Lejos de entonar un mea culpa por la desastrosa y empobrecedora política energética a la que durante décadas nos han conducido sus pseudocientificos delirios ecologistas, los mandatarios europeos están empecinados en esa alarmista estafa intelectual y moral conocida como "emergencia climática" que les sirve, al mismo tiempo, para dar rienda suelta a una de sus más irreprimibles pulsiones como es su insaciable voracidad fiscal. Buen y reciente ejemplo de ello lo constituye el discurso pronunciado este miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el Debate sobre el Estado de la Unión, en el que ha anunciado y defendido un nuevo catálogo de impuestos coordinados desde Bruselas para combatir el uso de combustibles fósiles con los que espera recaudar 140.000 millones de euros. El objetivo de esa nueva vuelta de rosca del "intervencionismo verde", según lo ha maquillado más detalladamente el vicepresidente Frans Timmermans, es garantizar el suministro durante el próximo invierno, reducir el consumo y "redirigir" los beneficios supuestamente "extraordinarios" de las empresas que mejor están capeando la crisis energética. Así, la nueva "mordida fiscal" para las fósiles —eufemísticamente bautizada como "contribución solidaria"— alcanzará hasta el 33% sobre los beneficios de 2022 que estén por encima del 20% de aumento sobre los beneficios medios de los tres años anteriores. Igualmente, se aplicará un tope de 180 euros al megavatio hora generado por energías "inframarginales" (como la nuclear y las renovables) y a partir de ahí el Estado redistribuirá.
Está visto que la Comisión Europea trata con estas medidas de criminalizar y culpar a las empresas eléctricas de una elevación de los costes de la energía que, al margen de circunstancias coyunturales como la invasión rusa de Ucrania y las represalias de Putin, son fundamentalmente resultado del delirante marco regulatorio en el que esas mismas empresas operan. Lejos de liberalizar el mercado de la energía con el objetivo de aumentar la competencia y la producción —única forma eficaz, junto a la reducción de impuestos que la gravan, de abaratar su coste— nuestros euroburócratas abogan por que se lleve a cabo un ejercicio propio de trileros como es el de "topar" artificialmente el precio de una energía en ocasiones ineficiente pero siempre políticamente correcta como son las "renovables" para sostenerlas con voraces impuestos a la demonizada energía obtenida a partir de combustibles fósiles. Este ejercicio propio también de economías centralmente planificadas, pero que pinta de "verde" lo que tiene de "roja", está abocada al fracaso como lo ha estado en cualquier otro ámbito de la actividad económica en la que se ha llevado a cabo.
Y es que, lejos de "topar" artificialmente el precio de determinadas fuentes energéticas o de castigarlas fiscalmente, según sean más o menos acordes a los prejuicios ideológicos del aberrante e incoherente ecologismo dominante, lo que debería hacer la Comisión Europea es abogar por la completa erradicación de los "topes" —léase barreras regulatorias e institucionales— a la producción de energía tanto de origen fósil como las llamadas renovables, incluida la energía nuclear.
Lo que es seguro es que ningún "infierno fiscal y regulatorio" va a aliviarnos de la vulnerabilidad y del "invierno energético" al que nos ha conducido una empobrecedora y alarmista política energética que las represalias de Putin no han venido más que a poner en evidencia.