con la consiguiente inseguridad jurídica para los sectores afectados por las medidas y las administraciones encargadas de ponerlo en práctica— sino que causaba asombro en países como Alemania, mucho más afectados por un posible corte de suministro del gas ruso.
Por otra parte, el Gobierno improvisó una reunión de carácter técnico y sin orden del día para el martes 9 de agosto en la que explicaría el plan a las CCAA, pero a la que no asistiría Teresa Ribera. Esto provocó la reacción inmediata de Isabel Díaz Ayuso, que exigió un encuentro de mayor nivel. Horas después, fue la propia consejera madrileña de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, la que por carta solicitaba a la ministra Ribera que convocase una reunión con los consejeros ante las "incertidumbres" que suscitaba el decreto de medidas de ahorro energético. La consejera insistió en que la norma aprobada por el Consejo de Ministros "no fue consultada en ningún momento con las comunidades autónomas", que además excedía "con mucho a la Administración pública, con medidas que afectan a la iniciativa empresarial, como al sector comercial (tiendas, supermercados o grandes almacenes), lugares de pública concurrencia (teatros, cines, auditorios, centros de congresos o salas de exposiciones y similares), establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como a la restauración".
7 de agosto
Todo lo ocurrido desde el lunes, cuando se aprobó el decreto en Consejo de Ministros, forzó a Teresa Ribera a recular y adelantar un día la reunión con las CCAA, reunión que, además, sería a nivel de consejeros —Conferencia Sectorial de Energía—, estaría presidida por la propia ministra y a la que también asistirían la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.
Por su parte el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó ese mismo día a Sánchez de "improvisar" el plan y de "adoptar medidas unilaterales", y pidió la convocatoria de una Conferencia de Presidentes.
8 de agosto
Si la rectificación de Teresa Ribera parecía augurar una posible retirada (total o parcial) o aplazamiento del plan, tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía quedó claro que el Gobierno no acepta ni una cosa ni otra, provocando la indignación de las CCAA del Partido Popular, que recibieron un "no a todo" por parte de la ministra de Transición Ecológica.
España había pasado en tres semanas de rechazar las recomendaciones de la Comisión Europea, alegando que nuestro país había hecho los deberes, a ser el país con el plan de ahorro energético más restrictivo e intervencionista de toda la UE.