Un hervidero de pensamientos, / alimento para los leones. / El cerebro como un laberinto / en un nido de especulaciones.
Enrique Bunbury.
Hay que ver la que se ha montado con el asunto de la rebaja fiscal en Andalucía. Aunque llueve sobre mojado porque en esto de los impuestos ha encontrado el centro-derecha un filón para acorralar a la izquierda en ese hervidero de pensamientos que en nada reflejan el mundo real y cuya expresión —alimento para los leones— se sustenta sobre dos falsas creencias: la primera, que para aumentar la recaudación fiscal es necesario elevar los tipos impositivos; y la segunda, que la capacidad redistributiva del Estado depende crucialmente de la progresividad de los ingresos tributarios. No me extenderé mucho sobre estos dos axiomas falaces, pero no me queda más remedio que recordar, con respecto al primero, que hace muchos años aprendí en la Facultad de Económicas, de la mano de Enrique Fuentes Quintana, que los altos tipos impositivos constituyen un incentivo muy poderoso para la elusión y el fraude fiscal; y con respecto al segundo, que las investigaciones recientes sobre el funcionamiento del Estado del Bienestar muestran con claridad meridiana que el potencial redistributivo de las prestaciones monetarias de éste multiplica por diez a la capacidad de los impuestos directos para hacer más equitativo el reparto de la renta.
Así que está claro que la izquierda yerra en su batalla contra los impuestos bajos por la doble vía de no favorecer con ellos el potencial recaudatorio de las Administraciones Públicas y, en consecuencia, no poder dedicar suficientes recursos a mejorar la equidad distributiva. Y, de esta manera, en su laberíntico cerebro se gesta un sinnúmero de especulaciones que alimentan la ceremonia de la confusión.
Veamos, pues, las declaraciones disparatadas que se han pronunciado estos días para atacar a los gobiernos de Andalucía y, como no podía ser menos, al de Madrid. Por ejemplo, la ministra de Hacienda no se ha recatado en recurrir al tópico del dumping fiscal para señalar que Madrid puede bajar los impuestos porque goza de una situación privilegiada, fruto de su capitalidad. Claro que no ha explicado cómo es posible que Bilbao y Barcelona, que otrora gozaron de niveles de renta superiores a los de Madrid, se hayan visto sobrepasadas por ésta, precisamente en el período en el que sus respectivas regiones han gozado de autonomía —por cierto, Cataluña y el País Vasco de forma más aventajada por ser nacionalidades de primera—.
A la señora ministra —que por haber estudiado Medicina y Cirugía no tiene por qué saber nada de esto— seguramente nadie le ha explicado que son las economías de aglomeración las que empujan inexorablemente la concentración espacial de las actividades económicas alrededor de las ciudades, primero, y de las grandes conurbaciones metropolitanas, después. Así que lo de Madrid no se debe a que ella tenga su despacho en la calle de Alcalá, sino al hecho de que aquellas economías han conducido a que en torno a la capital de España se haya gestado, con el curso del tiempo, uno de los mercados más grandes de Europa por su tamaño, que tiene la singularidad de estar metido en un espacio geográfico bastante pequeño, delimitado por un radio de treinta kilómetros alrededor del despacho de Isabel Díaz Ayuso. Por eso, a los asesores de María Jesús Montero más les valdría leer los Principios de Economía de Alfred Marshall en vez de contarle milongas centralistas a su superiora jerárquica.
Pero, cómo no, quien en toda esta confusión conceptual se lleva la palma es Ximo Puig, quien como todos sabemos lleva tiempo acumulando méritos en este terreno. Y como no se atreve a criticar al gobierno Frankenstein por no haber abordado la reforma de la financiación autonómica, ha desviado la atención sobre Madrid convirtiéndola en el chivo expiatorio de sus males presupuestarios. El presidente valenciano no es precisamente una autoridad intelectual ni en la materia de la que aquí tratamos ni en ninguna otra, pues no en vano estudió "incultura general" aunque presuma de periodista. Y ello es, seguramente, lo que le ha conducido, en la apoteosis de sus cogitaciones madrileñistas, a proponerle a Pedro Sánchez que "el esfuerzo fiscal se compute a la hora de redistribuir los ingresos del Estado" para penalizar a las regiones que bajan impuestos.
A Puig debe fastidiarle que los madrileños estén sometidos a un esfuerzo fiscal notoriamente inferior al de los valencianos y que, para más inri, no se quejen de lo poco que les da el Estado. Pero, además, atribuye a ese hecho su precaria posición en la jerarquía del modelo financiación autonómica, cuando todos sabemos que las rebajas fiscales madrileñas para nada influyen en los recursos que se integran en ese sistema por la sencilla razón de que éste se alimenta de lo que, en la jerga correspondiente, se denomina "recaudación normativa" —o sea, la que se obtendría si tales rebajas no existieran—. Así que debe quedar claro que la política fiscal de la presidenta Ayuso en nada afecta a la financiación que recibe cualquier otra Comunidad Autónoma distinta de Madrid. En esto, además, llama la atención que el presidente valenciano jamás mencione a Cantabria y La Rioja, que son las regiones no forales que más financiación por habitante tienen. Claro que, si lo hiciera, es probable que no se librara de la afilada lengua de Miguel Ángel Revilla —quien acumula no sólo una mayor formación académica que Puig, sino también una más extensa experiencia política, forjada en los años del "Movimiento" y del sindicalismo vertical, así como en el antifranquismo sobrevenido— o que le cayera la mundial por arremeter contra una compañera de partido, Concha Andreu, quien da cien vueltas al valenciano.
Pero no nos engañemos. La izquierda cree que ha mordido en hueso y no está dispuesta a soltarlo. Víctima de sus falaces convicciones, acabará conduciéndonos a las proximidades del abismo, como en otros tiempos, sobre todo porque ahora su voluble doctrina niega que "el superávit fiscal también es socialista", como en aquel tiempo de euforia que bordeó la crisis financiera afirmó el entonces presidente Rodríguez Zapatero, poco antes de decidirse a dilapidar los dineros estatales justo en el momento en el que todo se derrumbó.