Hace unos años estaba cenando en casa de unos amigos. Sus hijos mayores habían salido y debían regresar pronto a casa. Tenían esa edad (unos 13-14 años) en la que te dejan ir al cine o al McDonald’s con los colegas el sábado por la tarde, pero a las 21:00 o 21:30 tienes que estar de vuelta.
Lo cierto es que se retrasaron más de lo que debían. Tampoco es que llegaran a las dos de la madrugada, pero sí entre 22:30-23:00. Y, claro, les cayó una buena bronca. Que dónde estaban, que por qué no habían contestado a los mensajes, que si no iban a salir en un mes, etc... Lo típico. Nada especialmente grave. Entonces, uno de ellos dio el argumento que en su cabeza debía sonar casi definitivo: "Pero no hemos bebido nada". Su padre le miró y le dijo: "Ni habéis robado un banco... menos mal, ¿no? ¿Te felicito por ello?".
Fue una buena manera de aprender que la ausencia de agravante no sirve ni como atenuante ni como eximente.
Estos días, escuchando hablar a parte de la izquierda sobre la okupación, he recordado aquella conversación. Porque estamos asistiendo a uno de esos fenómenos que intuyo que es complicado que se produzca en otros países: se justifica o minimiza la importancia de un fenómeno delictivo (y de uno que genera enormes perjuicios a los que lo sufren) no porque no sea cierto que existe y que su incidencia es creciente, sino porque en su forma más grave es poco habitual. Como si debiéramos felicitarnos si se dispara el número de hurtos porque, al fin y al cabo, no hablamos de robos con violencia.
Y sí, en primer lugar hablo de justificación porque es lo que hacen algunos medios cuando mezclan okupación con cifras de desahucios o de viviendas vacías. Como queriendo decir que si está vacía no es tan grave o que el hecho de que haya desahucios legitima que otros invadan tu propiedad.
Este verano todo empezó con un juez que entró en una tele a decir que no era para tanto, que no era cierto ese bulo que corre por ahí y que dice que cualquiera puede okupar tu casa, entendiendo como tal aquella en la que resides. Fuera cual fuera el mensaje que este hombre quería transmitir (no voy a entrar a valorarlo), lo cierto es que la entrevista se hizo viral y a partir de ese momento, la izquierda toda (partidos, medios...) se ha conjurado para convencernos de que España no tiene un problema de okupación y de que, si lo pensamos, es por el miedo que nos instilan las compañías de alarmas, en busca de negocio a costa de nuestra tranquilidad.
Como explicaba el otro día Sandra León, aquí en Libre Mercado, entrar en una casa en la que vive alguien no tiene demasiado recorrido. Cuando sus moradores lleguen a la misma, ya sea al final de la jornada laboral o a la vuelta de vacaciones, te denunciarán y la policía procederá a echar a los okupas. Lo harán de forma inmediata, sin necesidad de orden judicial, y les acusarán de un delito de allanamiento de morada. Y por eso, porque la respuesta policial es rápida y efectiva, nadie lo hace.
En el caso de las segundas residencias, pues más de lo mismo. Si entran en la casa del pueblo, aunque no estés allí y te avisa un vecino, puedes acudir a la policía y les echan de forma inmediata. Aquí podríamos poner algunos matices: porque si tardas un tiempo en enterarte y los tipos pueden dar apariencia de legalidad y de que están residiendo en la vivienda, podrías tener un problema. Pero, de nuevo, es muy poco habitual: para qué molestarse en okupar una casa de alguien que te intentará echar y que lo tiene relativamente sencillo, teniendo otras a mano mucho más cómodas.
¿Y hay otras más cómodas? Pues claro, en España, cualquier inmueble vacío es susceptible de okupación. Y eso es muy grave. Lo es porque, en ese caso:
- en el momento en el que el tipo pueda presentar algo que dé esa apariencia de legalidad (que parezca que reside allí con una causa legítima), nadie, ningún juez ni policía, se atreverá a echarlo por una mera denuncia. Por poco sólidas que sean las pruebas y aunque aquello huela a chamusquina al primer vistazo, lo normal es que el propietario se vea involucrado en un proceso largo y costoso. Y esa apariencia es relativamente sencilla de conseguir en una vivienda vacía: un contrato falso, una factura, un vecino que dice que te ha visto desde hace unas semanas por allí, el mero paso del tiempo (por eso lo de las 48 horas, que no es un límite de nada, pero que sí es un indicador de que, en esto, que pase el tiempo va a favor del infractor).
