La okupación ilegal de viviendas creció un 41% en 2021, según los datos del Ministerio del Interior, a nivel nacional. Una tendencia que ha confirmado la Consejería de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya, que ha denunciado estar sufriendo el impacto en las viviendas catalogadas como VPO. Y es que, según el organismo, a partir de 2017 esta práctica ilegal se ha intensificado y en la actualidad ya llega a las 942 viviendas okupadas que pertenecen a la Agencia de Vivienda de Cataluña.
Aunque el problema se ha extendido por toda España, Cataluña es la región que más está sufriendo la lacra de la okupación ilegal. Y es que, según los propios datos de Interior, la comunidad autónoma es la que aglutina el 42% de los casos denunciados. Gran parte de la explicación a este problema se encuentra en las propias leyes catalanas, que se han mostrado poco sancionadoras con esta práctica ilegal.
No hay que olvidar que, en febrero de este mismo año, Cataluña sacó adelante una ley en la que obligaba a los propietarios a ofrecer alquiler social, incluso a aquellas personas que hubieran okupado su vivienda y estén en situación de vulnerabilidad. Aunque, esta obligación, finalmente, se mantuvo solo para los grandes propietarios – personas jurídicas con más de 10 inmuebles y personas físicas con más de 15 –. Un efecto llamada que ha hecho que se multipliquen los casos.
Pero no solo eso, sino que en Cataluña se publican también los datos de las viviendas que la Generalidad hereda de aquellos propietarios que fallecen sin descendencia. Así, en el DOGC (Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña) aparecen publicados los datos de estas viviendas que pasan a manos de la administración. Un hecho que está siendo usado por las mafias de la okupación para asaltar estos domicilios. De hecho, tal y como se señalaba al principio, 942 viviendas, que pertenecen a la Agencia de la Vivienda de Cataluña se encuentran okupadas de manera ilegal. Unas viviendas que no están cumpliendo con su función social de servir de hogar para las personas vulnerables a cambio de un alquiler a pagar a la Administración.