A lo largo del año 2021, la Catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco, Sara de la Rica, recibió el encargo de realizar un trabajo para el Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz. El proyecto llevaba por título "El impacto de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en el mercado laboral: intensidad laboral, brechas de género y desigualdad".
La cuestión del salario mínimo ya había sido abordada a mediados del pasado ejercicio por el Banco de España, que llegó a la conclusión de que la subida del SMI en 2019 redujo el ritmo de crecimiento del empleo entre 0,6 y 1,1 puntos, lo que significa que se perdieron entre 98.000 y 180.000 puestos de trabajo. La investigación del organismo supervisor alcanzó una conclusión demoledora para el gobierno, al constatar que, "tras el incremento del SMI, se ha producido un menor crecimiento del empleo, sobre todo en el colectivo con menores salarios".
De hecho, entre quienes perciben el coste laboral básico, la caída del empleo habría sido especialmente intensa, al perderse entre el 6% y el 11% de estos puestos de trabajo, lo que implica que la destrucción enfrentada por las rentas bajas fue diez veces mayor que la observada en el conjunto del mercado laboral.
Ante la oleada de críticas que sufrió Yolanda Díaz, el Ministerio de Trabajo y Economía Social encargó el citado estudio a la profesora Sara de la Rica. Dicho documento obra en poder de la también vicepresidenta del gobierno desde enero del presente año 2022. Sin embargo, la lideresa de Unidas Podemos se ha negado a hacer público el trabajo.
Es aquí donde entra en juego el Instituto Ostrom, un think tank liberal con sede en Barcelona que reclamó al Ministerio de Trabajo y Economía Social la publicación de dicho estudio, amparándose en la Ley de Transparencia que, a priori, regula el acceso a la información pública, entendido como un elemento fundamental para el buen gobierno y el funcionamiento de la democracia. Tras recibir esta petición en marzo de 2022, el departamento de gobierno que dirige Yolanda Díaz guardó silencio durante varias semanas, para después negarse a divulgar el estudio.
Las excusas ofrecidas fueron de lo más variopinto. Así, se argumentó desde el gobierno que el documento tiene la consideración de informe interno de carácter auxiliar y se sostuvo que su publicación podría suponer un perjuicio para los intereses económicos y comerciales o afectas a la propiedad intelectual. Esto motivó una reclamación interpuesta por el Instituto Ostrom ante el Consejo de Transparencia, con fecha 27 de abril de 2022.
El pasado 23 de septiembre, dicho organismo resolvió la reclamación de manera favorable al think tank liberal. De hecho, el Consejo de Transparencia ha instado a Yolanda Díaz a publicar el trabajo en un plazo de diez días. De no ser así, el Ministerio de Trabajo y Economía Social podría ser denunciado ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.
En declaraciones recogidas por Libre Mercado, el Instituto Ostrom recalca que "la publicación del informe es de indudable interés para la ciudadanía, puesto que hablamos de una política pública que tiene profundas consecuencias sobre la economía española. Es procedente analizar y evaluar las medidas que toma el gobierno. Las justificaciones para no publicar el estudio son claramente insuficientes". Desde el centro de estudios también recuerdan que el Ministerio de Trabajo y Economía y Social ha encargado otros tres informes adicionales sobre esta misma materia, uno de ellos al ex diputado de Unidas Podemos, Alberto Montero Soler.
Entre 2018 y 2021, el gobierno de Pedro Sánchez infringió al menos 1.200 veces la Ley de Transparencia , siendo apercibido en numerosas ocasiones por declarar "secretas" o "confidenciales" cientos de informaciones y documentos que, según ha determinado el Consejo de Transparencia, deben ser de acceso público.