A primera vista, cualquier observador creería que la Ley 14/2022 sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se ocupa simplemente de estos asuntos. Sin embargo, el articulado de la norma aprobada el pasado 8 de julio esconde la creación de un nuevo impuesto que afectará a numerosos segmentos de la economía y la población española.
Para ser precisos, el gobierno ha modificado el Impuesto de Gases Fluorados, que hasta ahora solo se repercutía sobre las empresas que venden este producto al consumidor final, pero que a partir del 1 de septiembre también afectará a la fabricación y la instalación de equipos de refrigeración, caso de los sistemas de aire acondicionado o los congeladores.
Esta subida impositiva, aprobada "por la puerta de atrás" en una Ley que precisamente habla de transparencia, va a golpear a todo tipo de actores asociados con los gases fluorados, de modo que el nuevo recargo será impuesto a empresas de ramas de actividad muy dispares, desde la automoción a la alimentación y desde la hostelería a los supermercados, pasando también por grandes almacenes o pequeños comercios que vendan estos aparatos.
Subida fiscal del 10%
La Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías, AEFYT, ha alertado del impacto que tendrán estas nuevas reglas fiscales, aplicables tanto a la fabricación como a la importación o la venta de aires acondicionados, bombas de calor y electrodomésticos que, hasta ahora, no venían soportando este sobrecoste fiscal. La estimación de AEFYT señala que el precio de los equipos subiría hasta un 10%.
Desde dicha patronal alertan, para empezar, que este nuevo impuesto no tiene nada que ver con la Ley en la que se ha incluido y alertan del devastador efecto que tendrá en la actividad del sector, mermada a su vez por el nefasto panorama macroeconómico, así como por las sombrías perspectivas de nuestro país en materia energética.