La Comunidad de Madrid abre una nueva batalla contra el Ministerio de Hacienda después de que este jueves la ministra María Jesús Montero asumiera la mayor parte de las exigencias de Unidas Podemos en materia fiscal y anunciara una nueva figura impositiva prevista para grandes fortunas. Algo que para los ojos del equipo económico de Isabel Díaz Ayuso estaría invadiendo las competencias autonómicas ya que va en contra de la propia Ley de Financiación de Comunidades Autónomas.
El paquete fiscal del Gobierno reportará, según la ministra, unos ingresos fiscales netos de 3.144 millones de euros en los dos próximos años. La novedad principal presentada es la creación de un "impuesto de solidaridad" para fortunas de más de 3 millones de euros, pudiéndose deducir el contribuyente el impuesto de patrimonio (IP) de las comunidades autónomas y que afectará, según la ministra, a 23.000 contribuyentes, un 0,1% del total de contribuyentes del Estado español (de estos 23.000 contribuyentes, se estima que unos 15.000 –el 65%– son madrileños, y el resto, principalmente, aunque no únicamente, de Andalucía y Galicia que tienen bonificado total o parcialmente el impuesto).
El impuesto constará de tres tramos gravando con un 1,7% los patrimonios entre 3 y 5 millones; con el 2,1% entre 5 y 10 millones; y con el 3,5% por encima de 10 millones.
Según la ministra Montero, en aquellas comunidades autónomas donde no se haya regulado la tarifa y se esté cobrando el Impuesto de Patrimonio, los contribuyentes no se verán afectados prácticamente porque se podrían deducir el impuesto pagado en su comunidad autónoma.
En aquellas comunidades que sí han regulado la tarifa, habría que hacer la comparativa con el nuevo impuesto, pero en la gran mayoría de supuestos el contribuyente podrá no verse afectado al deducirse la cuota del IP.
Por tanto, este impuesto podría estar dirigido específicamente a aquellas comunidades autónomas con bonificación (Madrid y Andalucía el 100%, y Galicia el 25% en 2022 y el 50% en 2023).
"Inconstitucional" y "fraude de ley"
Desde la Comunidad de Madrid advierten de que la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA) recoge en su art. 19 que "en caso de tributos cedidos, cada Comunidad Autónoma podrá asumir, en los términos que establezca la ley que regule la cesión de tributos, las siguientes competencias normativas (...) en el Impuesto sobre el Patrimonio, la determinación de mínimo exento y tarifa, deducciones y bonificaciones".
También dicen desde la CAM que "la ley 22/2009, dispone que la titularidad de la competencia normativa es estatal, pero se cede esta competencia a las CCAA y, en el caso concreto del IP, las CCAA podrán asumir competencias normativas sobre, entre otras, la bonificación de la cuota". Por lo que denuncian que "regular por ley sustantiva específica un nuevo impuesto con la misma materia imponible que el IP cuyo efecto principal suponga anular la cesión de competencia normativa prevista en la LOFCA y en LSFA, podría ser inconstitucional e incurrir en un fraude de ley. Es una forma indirecta de recuperar la competencia normativa cedida íntegramente a las CCAA dejando sin capacidad normativa a las CCAA". Hablan de una "posible inconstitucionalidad" que sería "segura si se hace por Ley de presupuestos o Decreto-Ley" y de una "ilegalidad por vulnerar la ley orgánica (LOFCA) y no respetar la LSFA".
Aunque avisan de que habrá que esperar hasta que se concrete la regulación y, en todo caso, serán los servicios jurídicos de la CAM los que deberán valorar las vías de recurso dependiendo de cómo se concrete la regulación.