La economía española no solo no va por buen camino, sino que ha entrado en una peligrosa espiral de cara al invierno de 2022-2023. Este panorama invita al pesimismo a cualquier observador que esté medianamente informado de lo que está pasando. Y es que, revisemos el indicador que revisemos, la evolución de la producción apunta un franco deterioro que, además, parece ir a peor.
Empecemos por el crecimiento. España salió muy tocada de la pandemia, puesto que no solo triplicó los datos medios de mortalidad por coronavirus, sino que además sufrió una caída del PIB dos veces por encima de los niveles observados en todo el mundo. Además, el crecimiento observado en 2021 y 2022 ha sido tan débil que habrá que esperar a finales de 2023 o incluso a 2024 para recuperar los niveles de producción observados a finales de 2019.
Por si no fuese suficiente, las estimaciones de crecimiento no paran de deteriorarse. De cara a 2023, la agencia de calificación crediticia S&P estima que el PIB solo se ensanchará un 1,1%, lejos del 2,7% que venía anticipando en sus anteriores informes. En la misma línea, la OCDE cree que el crecimiento será de apenas un 1,9% en 2023, frente al 2,7% que anticipó el gobierno en su última revisión de previsiones, el pasado mes de julio. De modo que la producción económica está muy lejos de lo necesario para superar la crisis inducida por la mala gestión de la pandemia.
Pasemos a la inflación. En 2021, a pesar de los aumentos que venía registrando el IPC, Ejecutivo desmintió que la subida de precios fuese una amenaza para la economía española. Este 2022, Moncloa ya no oculta el problema, pero tiende a vincular la escalada del coste de la vida a la invasión rusa de Ucrania, obviando que el IPC alcanzó el 7% en febrero, antes de que las tropas del régimen de Vladimir Putin iniciasen las hostilidades.
De hecho, si estudiamos la inflación acumulada entre 2019 y 2022, encontramos que la subida de precios ya acumula una escalada del 14%. Esto significa que una renta media tiene hoy un consumo neto similar al de 2015, de modo que el efecto de la subida de precios está siendo demoledor para el poder adquisitivo de las familias. Además, las previsiones para 2023 apuntan que la inflación media rondará el 5%, de modo que el IPC seguirá al alza, con el consecuente golpe a la capacidad adquisitiva de los españoles.
Y entremos ahora en el terreno de la política macroeconómica.
Por un lado, sabemos que el gobierno apuesta por seguir aumentando la rigidez laboral, ignorando el enfriamiento que han venido describiendo los datos de empleo desde el pasado verano. Los 409.000 empleos destruidos durante el mes de agosto son la mejor demostración de que la contratación evoluciona a peor, pero en el gobierno siguen insistiendo en elevar el salario mínimo, forzar subidas salariales por encima de la productividad y desequilibrar las negociaciones patronal-sindicatos en favor de los segundos.
Por otro lado, sabemos que el Ejecutivo ha subido 42 veces los impuestos y, a pesar de que la recaudación está desbocada, tiene previsto aumentar más aún la presión fiscal. De modo que los agentes económicos operan en un entorno hiperregulado, con numerosos precios y mercados intervenidos y una política fiscal cada vez menos competitiva.
Así, si tenemos en cuenta todo lo anterior, parece evidente que, lamentablemente, España no va bien. De hecho, el empresariado ha advertido claramente de que "la economía española se asoma a una importante crisis". No solo eso: el invierno solo contribuirá a acelerar el declive, puesto que la escalada en los precios de la energía añadirá más presión. Y, al contrario que en otras ocasiones, la economía europea está estancada y la estadounidense ya ha entrado en recesión, de modo que no será fácil amortiguar nuestros problemas apoyándonos en el resto del mundo. Hay, por tanto, razones de peso para ser muy pesimistas sobre el devenir de la economía española.