Las comunidades de vecinos con calderas de gas se enfrentan a un serio problema. Sus consumos -disparados en precio con las escalas del coste del gas- las hacen saltar a esquemas y pagos prácticamente industriales. Pero, pese a ser grupos de vecinos, sus esquemas legales no les permiten acogerse a tarifas reguladas.
El tema se debatió en la preparación de la última reforma energética del Gobierno socialista-comunista. Y socialistas y comunistas decidieron al unísono hacer oídos sordos a una reclamación histórica que ahora se convierte en dramática ante la brutal escalada del precio del gas. Resultado: ni media solución para las comunidades de vecinos con esas calderas comunitarias de gas. Pero una parte del Gobierno ha decidido ahora añadir una página cuando menos irónica a esta situación de vértigo. Y es que Podemos, tras impulsar la reforma sin abordar este problema, ha trasladado preguntas al Congreso para que sean elevadas a su propio Gobierno preguntando el motivo de no haber solventado este problema.
El problema se conoce desde hace tanto tiempo como el que tiene el esquema regulatorio de estas calderas. Pero esas comunidades de vecinos viven a la espera de la guillotina del precio por la escalada del coste del gas natural en el próximo invierno. Nadie ha escuchado a las comunidades de vecinos afectadas. Pero, encima, Podemos, ha pretendido dar la sensación de que la última reforma energética no tenía nada que ver con ellos: una reforma que ha salido de su Gobierno de coalición y con sus votos en el Congreso de los Diputados.
Hay que recordar que el resultado de la votación en el Congreso de la última reforma energética fue el siguiente: la Cámara Baja convalidó el decreto con el apoyo sin fisuras de todos los socios de la investidura de Pedro Sánchez. En total sumaron 187 votos a favor, frente a 161 en contra y una abstención. ERC, EH Bildu y PDeCAT, pese al show mediático inicial, respaldaron el decreto. Igual que el PNV. El BNG se quedó en la abstención. Y el PSOE (120) y Unidas Podemos (33), se unieron a los 13 de ERC, 6 de PNV, 5 de EH Bildu, 4 de PDeCAT, 2 de Más País, 1 de Compromís, 1 del PRC, 1 de Teruel Existe y 1 más de una exdiputada de Unidas Podemos ahora en el Grupo Mixto.
Pues bien, tras ese evidente protagonismo, Podemos se ha pretendido excluir en el Congreso presentando las siguientes preguntas: "Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, a iniciativa de su diputado Juan López de Uralde, las siguientes preguntas para su respuesta por escrito, relativas a las a las calderas de gas en las comunidades de vecinos en la provincia de Álava y las medidas para que puedan acogerse a la tarifa regulada".
El texto de las preguntas recuerda que "el aumento del precio del gas está teniendo un alto impacto en las grandes comunidades de vecinos. A las comunidades que consumen más de 50.000 kilovatios/hora anuales se les aplica una tarifa de uso industrial en el mercado libre. La ley impide que se acojan a la tarifa regulada, como piden al Gobierno los administradores de fincas".
"Históricamente las instalaciones comunitarias de gas han sido una solución económica para disponer de calefacción en los bloques de viviendas, al permitir un reparto de las cargas asociadas al mantenimiento de la caldera entre múltiples portales y personas", añade el texto de Podemos. "Sin embargo, el cambio regulatorio considera las calderas comunitarias como grandes consumidores de energía, lo que las puede equiparar, por ejemplo, con empresas que hacen un uso muy intensivo de los recursos energéticos", añade.
Por todo ello, y "teniendo en cuenta esta situación", Podemos pregunta a su propio Gobierno si, dada "la situación de excepcionalidad y crisis energética que está teniendo un impacto sobre los precios del gas y provocando un escenario inflacionario que afecta fundamentalmente a las familias en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿valora el Gobierno tomar medidas excepcionales para que los 24.876 pisos que cuentan con caldera central de gas de la provincia de Álava puedan acogerse durante este invierno a la Tarifa de Último Recurso?". La pregunta se centra en Álava, porque el diputado lo es por esta provincia española. Otra pregunta señala si "¿consideraría el Gobierno tomar medidas para comenzar a dejar de subvencionar la instalación de nuevas calderas de gas, y fomentar, al contrario, la sustitución e instalación de sistemas térmicos renovables?" Y reclama, por último, que "de manera transitoria", se plantee "el Gobierno modificar la ley para que las instalaciones comunitarias puedan volver a acogerse, con carácter general, a la tarifa regulada, y dejen de ser consideradas grandes consumidores de energía".