El chapucero decreto energético, el más restrictivo de Europa, no ha merecido una protesta suficientemente enérgica de Antonio Garamendi, presidente de la patronal empresarial. El asunto es chocante porque el decreto afecta sobre todo a empresarios. La CEOE se quejó hace una semana del apresuramiento con el que había sido redactado y de la inseguridad jurídica que generaba, pero lo hizo con la boca pequeña. La clave del asunto nos la da el análisis, desde el punto de vista empresarial, de la jugada del Gobierno, un movimiento con el que Garamendi está evidentemente de acuerdo.
Bruselas quiere que, si Alemania se ve obligada a recortar su gasto energético, los demás también lo hagamos. No para que el gas que ahorremos pueda consumirlo Alemania, cosa que ya se ha visto que es imposible en el caso de España porque no hay infraestructuras a través de las cuales enviarles el gas que ahorremos. Tampoco se funda la exigencia de Bruselas en un vago concepto de solidaridad energética. Lo que persigue la Comisión es que, si las industrias alemanas se ven obligadas a parar para que el poco gas que haya surta a los hogares germanos, las de los demás países también lo hagan y no puedan aprovecharse de estas dificultades. Tal pretensión generó las airadas y justificadas protestas de Teresa Ribera. Justificadas porque las industrias alemanas han estado compitiendo con las del resto de Europa con ventaja gracias al barato gas ruso y ahora que esa dependencia les pasa factura, pretenden que todos paguemos a medias su insensatez.
Luego, el Gobierno logró que Bruselas limitara nuestra obligación de ahorro al siete por ciento en vez de al quince que en principio exigía Bruselas con el irrebatible argumento de que nosotros no dependemos tanto del gas ruso. Alcanzado este acuerdo, la forma que ha encontrado el Gobierno de evitar que las industrias españolas tengan que parar unos días al año para alcanzar los objetivos de ahorro es que esa contención en el consumo la hagan otros, en especial los pequeños comercios, la hostelería y en general el sector servicios. El Gobierno espera que, si los restaurantes asan de calor en verano y hielan de frío en invierno a sus clientes, las industrias podrán seguir consumiendo la electricidad que necesiten a pesar de los recortes impuestos por la Unión Europea. Y esto es lo que evidentemente ha valorado Garamendi, que en esto está defendiendo los intereses de unos empresarios en perjuicio de los de otros. Piénsese en lo poco que ha tardado el Gobierno vasco en callarse a pesar de las groseras intromisiones en sus competencias en que incurre el decreto. Porque a quien defiende el decreto es a la gran industria, buena parte de la cual está allí establecida.
Desde el punto de vista del interés nacional, puede que sea necesario defender a esa gran industria, cuyos beneficios dependen directamente de la electricidad que gasta, en perjuicio del comercio, la hostelería y los servicios, cuyas rentas no dependen tanto de la energía que consumen. Pero, maldita sea, que nos lo expliquen, que ya somos mayorcitos.