Bildu y ERC quieren hacerse con el control autonómico de la Sareb, el denominado banco malo que acumuló los activos inmobiliarios teóricamente tóxicos en la crisis subprime para sacarlos de las cajas de ahorros. Lo cierto es que esos activos valían a cierre de 2020 un total 31.510 millones de euros. Y, de ellos, el 50,14% pertenece al FROB (entidad pública). Todo el resto de la Sareb no pertenece a entidades públicas: pertenece a los bancos y aseguradoras españolas. Pero todo ello lo quieren los socios de Pedro Sánchez con un supuesto fin: convertir los inmuebles en viviendas sociales y alojar en ellos a los okupas que se vayan desalojando.
Los proetarras han trasladado ya su exigencia al Gobierno de Pedro Sánchez: una disimulada pero profunda modificación legal que altera el régimen completo de la Sareb.
Bildu exige una modificación de forma que la Sareb tenga que agilizar "los convenios con las comunidades autónomas y las corporaciones locales para la transmisión de los inmuebles y activos de Sareb a estas últimas, pasando a formar parte de sus entidades públicas propias, y puedan, así, gestionar las viviendas en sus ámbitos de actuación y destinarlas al alquiler social".
Bildu reclama igualmente que la Sareb "transmita o ceda a las CCAA y ayuntamientos donde se ubiquen los 72 millones de metros de suelo urbanizable en desarrollo o urbano del que dispone para que estas administraciones desarrollen sus políticas sociales de vivienda pública o de implantación de energías renovables con especial referencia al mundo rural y su problema de despoblamiento".
La petición a Pedro Sánchez de ERC es casualmente similar: que la "Sareb realice con efectos inmediatos operaciones de cesión de dominio de vivienda a las comunidades autónomas y las corporaciones locales y agilice los convenios necesarios para que estas administraciones puedan gestionar las viviendas en sus ámbitos de actuación y destinarlas al alquiler social".
Según los de Gabriel Rufián, el propósito de esta reforma seria el de alojar a personas necesitadas, incluidas las desalojadas de las casas por su condición de okupa o de la modalidad denominada ahora como inquiokupa. ERC señala que "tanto o más grave que la pérdida de miles de millones de euros públicos que ha supuesto la gestión de la Sareb es la oportunidad perdida que supone no haber dedicado inminentemente las viviendas y el suelo urbanizable a garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada. Para tal fin, y más aún en plena crisis habitacional, resulta imprescindible poner todos esos activos en manos de las administraciones competentes en materia de vivienda, como es el caso de la Generalidad de Cataluña".
ERC reclama igualmente al Gobierno la "realización inmediata de una auditoría pública de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) incluyendo todas sus operaciones de valoración de activos, transmisión y contabilidad desde el 31 de agosto de 2012 hasta la actualidad" y exige que Pedro Sánchez promueva "una modificación en el articulado de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria". Una toma de control en toda regla.
Pero una toma que pasaría por encima de la realidad de que la mitad de esa Sareb es propiedad de empresas privadas: bancos y aseguradoras.