A pesar de la profunda crisis económica en la que los españoles estamos inmersos por culpa —no única pero sí decisiva— de su nefasta política económica, está visto que el gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez está decidido a proseguir en la irresponsable y empobrecedora senda de mayor gasto público, mayores impuestos y mayor endeudamiento público. Buen ejemplo de ello lo constituye el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023, los más expansivos de la democracia española, con más de 198.000 millones de euros de techo de gasto, que incorporan, entre otros, el aumento de salarios de los funcionarios, una irresponsable actualización de las pensiones con el IPC, una "renta crianza" de 100 euros al mes para las madres con hijos de hasta 3 años o la gratuidad del abono en Cercanía y Media Distancia. Para colmo, el gobierno sustenta las nuevas cuentas públicas en una previsión de crecimiento de nuestro país para el próximo año en un 2,1%, en contraste con las previsiones, tanto de la OCDE como del Banco de España, que lo sitúan entorno al 1,5% del PIB.
Aun cuando no se pueda calificar propiamente de despilfarro la decisión de incrementar en un 8,5% la partida destinada a pensiones, sí constituye una grave irresponsabilidad en un momentos de grave crisis económica y con niveles de endeudamiento históricos, además de constituir un agravio comparativo para los trabajadores en activo, que no sólo no ven incrementar sus salarios en esa cuantía, sino que tampoco ven "desindexada" la inflación en el pago de sus impuestos.
En cuanto al incremento en un 25% de los gastos de defensa, medida fuertemente criticada por Podemos pero que no ha llevado a la ruptura del acuerdo, no se puede negar que esté justificada por los bajísimos niveles de gasto en los que se encontraba, pero parece mucho más relacionada con los nada disimulados intentos de Pedro Sanchez de buscarse una ocupación en el ámbito internacional tras su paso por la presidencia del gobierno que por una solida y repentina convicción de su necesidad.
Aun así lo criticable de todo el incremento en estas partidas es que no este compensado y sustentado en ningún recorte o medida de austeridad en ninguna otra partida, sino solo en una mayor presión fiscal y un mayor nivel de endeudamiento público. Hasta el Ministerio de Igualdad —que aun en tiempos de bonanza económica seguiría constituyendo un inmoral despilfarro a cargo de los contribuyentes— ve incrementar un 14,4% su presupuesto superando por primera vez los 500 millones de euros. Otro tanto se podría decir de cualquier otra partida —incluyendo Educación o Sanidad—, ámbitos en los que el gobierno nunca considera positivo hacer más con menos, sino que considera siempre que lo "social" es gastar más desdeñando un imperativo no solo económico sino moral como es la eficiencia y la austeridad en el gasto, especialmente cuando es a cargo de terceros como son los contribuyentes.
Al margen de que el manido calificativo de "social" lo merece cualquier interacción humana, no se pueden elogiar unos presupuestos que obstaculizan la inversión y la creación de empleo productivo y que, como bien ha apuntado Feijóo, hacen que los españoles —incluidos los de rentas medias y bajas— paguen más impuestos que nunca. Con un nivel de presión fiscal vampiresca hasta para las rentas más bajas, con un nivel de endeudamiento que roza el billón y medio de euros, y con un encarecimiento cada vez mayor de los intereses que pagamos por nuestra deuda pública, estos Presupuestos constituyen, en definitiva, una flagrante irresponsabilidad que hará que los españoles, siendo ya más pobres de lo que lo eran cuando Sánchez llegó al gobierno, lo sean todavía más cuando lleguen las próximas elecciones generales.