La Unión Europea sigue avanzando en sus esquemas de subsidio de la población y gasto público. Mientras defiende esquemas fiscales más duros en los Estados miembros y el castigo tributario a las energéticas, Bruselas impulsa un plan para reclamar a los Estados miembros que, lejos de fomentar rebajas fiscales para atraer empresas y generar empleo, disparen los sistemas de ingreso mínimo vital. Es decir, de pago a la población sin trabajar.
La Comisión Europea ha pedido esta semana pasada a los Estados miembros que "modernicen sus regímenes de renta mínima como parte del compromiso permanente de reducción de la pobreza y lucha contra la exclusión social en Europa".
La recomendación ha sido impulsada por el Consejo e incluye una propuesta de creación de una renta mínima "adecuada que garantice la inclusión activa". El plan pasa por defender esta vía de subsidio generalizado, de forma que los Estados miembros "modernicen sus sistemas de renta mínima para hacerlos más eficaces, sacando a las personas de la pobreza y promoviendo al mismo tiempo la integración en el mercado laboral de quienes pueden trabajar", señala la recomendación.
El ingreso mínimo, tal y como lo define Bruselas, es un pago "que ayuda a los hogares que lo necesitan a cerrar la brecha y a contar con un cierto nivel de ingresos para poder pagar las facturas y vivir una vida digna". Hoy por hoy, esa cuantía no sería reducida, ni mucho menos. De hecho, el ingreso mínimo vital español operativo en estos momentos podría quedar incluso por debajo de esas exigencias. Y eso que implica un desembolso más que considerable por parte del Estado.
En el año 2022 las pensiones mínimas, pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se revalorizaron un 3%, medio punto más que la subida que experimentarán las pensiones contributivas. De ese modo, en el caso del IMV la renta garantizada para la unidad familiar compuesta por un adulto se sitúa en 5.899,6 euros en 2022. Esta renta garantizada anual varía en función de la "unidad de convivencia" y puede llegar a los 12.507,15 euros en el caso de un adulto que convive con tres o más menores.
El gasto total anual de este mecanismo se eleva a 4.436 millones de euros, según los Presupuestos de 2022. Y ahora Bruselas defiende su extensión en toda la UE.
Para Bruselas, eso sí, "las redes de ingresos mínimos y Seguridad Social deben incorporar suficientes incentivos y apoyo para los beneficiarios que puedan trabajar de modo que se reintegren en el mercado laboral". Por lo tanto, "su diseño también debería ayudar a aprovechar plenamente el potencial de las transiciones verde y digital, al apoyar las transiciones del mercado laboral y la participación activa de las personas desfavorecidas", asegura Bruselas. La clave de cómo pagar a la población que no trabaja y, mientras, impulsarles a que trabajen, tampoco parece muy clara en la recomendación de la UE.
La propuesta de la UE asegura que "ayudará a alcanzar los objetivos sociales de la UE para 2030" centrados en "reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión en al menos 15 millones de personas, tal como se establece en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. También ayudará a los Estados miembros a alcanzar el objetivo de que al menos el 78% de la población de entre 20 y 64 años tenga un empleo".
Por el momento, lo que está claro es que habrá más incentivos a la subsidiación que a la implantación de empresas y consiguiente creación de empleo.