El presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, vio toda una oportunidad en los fondos COVID. Y no fue exactamente la de ayudar a las empresas o negocios que sufrían con la pandemia. El informe de la Cámara de Cuentas de Aragón revela que su Gobierno usó más de un tercio, 373 de los 963 millones de euros que recibió de los Presupuestos nacionales, para pagar gastos y facturas pendientes y sanear sus cuentas. No las de las empresas.
El informe en cuestión es el último de la Cámara de Cuentas, en el que se detalla el impacto de la pandemia en las cuentas autonómicas. Y allí se puede leer que la pérdida de ingresos en 2020 y 2021 está "sobrevalorada" y que el excedente de fondos recibidos fue utilizado en una parte significativa para cuadrar los ejercicios fiscales del Gobierno regional "con las mejores cifras de déficit" de los últimos años. E, incluso, para reducir "significativamente" el volumen acumulado de facturas pendientes de saldar.
El informe explica que la Cámara de Cuentas ha revisado el gasto declarado en los cuestionarios del SALUD, del IASS y del Departamento de Educación, así como el 98% de las líneas de subvenciones y ayudas, lo que supone un porcentaje de cobertura en la revisión del 96% en 2020 y del 98% en 2021 del gasto declarado. Y afirma que "únicamente el Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha establecido un sistema de seguimiento del personal contratado específicamente para atender el impacto de la pandemia". Señala que "en el caso del SALUD y del Departamento de Educación, al no existir ningún tipo de codificación para su personal de nuevo ingreso contratado con motivo de la pandemia, no se ha podido identificar la totalidad de los nuevos contratos celebrados por esta razón". Y añade que "en 2020 y en 2021, la Comunidad Autónoma declaró al Ministerio de Hacienda en los cuestionarios una merma de ingresos de 93,2 y 16,7 millones de euros, respectivamente. La revisión de la ejecución presupuestaria de ingresos de dichos ejercicios, realizada por la Cámara de Cuentas, reveló que dicha estimación estaba sobrevalorada en 26 millones de euros en 2020".
Es más, el informe explica que "la Comunidad Autónoma no ha aportado ningún informe que explique las estimaciones de la caída de ingresos que figura en los cuestionarios remitidos y tampoco la Cuenta General de 2020 informa en su memoria sobre la merma de ingresos".
Para colmo, "la Comunidad Autónoma no ha rendido a la Cámara de Cuentas de manera completa la información sobre contratos de los ejercicios fiscalizados, incumpliendo la obligación establecida en el art. 335 de la Ley de Contratos del Sector Público".
Y el informe incluye otros datos como que el "resultado del estudio ha revelado que las mayores discrepancias entre la información remitida a la Cámara de Cuentas y la obtenida del cruce de diversas fuentes se localizan en el SALUD. Por ejemplo, en 2020 este organismo no rindió a la Cámara 242 contratos de emergencia, por importe de 22,6 millones de euros, que sí constan en el Portal de Transparencia".