A los ministros de Sánchez y a los consejeros de la Generalidad catalana está a punto de explotarles la cabeza con las "ofertas" fiscales de los gobiernos autonómicos de Madrid y Andalucía. El anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, de suprimir el impuesto de patrimonio, en sintonía con la política fiscal de la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha causado una profunda conmoción en las filas de la izquierda y del separatismo. Y es que Moreno Bonilla ha decorado su anuncio con esta comparación entre Cataluña y Andalucía: "Les digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra, en Cataluña hay impuesto de sucesiones y donaciones, aquí no; en Cataluña hay impuesto de patrimonio, aquí no. Y además, aquí no nos vamos a independizar nunca porque somos una orgullosa parte de España".
Todo parecen ventajas, pero Moreno Bonilla y el gobierno andaluz deberían tener en cuenta que la operación de atraer al empresariado catalán no está exenta de graves riesgos y potenciales perjuicios. Las patronales y los círculos catalanes que fomentaron con pavorosa frivolidad y ardiente entusiasmo el proceso separatista podrían causar estragos en una región que ha logrado dejar atrás décadas de socialismo corrupto, ladrón y caciquil y que mira al futuro con cierta esperanza a pesar del crítico contexto económico.
Tanto el Gobierno como la Generalidad califican la política fiscal de la Comunidad de Madrid de "competencia desleal". Molesta que la administración autonómica de la región ponga al descubierto la voracidad fiscal de esos ejecutivos y aplique una política tributaria que no persigue a los contribuyentes y alienta la productividad, el empleo y la creación de riqueza. Porque no se trata sólo de impuesto de patrimonio. Cataluña es la región donde más IRPF se paga en todos los tramos. Normal. Hay que sufragar las "embajadetas", las subvenciones para la ANC y Òmnium, los desplazamientos de los cargos públicos a Waterloo y los viajes a Nueva York de Pere Aragonès para anunciar desde allí la creación de la "Asamblea Ciudadana por el Clima de Cataluña", estupendo chiringuito cuyo coste será abonado por todos el común.
Es receta generalmente aceptada reducir la carga fiscal sobre empresas y particulares para paliar los efectos de la inflación, pero gobiernos como el de Sánchez o el de la Generalidad prefieren recaudar más y más porque el alza de precios incrementa los ingresos tributarios. Que comunidades gobernadas por el PP como Madrid y Andalucía renuncien a engordar sus arcas en beneficio de los ciudadanos les resulta intolerable e impresentable. Así lo ha manifestado el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, partidario de una recentralización fiscal que acabe con lo considera una "subasta". Sería muy razonable si la recentralización incluyera desmantelar los regímenes forales, acabar con las duplicidades, reducir gastos y bajar impuestos, que no es precisamente lo que está en el ánimo de Escrivá y sus jefes del PNV, Bildu y ERC.
El único pero a la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía es el "efecto llamada" sobre el empresariado catalán. Según la Generalidad, un buen patricio catalán jamás se radicaría en Madrid, pero el caso de Andalucía es diferente. No genera tanto rechazo entre los prebostes del Círculo de Economía o del Ecuestre. Si parte de esa peña en número significativo se empadrona en Andalucía, habrá que estar muy atentos a la evolución del crédito económico y la estabilidad política en la región. Avisados quedan.