- eso genera un enorme miedo en los propietarios de viviendas vacías, que son muchos y no tienen por qué ser fondos inmobiliarios ni bancos (que tampoco veo yo por qué vamos a justificar los delitos cometidos a estas entidades). Hay ejemplos de todo tipo: desde una herencia que se complica, hasta un piso que pretendes poner en alquiler en el futuro pero al que primero tienes que hacer una reforma para la que no tienes dinero por ahora. Las razones por las que una vivienda puede estar vacía durante unos meses o años son infinitas. Y es inaceptable que los okupas, con la complicidad de los legisladores, tiren del "no había bebido" (en este caso, si no vive nadie, qué importa) para asaltar lo que no es suyo.
- por supuesto, en el caso de los bancos y sus pisos vacíos, se repite el argumento de "el propietario no hace nada, no denuncia, y por eso no se puede echar al okupa". De nuevo, falaz por lo que dice y por lo que no. Es verdad que el particular va a pelear más que un banco, entre otras cosas porque puede que ese piso okupado sea de lo poco que tiene. Pero estoy seguro de que también las entidades financieras lo harían... si les compensara o fuera más sencillo. Porque "no hacen nada" en buena parte por lo dicho en el anterior epígrafe: como el proceso es largo, costoso y complejo, es lógico que muchas entidades lo dejen pasar hasta saber qué hacer con el inmueble. O incluso que traten de venderlo con un descuento y se quitan el problema de encima. Pero si se solucionara el proceso de expulsión, ya veríamos si seguían sin hacer nada o también los bancos querían poner orden en sus propiedades.
- para destrozar el mercado inmobiliario sólo hace falta un poco (muy poco) de inseguridad jurídica. En otras compraventas el comprador puede arriesgarse. Pero ante un inmueble, ya seas un particular, una empresa familiar o un fondo de inversión, no vas a adquirir un activo que tardarás 20-30 años en amortizar si no tienes certidumbre plena. Además, ese mercado inmobiliario no se circunscribe a la vivienda okupada: ya explicamos en su momento que una casa okupada puede hundir los precios de una manzana o barrio.
Por último, está la cuestión de la inki-okupación, que a veces parece que es un enfrentamiento entre propietario e inquilino por un recibo no pagado o una reparación no efectuada. Y no es así. De lo que hablamos es de profesionales del tema: gente que entra a una casa, paga uno o dos recibos... y, luego, si te he visto, no me acuerdo. Con costes brutales para el propietario y el miedo a encontrarse la vivienda destrozada cuando la recupere. Las empresas de seguros de alquiler no proliferan como setas porque sí: a nadie le gusta perder un porcentaje de la renta mensual porque sí. Pero los propietarios tienen miedo y con razón.
Al final, la clave la dan los mismos que niegan el problema. Cuando hablan del delito de allanamiento de morada, aseguran que apenas se produce porque el desalojo es inmediato; ni siquiera suele ser necesaria la orden judicial, porque la Policía se enfrenta a un delito flagrante. Es lo que apuntábamos antes: si el okupa sabe que le echarán en unas horas porque es una vivienda habitual... no lo hará, porque será okupa, pero no tonto. En esto pasa como con cualquier delito: lo más efectivo no son penas más duras (ése es otro debate) sino saber que te pillarán y castigarán de inmediato.
Con el resto de inmuebles, la solución debería ser parecida. Por cierto, que parece que hasta el PSOE está en esto, porque esta misma semana ha presentado una enmienda al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia para que los jueces puedan desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas, desde que lo pide el propietario o recibe el atestado policial, tanto "en los procesos relativos a allanamientos de morada" como en los de "usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena".
Aquí entraríamos en un nuevo debate, sobre si el problema es la ley o la saturación de los juzgados. Pero eso al propietario que tarda dos años en recuperar su vivienda le da igual. Hay que conseguir que esto sea rápido, porque además eso es un círculo virtuoso: cuanto más rápido el proceso, menos incentivos a la okupación; y al haber menos okupaciones, más rápido se solventarán las que se produzcan. Para empezar, no estaría de más dar presunción de veracidad al propietario: frente a ese contrato simulado o la declaración del okupa de que alguien se lo alquiló... expulsión inmediata. Con penas importantes para el propietario, por supuesto, si luego se demuestra que mintió y el expulsado tenía derecho a estar allí. Sinceramente, no creo que esto vaya a pasar demasiado: ¿quién va a ir a un juzgado a pedir que echen a su inquilino si éste lo es de verdad? ¿Te juegas tu casa o una multa brutal sabiendo que perderás? ¿Qué ganas con eso? Enfrente, el okupa sí tiene ahora incentivos a alargar el proceso. Para ellos, el paso del tiempo es parte de su victoria y la condena en los juzgados, si llega tarde, no es tal.
Lo repetimos para los puristas anti-bulos: no, no van a okupar tu casa mientras estás en el trabajo o pasando el fin de semana de turismo en Lisboa. En eso tienen razón: España todavía no es Venezuela. Pero si ese es el mejor argumento que tienen en este tema, entonces me empiezo a temer que la realidad es todavía peor de la que imagino.